Deniegan la ampliación de una granja porcina en Cogeces
La modificación suponía pasar de 3.288 a 4.952 cabezas e incumplía con la normativa relativa a la distancia mínima al municipio
Explotación de ganado porcino en la provincia, imagen de archivo. ICAL
Deniegan la ampliación de una granja porcina en Cogeces del Monte que suponía ampliar el número de plazas de esta explotación porcina de 3.288 a 4.952. El pasado 7 de febrero Ecologistas en Acción de Valladolid solicitó que se denegara la modificación sustancial de la autorización ambiental solicitada, por su incompatibilidad con la normativa sectorial, al incumplir la distancia mínima al núcleo de Cogeces.
“Pretensión que han visto reconocida” en el BOCYL del pasado 6 de mayo publicó una orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y ordenación del Territorio, por la que se deniega la modificación sustancial de la autorización ambiental para la explotación porcina, según apunta la organización en un comunicado.
La modificación sustancial de la autorización ambiental solicitada correspondía a la ampliación de una explotación intensiva de ganado porcino con capacidad final para 4.952 cerdos de cebo, lo que supone un total de 594,24 Unidades de Ganado Mayor, ubicada en el municipio de Cogeces del Monte cuyos purines se gestionarían como abono agrícola en 242 hectáreas de los términos municipales de Torrescárcela, Valladolid, y Olombrada, Segovia.
Como ya puso de manifiesto la organización en otra fase de la tramitación de este proyecto en 2021, “la explotación intensiva porcina que se pretendía ampliar se sitúa a una distancia de 880 metros del casco urbano de Cogeces del Monte, y por lo tanto incumplía la distancia mínima de 1.000 metros establecida por el Anexo V del Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo”, argumentan.
Esta circunstancia fue apreciada por la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, que en consecuencia “inadmitió la solicitud de evaluación de impacto ambiental por el incumplimiento de la legislación sectorial y su consecuente inviabilidad. Derivó todo ello en el informe desfavorable de la concesión de la modificación sustancial de la autorización ambiental para la ampliación de explotación porcina que se le trasladó a la organización ecologista en audiencia a principios de 2024”.
Además, en las alegaciones presentadas al 7 de febrero por Ecologistas en Acción también exponían que “la misma situación de incumplimiento de la legislación sectorial se da en el caso de la autorización ambiental original, otorgada por Resolución, que de manera errónea señala que dicha explotación ‘cumple las distancias exigidas en el Real Decreto 324/2000 de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas’, por lo que solicitaron que dicha autorización debía revocarse para en consecuencia ordenar el desmantelamiento de la explotación ganadera citada, si bien no han visto atendida esta segunda pretensión”, añaden.
Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente “ha denegado la solicitud de que se declarara de oficio la nulidad de la Resolución de 24 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Valladolid, por la que se concedió autorización ambiental a esta explotación porcina por incurrir en el supuesto de nulidad de pleno derecho de la Ley 39/2015, de 1 de octubre”, concluyen.