Condenada a 4 años y medio de cárcel la empleada municipal de Tordesillas por robar 158.000 euros de fondos públicos

La Audiencia de Valladolid ha condenado a una pena de cuatro años, seis meses y un día de cárcel a la que fuera auxiliar administrativa de Villamarciel y Villavieja del Cerro, Esther M.R., haberse quedado con cerca de 158.000 euros de fondos públicos procedentes de ambas entidades locales menores.

En su sentencia, conforme al veredicto hecho público el pasado día 29 de mayo, la magistrada que presidió el juicio condena a la encausada como autora de un delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso medial con otro continuado de malversación, con la atenuante derivada de la ludopatía leve que padecía, y, en consecuencia, resuelve imponerle la citada pena de cuatro años, seis meses y un día de privación de libertad, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Además, el fallo incluye su inhabilitación especial por espacio de quince años y, en concepto de responsabilidad civil, el pago a Villamarciel de un total de 76.l614,68 euros y a Villavieja del Cerro de 81.417 euros, junto con los intereses correspondientes.

La fiscal del caso había pedido una condena de cuatro años, seis meses y un día, mientras que la acusación particular, en representación del Ayuntamiento de Tordesillas y de ambas entidades locales menores, mantuvo su petición de ocho años de privación de libertad, frente a la solicitud de una condena mínima realizada por la defensa por delito de apropiación indebida o, alternativamente, de estafa en el que concurría la atenuante de ludopatía.

A lo largo del proceso judicial el grado de imputabilidad de la empleada pública, aplicable a la ludopatía, se había convertido en la principal incógnita que debía de desvelar el jurado, después de que la propia Esther reconociera en su declaración, sin ambages, que en 2011 fue contratada como auxiliar administrativa en ambas entidades menores y que desde ese cargo de confianza llegó a desviar en beneficio propio cerca de 160.000 euros.

De tal cantidad, 81.417 euros procedentes de fondos de Villavieja y otros 76.614 de dinero público de Villamarciel se los embolsó en dos cuentas de su propiedad y otra de su entonces pareja mediante transferencias que realizó fingiendo pagos a proveedores por distintos servicios, cuantías a las que hay que sumar otros mil euros--inicialmente se le imputaban 15.178 euros- que la fiscal entendía que se ha podido acreditar que obtuvo en mano de los vecinos por el cobro en metálico de distintas tasas que también se embolsó y no ingresó en las arcas municipales.

En su descargo, la trabajadora alegó que su actuación se vio condicionada por la grave adicción al juego que padecía, en exclusiva por la compra incontrolada de décimos de lotería y cupones en la creencia de que más pronto que tarde obtendría algún premio que le permitiría devolver con creces todo el dinero público desviado.

Pero además, de esa forma podría resolver todos sus problemas personales y familiares marcados desde su infancia por un padre alcohólico que la abandonó con tan solo tres años y en el presente por encontrarse al cuidado de una madre impedida y de una hermana con parálisis cerebral.

Todo ello, como así había esgrimido Esther, le provocaba una profunda ansiedad que de forma incontrolada la llevaba a jugar a la lotería y a realizar compras, con predilección por los vestidos, los bolsos y las cremas que adquiría en El Corte Inglés.

Durante el juicio, el secretario interventor delegado del Ayuntamiento de Tordesillas, a quien en junio de 2019 se encomendó revisar las cuentas de Villavieja y Villamarciel, llegó a asegurar que al iniciar su labor de control se percató de que la situación en ambas pedanías era de "bancarrota", sin prácticamente fondos para pagar las más simples facturas, lo que incluso había llevado a Iberdrola a cortarles la luz.

Fue a raíz de esa "situación catastrófica" detectada cuando en agosto de ese mismo año puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Valladolid para el inicio de la investigación oportuna, proceso en el que, tal y como criticó el técnico municipal, no había encontrado colaboración alguna por parte de la acusada sino más bien la colocación de "palos en las ruedas" con el fin de dificultar las pesquisas y no dejar rastro de su actuación delictiva.