Juzgan a la alcaldesa de Gatón por engordar el censo para ganar

ElJuzgado de lo Penal número 4 de Valladolid celebra hoy la vista oral contra la alcaldesa de Gatón de Campos, Ana María Gago –del Partido Popular–, acusada de un delito contra el régimen electoral por alteración maliciosa del censo. El fiscal la señala también como autora, por omisión, de un delito de prevaricación administrativa, al permitir 13 empadronamientos en 2014, cuando «sabía que eran irregulares», afirma el Ministerio público.

Los hechos e remontan al año 2014, cuando la acusada era –como sigue siendo–, alcaldesa de Gatón de Campos, un pequeño municipio vallisoletano de 34 habitantes, a 10 kilómetros de Villalón. En enero de 2014 contaba con sólo 29 electores. Las municipales se debían convocar al año siguiente, 2015, y para participar en ellas, según la normativa, debía utilizarse el censo cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Así, a lo largo de 2014, siempre según lo relatado por el Ministerio público, se presentaron en el Ayuntamiento de la localidad 16 solicitudes de empadronamiento, 13 de las cuales tuvieron entrada entre el 24 de noviembre y el 31 de diciembre. «Estas trece solicitudes corresponden a personas que, aun habiendo nacido en Gatón de Campos o teniendo vinculación familiar y casa en dicha localidad, no residían de modo habitual allí, sino que pasaban en la misma periodos de vacaciones y fines de semana», detalla el escrito del fiscal.

La tesis del acusador es que esos empadronamientos se realizaron «sin otra finalidad que votar en dichas elecciones municipales». Algunos de los inscritos en el censo son familiares directos, o por afinidad, de la acusada, «y la mayoría de ellos se desempadronaron tras la celebración de las elecciones».

Resulta chocante, no obstante, comprobar que la alcaldesa seguramente no hubiese necesitado de ningún censado de forma irregular –si es que el juez determina que se censaron de esa manera–, ya que en las municipales de 2015 el PPobtuvo todos los concejales de la Corporación: tres de tres.

El fiscal señala los hechos como constitutivos de dos ilícitos penales. En primer lugar, de un delito contra el régimen electoral por alteración maliciosa del Censo electoral, previsto en el artículo 139.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg). En segundo lugar, un delito de prevaricación administrativa, descrito en el artículo 404, en relación del artículo 11 del Código Penal, es decir en comisión por omisión.

Por ello, solicita dos penas distintas, sin circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Por el delito contra el régimen electoral, el Ministerio público solicita la pena de un año de prisión, con privación del derecho de sufragio pasivo durante dicho periodo, y nueve meses de multa con una cuota diaria de 10 euros (total, 2.700 euros).

Por el delito de prevaricación administrativa, solicita la pena de inhabilitación especial para cargo público de concejal y, por ende, de alcalde, así como para el derecho de sufragio pasivo, durante un periodo de diez años. Cabe destacar aquí que Gago no es en esta ocasión candidata de Partido Popular, ni de ningún otro partido, a las municipales. Ha sido sustituida en la lista por Alfredo Castro.

La acusación pública asegura que la acusada «conocía personalmente a todos y cada uno de los solicitantes» del censo, y por ello«sabía perfectamente que no residían habitualmente en el pueblo y que, por tanto, no reunían las condiciones para ser empadronados». Sin embargo, «consintió dicho empadronamiento sin poner objeción alguna».

El 3 de febrero de 2015, la Oficina del Censo Electoral, alertada ante el anómalo aumento de un 40% de personas empadronadas en Gatón de Campos el mes anterior al cierre del padrón que iba a servir de base para confeccionar el censo de votantes, dirigió un requerimiento a la alcaldesa de la localidad para que, en el plazo de 10 días, remitiese un informe explicativo de las causas de dicho incremento.

Como tal requerimiento no fue cumplimentado, la Oficina insistió. El 4 de marzo de 2015, tras recibir información «errónea o reiterativa» y «sin ninguna explicación», insistió. El 9 de marzo la alcaldesa remitió 12 declaraciones juradas, once de las cuales aseguraban residir en Gatón.