Siete años de cárcel a un empresario de Boecillo por importar 712 kilos de coca

Una humilde oficina de 20 metros cuadrados del edificio de Usos Comunes del Parque Tecnológico de Boecillo ha resultado ser el centro neurálgico de una red de tráfico de cocaína, 712 kilos, valorados en 38 millones , camuflada en sacos de harina de palmiste con salida de Colombia y con destino final previsto a numerosas grandes ciudades de España y de Europa, una vez extraída la base de cocaína en la que iba impregnada la mercancía.

Así lo ha determinado la Audiencia Nacional  (AN) en una reciente sentencia del tribunal que ha juzgado hechos de finales de 2018, en los que la oficina de Boecillo fue la que concertó los envíos de la cocaína «distraída» entre otros pedidos de mercancía lícita . La harina de palmiste es el residuo que queda tras la extracción del aceite de la semilla de la palma que se cultiva en zonas tropicales. Y fue esta ‘tierra’ la que utilizó la red para colar cocaína impregnada en cinco sacos de mil kilos . Era aparentemente una operación de bajo riesgo, porque venían precedidos de otros cargamentos similares ‘legales’, pero no coló. 

El problema con el que no contaban  los  miembros de la red es que el Cuerpo Nacional de Policía (CNP)  sabía de las intenciones de los ahora condenados y solo tuvo que balizar vehículos, pinchar teléfonos y dejar que el cargamento llegara al puerto de Marín (Pontevedra) para dar jaque mate a la organización. 

La llegada de la ‘farlopa’ empezó a gestarse en el verano de 2018 . El momento caliente de la desestiba de los contenedores se desarrolló entre  noviembre y diciembre del mismo año y, cuando los contenedores «preñados» de harina con coca ya estaban depositados en la dársena de Marin, la Brigada Central de Estupefacientes del CNP, explotó la operación en enero de 2019 con el decomiso de la droga y la detención de los miembros de la red en diferentes lugares de España: Valladolid, Mijas (Málaga), Paracuellos del Jarama (Madrid),  y Casarrubios (Toledo), entre otros. 

Los investigadores establecieron un fuerte dispositivo, compuesto por más de cien funcionarios policiales repartidos en las distintas provincias españolas , y procedieron de forma simultánea a efectuar la detención de 11 personas en Valencia (4), Madrid (3), Valladolid, Vigo, Valencia y Toledo, entre ellos los principales responsables de la organización y los encargados de la logística e infraestructuras.

De los once detenidos, ocho se han sentado en el banquillo de la AN . Dos, un varón y una mujer, han resultado absueltos. Por contra,  la Audiencia Nacional en la sentencia 4/2024, a la que ha tenido acceso este diario, ha condenado a seis miembros de la red, así como a la empresa de P.G.C.  SL con domicilio social en Madrid y con oficina en el Parque Tecnológico de Boecillo , concretamente en el edificio de Usos Comunes de la calle Alfonso de la Torre «donde trabajaba diariamente» el ahora condenado a 7 años de prisión y 20 millones de multa. Un varón que ya fue condenado en 2017 por la AN por tráfico de drogas a un año y medio de cárcel. 

Este trabajador, que confesó los hechos y por tanto ha logrado una rebaja de la condena, es hermano del administrador de la empresa P.G.C. SL (y que no está encausado), y realizaba en la empresa de importación y exportación actividades de gestión y comerciales , pero para el fiscal fue pieza clave «para posibilitar la llegada a España de los contenedores que transportaban harina de palmiste que se pudieran utilizar para ocultar la pasta de cocaína como así ocurrió de forma efectiva en uno de ellos». 

En Mojados y Boecillo 

El fiscal dijo más y atribuyó al trabajador un plan para asegurar la llegada de droga tras otros envíos de mercancía legal . Así, había importado previamente otros cuatro contenedores «con la finalidad de crear un canal habitual comercial de harina de palmiste. Quería crear una sólida ruta de importación de mercancía lícita , consiguiendo la sociedad de esta manera un importante incremento del volumen de facturación», sostuvo la Fiscalía de la AN. 

Entre los hechos constatados por la Policía , además de los registros en la oficina de Boecillo y una vivienda de la calle Cebadería de Valladolid, figura una reunión con el cabecilla en el Parque Tecnológico de Boecillo el 7 de noviembre de 2018; y otras cuatro reuniones con miembros de la trama en Mojados y en Boecillo .  Las últimas se produjeron en el Parque Tecnológico el 20 y el 26 de diciembre de 2018 y entre los integrantes había cundido ya una seria preocupación porque intuían que el contenedor con droga estaba retenido en el puerto de Marín. Mala señal. 

A este trabajador de Boecillo la Policía le intervino un turismo Audi A· 3 a nombre de la sociedad P.G.C. SL, manuscritos varios y documentación, tres teléfonos móviles, varios terminales telefónicos no operativos y un ordenador portátil. 

Respecto a la propia sociedad P.G.C. SL la Audiencia Nacional ha dictado la condena de 120 millones de multa porque «no realizó actividades de supervisión, vigilancia y control» para que el trabajador no realizara la importación de cocaína. 

«La actuación del trabajador integrada plenamente en la estructura de  la sociedad P.G.C. SL realizando actividades de gestión y comerciales, ha determinado la instrumentalización clara de la citada persona jurídica para la facilitación de la importación de cocaína», sostiene la AN, 

«El mismo trabajador es el que tomó la decisión de que la sociedad realizara las operaciones de importación de contenedores con harina de palmiste, y ejecutó las actividades necesarias para que esa persona jurídica lo llevara a cabo. Frente esta realidad, no consta que la empresa realizara actividades de supervisión, vigilancia y control de la actividad del trabajador », agrega. 

