La Diputación de Valladolid elaborará un ‘mapa’ del amianto en 43 municipios

Los municipios más poblados de la provincia de Valladolid (a excepción de los que superan los 20.000 habitantes) serán los primeros en disponer de un censo de amianto presente en las cubiertas de sus edificios –tanto públicos como privados–, gracias a que la Diputación va a contratar un servicio de detección y asistencia para facilitar la retirada de este material cuyo uso está prohibido en la actualidad por el riesgo para la salud que implica su manipulación.

El objetivo del contrato en ciernes, para el que se ha reservado una partida de 100.000 euros, es hacer un ‘rastreo aéreo’ en las 43 localidades seleccionadas, a fin de señalar aquellas edificaciones donde haya amianto en los tejados, por ejemplo cuando se trata de uralitas, para poder eliminarlo después.

Así, para cada inmueble en el que se hayan detectado cubiertas con amianto gracias al análisis de imágenes por satélite, se elaborará una ficha donde conste el tipo de inmueble, la dirección donde se ubica, la superficie afectada y un calendario para su retirada. «Se utilizará un sistema de teledetección e inteligencia artificial aplicada a imágenes de satélite o aéreas de muy alta resolución espacial, con análisis radiométrico de las cubiertas», explica la institución provincial en la memoria donde justifica esta contratación.

El objetivo de la Diputación es facilitar a los ayuntamientos la realización del inventario que les exige la Ley de Residuos y Suelos Contaminados y que, en el caso concreto del amianto, les obliga a que las instalaciones o emplazamientos de carácter público con mayor riesgo estén gestionadas antes de 2028.

Por ello, la empresa que se encargue de elaborar el censo en el primer ‘lote’ de pueblos de la provincia, deberá especificar el grado de peligrosidad y la exposición a la población vulnerable para que, a la hora de programar el calendario de retirada, se comience por aquellos entornos con presencia de niños –por ejemplo centros educativos, deportivos o zonas de juegos–, seguido de centros sanitarios, edificios públicos y edificios de transporte.

Una vez se contrate a la empresa, la adjudicataria dispondrá de un año de margen para entregar el censo definitivo del amianto en las cubiertas, pero antes, transcurridos ocho meses desde que arranque la elaboración del inventario, deberán presentar una especie de informe preliminar a cada ayuntamiento. A partir de esa primera base, tanto los consistorios como los ciudadanos podrán comunicar de forma voluntaria si tienen identificadas más edificaciones con amianto, gracias a un buzón web de acceso público.

El listado de beneficiarios en este primer contrato la Diputación de Valladolid ha seleccionado los municipios con mayor número de habitantes (a excepción de la capital, de Laguna, Arroyo y Medina del Campo), al entender que en los más poblados es donde existe mayor riesgo, según explicaron fuentes del área de Agricultura, Ganadería y Calidad del Agua. Así, están incluidos todos aquellos que superan los mil censados (36 en total), y también Carpio, Fresno, Montemayor, Castronuño, Valoria, Mucientes y San Miguel del Arroyo, aunque no lleguen a esa referencia.

La selección está condicionada por esos 100.000 euros de presupuesto que tiene reservado actualmente la institución vallisoletana, si bien desde el departamento que dirige el diputado Fernando Esteban Velasco aclararon que reservarán más fondos en los próximos Presupuestos para dar cobertura al resto de enclaves de la provincia.