PSOE y TLP creen que Fiscalía apunta a Centeno y Medrano por ‘Meseta Ski’

Los grupos provinciales del PSOE y del Toma la Palabra (TLP) de la Diputación de Valladolid recibieron ayer notificación del Decreto de Fiscalía sobre las obras del fallido complejo de ocio ‘Meseta Ski’ de la Institución provincial. El Ministerio público aprecia indicios de delitos de falsedad documental, malversación y prevaricación en el escrito enviado al Juzgado, según una nota de prensa remitida ayer por ambas formaciones.

Los grupos socialista y TLP aseguran que el Ministerio público asume las denuncias que ambas formaciones plantearon junto al Grupo Sí SePuede en el anterior mandato, cuando le trasladaron unas conclusiones de la comisión de investigación sobre Meseta Ski que consensuaron los tres grupos. Esa comisión, que realizó pesquisas durante un año, no fue capaz de alcanzar conclusiones por unanimidad, de forma que el Grupo del PP y el de Ciudadanos llevaron al Pleno de la Institución provincial otros escritos diferentes.

Según PSOE y TLP, la Fiscalía apunta al entonces presidente de la Sociedad para el desarrollo de Valladolid (Sodeva), Alfonso Centeno, y al entonces presidente de la Diputación, Ramiro Ruiz Medrano, como responsables. También advierte de que las infracciones mencionadas no están prescritas dado que el daño producido estimado es mayor a 50.000 euros y por tanto el tiempo de prescripción se extiende por 15 años. Las sanciones por esos delitos contemplan una posible inhabilitación de entre 10 y 20 años.

El portavoz del Grupo provincial del PP, Agapito Hernández, aseguró en repetidas ocasiones, durante los últimos días, que su formación mantiene el punto de vista dado en aquella investigación: que la tramitación administrativa dejó mucho que desear, pero que «en ningún momento hubo delito» ni intención de cometer infracción alguna. «Para llevar el asunto a Fiscalía nos podríamos haber evitado la comisión de investigación», añadió el diputado, que lamentó la infructuosa labor del grupo de trabajo.

Ocultación

A juicio de PSOE y TLP, la Fiscalía asume que pudo haber ocultación del volumen de las obras pretendidas para eludir los controles que exigía la Ley de Contratos, «lo que afectó también a la licencia que se solicitó y se obtuvo para una obra mucho menor y diferente de la que finalmente se hizo».

Cabe recordar, según los dos grupos, que la obra «se intentó legalizar con la tramitación en las Cortes de la correspondiente Ley para su consideración como Proyecto de Interés Regional, norma que fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional».

Ese hecho, junto a la demolición de parte de las obras realizadas por sentencia judicial, conllevó la pérdida de parte de la inversión realizada, «lo que podrían ser las causas de la presunta malversación de fondos públicos». «Se realizaron obras, aunque no se sabe con certeza quién las mandó ejecutar», aseguran los grupos de PSOE y TLP en su comunicado de prensa, y a renglón seguido subrayan que, según las investigaciones realizadas en la comisión de investigación, «hay indicios de que pudo ser el presidente de Sodeva, Alfonso Centeno».

Ambas formaciones añaden que la obra se licitó con unas bases de contratación aunque el contrato firmado fue diferente y «beneficiaba muy favorablemente al contratista» lo que se realizó «sin pasar por el consejo de administración de Sodeva, donde están representados los grupos de la oposición».

Por otra parte, el hecho de que «casi dos tercios de las certificaciones de obra se hicieran con la obra parada» puede inducir a pensar que existía un «deseo del que el consejo de administración no conociera el verdadero volumen de las obras ejecutadas».

«El Juzgado tendrá que dilucidar ahora quiénes son los responsables de estas irregularidades y de haber despilfarrado más de 11 millones de euros de dinero público», concluyeron las dos formaciones. Para ambos grupos políticos, Centeno y Medrano «son los máximos responsables políticos».

Por su parte, el Grupo del PP ha apuntado que la tramitación del proyecto no puede ser examinado bajo el prisma de la actual Ley de Contratos del Sector Público, pues entró en vigor mucho después y estableció controles antes inexistentes. La Diputación ha paralizado el nuevo proyecto ‘Meseta Sport’, que pretende aprovechar las edificaciones ya construidas, hasta que no se resuelva judicialmente el caso.