El resto de condenados lo son por diferentes cometidos dentro del grupo criminal . Como cerebros, dos hermanos albaneses, que estaban en contacto con proveedores colombianos y supervisaban toda la logística en España. Una tarea era la recepción de la mercancía y estaba a cargo de un transportista de Pontevedra Manuel G.C. En alto nivel estaba también el citado empresario de Boecillo que contrataba los envíos de ‘harina’.

También figuraba un hombre encargado de los alquileres de pisos en Madrid y en Valencia (lugar del laboratorio para convertir la harina en base de cocaína) y un sobrino de uno de los albaneses, como hombre de apoyo para diferentes «gestiones». 

Los cabecillas albaneses han sido condenados a diez años de prisión y 20 millones de multa cada uno. Uno de ellos ha sumado seis meses más por tenencia ilícita de armas ya que en su domicilio de Paracuellos del Jarama (Madrid)  los policías intervinieron un revólver de la marca ‘Mondial’.  El transportista gallego Manuel G.C. ha sido condenado a 11 años de prisión y 40 millones de multa; el encargado de los alquileres a 8 años de cárcel y 20 millones, y el sobrino del cerebro albanés, a 7 años de cárcel y 20 millones de multa. 

La operación contra esta red fue el resultado de una paciente y sigilosa labor de la Brigada Central de Estupefacientes que tuvo que descifrar hasta lenguajes encriptados de los investigados. 

T odo partió de las sospechas de la Policía colombiana , en 2018, de que narcos «de peso» de aquel país podría estar preparando un envío de cocaína a España  con contenedores contaminados. 

Fruto de las pesquisas policiales los agentes tuvieron conocimiento de la presencia en España de una pareja de ciudadanos colombianos que habían sido enviados hasta tres veces por parte de la organización proveedora en origen. Su misión era la de comprobar la estructura empresarial en España, así como negociar porcentajes y beneficios a repartir una vez la droga fuera ya extraída y distribuida. 

La labor española fue localizar y luego hacer seguimiento a los integrantes de la trama en España .  La Policía aguardó a la llegada del tercer cargamento de harina de palmiste a la dársena de Marín (Pontevedra) en diciembre re  de 2018  para desarticular la red. Decomisó doce contenedores con sustancias para elaborar 3.000 kilos, según señaló entonces el CNP en una nota acompañada de un video de la operación. 

Estructura empresarial

La organización contaba «con una amplia estructura empresarial que se encargaba de importar contenedores  con droga a fin de superar fácilmente los controles aduaneros y sanitarios» .  El puerto de Marín se reveló como una de las dársenas clave para la introducción de los alijos. Los narcos conocían que las medidas de seguridad en la aduana de la ría de Pontevedra no eran las mejores, y aprovechaban el gran volumen de tráfico para colar de matute partidas de droga. 

Una vez llegada la mercancía a España, contaban con «químicos o cocineros expresamente traídos desde Latinoamérica para instruir a la organización y mostrarles la elaboración o cocinado del estupefaciente» , informó la Policía. 

Químicos y ‘notarios’

La Policía tiene constancia de la presencia en España de estos expertos  en obtener base de cocaína, pero no pudieron ser identificados y, por tanto, tampoco juzgados. 

También contaban con supervisores colombianos para garantizar el éxito de la operación con una cocaína suministrada de tanto valor económico. Como se ha dicho, una mujer ha sido absuelta tras el juicio. Ella era considerada por la Fiscalía como una delegada o ‘notaria’ de la organización colombiana para supervisar el trabajo en España y se reunió en cuatro ocasiones con miembros de la red, entre ellos el trabajador de Valladolid . Una de las reuniones se produjo en Mojados. Pero la AN considera que no existan suficientes elementos de cargo y la ha absuelto. 

El otro absuelto citado es el varón marroquí que vigilaba el laboratorio de Valencia donde se iba a extraer la base de cocaína. Se trataba de «uno de los mayores laboratorios de procesamiento de cocaína de Europa» , en la palabras de la Policía, ubicado en un chalet aislado de El Puig (Valencia)  donde se incautaron más de 8.500 litros de diversas sustancias químicas fiscalizadas , «todas ellas de difícil adquisición y destinadas a la elaboración del clorhidrato de cocaína», subrayó la Policía. 

Para sufragar y obtener beneficios de la inversión realizada, la organización estaba acondicionando diversas estancias de la propiedad para destinarlas al cultivo de marihuana. Para ello contaban con el súbdito marroquí que, además, se encargaba de la seguridad de la finca, permaneciendo en su interior las 24 horas sin abandonar la misma ni para abastecerse de víveres, ya que le eran facilitados por otro integrante de la organización. 

El chalé había sido alquilado por su ubicación aislada de las grandes urbes , su difícil acceso, su discreción y la posibilidad de destinar la finca alquilada a estas ilícitas actividades sin llamar la atención del resto de fincas colindantes. Además, los integrantes de la organización llevaban a cabo multitud de medidas de seguridad antes de dirigirse al inmueble , manteniendo asimismo una vigilancia permanente de la casa con la finalidad de detectar posibles seguimientos policiales, hecho que dificultaba enormemente la investigación. 

La Policía destacó «la gran movilidad de la organización» , ya que sus principales responsables viajaban por toda España y residían en un chalé de lujo en la Costa del Sol desde donde coordinaban y daban las instrucciones oportunas. En los diez registros domiciliarios, los agentes intervinieron además seis vehículos (cuatro turismos, una furgoneta y una moto) y el citado revólver con 47 cartuchos.