Fiscalía pide 3 años de cárcel a dos acusados de explotación laboral a 15 migrantes en un pueblo de Valladolid

La Fiscalía Provincial de Valladolid pide tres años de prisión para dos varones acusados de explotar en fincas agrícolas de Valladolid a 15 migrantes procedentes de Senegal, Rumanía, Marruecos y Honduras. Según el escrito remitido al juzgado de Instrucción número 1 de Medina del Campo, donde solicita la apertura del juicio oral ante la Audiencia Provincial, los procesados, naturales de Rumanía, se dedicaban "a la captación de personas extranjeras, principalmente en situación de estancia irregular, para realizar labores que contravenían" la normativa del sector. 

Los hechos investigados se remontan al 6 de agosto de 2021, cuando agentes de la Guardia Civil, en colaboración con la Inspección de Trabajo, accedieron a una finca situada en el término municipal de Salvador de Zapardiel y allí constataron que la cuadrilla empleada en la recogida a mano de la patata no tenía contrato laboral. 

Apenas unas horas después de que la inspección comprobase que trabajaban de forma irregular, cinco de los jornaleros fueron dados de alta. En concreto, los agentes entraron en la finca a las 9 horas y las altas se registraron entre las 11.30 y las 12 horas de ese mismo día. 

Además, se comprobó que otras cuatro personas "se encontraban, desde el punto de vista de la legalidad de la estancia administrativa, en situación de irregularidad y, por tanto, sin permiso ni posibilidad de trabajar legalmente", según recoge el documento de la Fiscalía. Estas cuatro personas pagaban a uno de los acusados 30 euros por una habitación "con nulas condiciones de habitabilidad", en una vivienda que él mismo controlaba. 

En el texto la Fiscalía deja claro que los dos procesados, A.M.D, sin antecedentes penales, y S.M.T, con antecedentes no computables, se aprovechaban de la "necesidad acuciante de conseguir dinero para subsistir" que tenían los jornaleros. 

A.M.D, con domicilio en Nava del Rey, se dedicaba a la prestación de servicios agrícolas, "contratando para ello a jornaleros", si bien la persona que realmente actuaba como empleador y efectuaba los pagos era S.M.T. El primero está acusado de autor y el segundo de cooperador necesario, por un delito contra los derechos de los trabajadores. 

A la imposición de tres años de prisión, se le suma a cada uno una multa de diez meses con una cuota diaria de 15 euros y responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día por cada dos cuotas impagadas y costas.