El alcade de Arroyo llama a la lucha contra la okupación: "Lay ley actual castiga al propietario"

El alcalde del municipio vallisoletano de Arroyo de la Encomienda, Sarbelio Fernández, ha pedido, en la mañana de este sábado, apoyo en la lucha contra la okupación, "un problema que se vive desde hace casi tres años en una comunidad de vecinos de Arroyo, pero que se extiende a otras localidades y ayuntamientos de todo el país", según apunta en una nota de prensa remitida a este periódico el Ayuntamiento de Arroyo. Fernández centra esta solicitud en las federaciones regional y nacional de municipios y provincias, así como al Defensor del Pueblo, a quienes exige la su "implicación en la denuncia y búsqueda de soluciones reales a la okupación de viviendas".

No obstante, el Pleno del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda ya aprobó recientemente una moción en este mismo sentido, en la que instaba al Gobierno y a las Cortes Generales a la adopción de herramientas para "luchar contra esta compleja problemática". Según el ayuntamiento, esta moción fue impulsada por IPAE y apoyada por todos los grupos municipales, excepto el PSOE, que se abstuvo.

A través de las cartas enviadas este sábado, el regidor ha expuesto la problemática que, según él, supone esta situación: "Ese asalto a la propiedad privada se ha convertido en un método indirecto para el acceso a una vivienda social sin que sus beneficiarios tengan que cumplir con el procedimiento establecido para beneficiarse de esa ayuda pública". Además, le da importancia a la "perversión e ilegalidad" que se esconde dentro de este sistema de acceso a una vivienda: "Primero se asalta y ocupa ilegalmente una propiedad y, posteriormente, abusando del sistema de protección social, se obtiene el título para mantenerse de forma permanente en ella". 

El culpable, según Fernández Pablos, el Gobierno de España. A este lo acusa de "promover políticas de Estado que dan protección al okupa y convierten en vulnerable al propietario, al trabajador que se paga su piso con su esfuerzo diario". Una situación que "no ocurre en ningún país de la Unión Europea y sobre lo que la FEMP guarda silencio". Para justificar esta señalización, el regidor pone el ejemplo de la situación de la comunidad 'Arroyovereda', donde "más de 200 vecinos llevan casi tres años soportando una situación de conflicto social motivada por la okupación de cerca de la mitad de las viviendas del edificio en el que residen". Según Fernández, "este problema está más cerca de consolidarse que de solucionarse, con la conversión en viviendas sociales de estos inmuebles por las que abonarán un alquiler social al 'Sareb', la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria".

En este sentido, critica rotundamente el papel que juega esta última entidad, que "parece haberse convertido en una inmobiliaria que regala alquileres sociales y convierte en públicos unos inmuebles que no se concibieron para tal fin". El regidor apunta, además, que con este sistema se "obvia el daño que causan al resto de propietarios; los legítimos, los que pagaron y pagan por vivir allí".

Finalmente, el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, apuntan que no están dispuestos "a admitir que las perjudicadas sean las familias". Por todo ello, exige a las tres instituciones "una defensa firme de la autonomía municipal y autonómica en materia de vivienda, sin la interferencia del Estado, a través del 'Sareb'", así como promover cambios legislativos para modificar "esta perversa Ley de Vivienda que favorece al okupa y castiga al propietario"