La jueza aclara que Imedexa pagará todas las deudas de la Seguridad Social de Made
Desbloquea la venta, acepta el recurso de laTesorería pero advierte de que ya dejó «con meridiana claridad» hace un mes que el comprador se haría cargo de los pagos / La operación se formalizará en breve
Todo listo para que la extremeña Imedexsa formalice la compra de Isowat Made con el administrador concursal. El Juzgado de lo Mercantil nº 2 de La Coruña ha desbloqueado la operación y ha aceptado en su integridad el recurso de la Tesorería de la Seguridad Social que reclamaba al comprador todas las deudas acumuladas por el empresario.
Un auto fechado el pasado viernes aclara expresamente que Industrias Mecánicas de Extremadura se hará cargo de todas las deudas de la Seguridad Social y no solo de las correspondientes a los 74 trabajadores que asumirá la compañía para abrir la fábrica de Medina del Campo (Valladolid).
«El adquirente se subroga en la posición de empresario en la totalidad de las obligaciones laborales y de la Seguridad Social al amparo del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores con independencia de los trabajadores afectados por la sucesión», señala la parte dispositiva del auto judicial que sustituye al de hace un mes.
Por si hubiera dudas, la titular del Juzgado de lo Mercantil, Salomé Martínez, precisa que la responsabilidad de Imedexsa «se extiende a todas las cuotas debidas a la Seguridad Social que hayan sido generadas con anterioridad al hecho de la sucesión y no solo a los trabajadores subrogados».
La compañía extremeña decidió, de acuerdo con los trabajadores de la planta de Medina del Campo, llevar a cabo un expediente de suspensión de contratos durante ocho meses para 74 empleados, la extinción de dieciséis puestos de trabajo de mayores de 60 años y una rebaja salarial para su reapertura.
La empresa compradora dejó claro en su oferta que asumía el pago de la Seguridad Social, cifrado en torno a 500.000 euros, y para ello haría un pago por Made de dos millones de euros, de los que se descontaría esta deuda que ahora ratifica el Juzgado. Además, se comprometía a invertir 14 millones con el apoyo financiero de la Junta
Sin embargo, para la Tesorería General de la Seguridad Social, la primera resolución de la jueza no dejaba claro que Imedexsa se tendría que hacer cargo de todas las deudas acumuladas de la Seguridad Social, lo que provocó su recurso y un retraso de casi un mes en la formalización ante notario de la compra-venta, que ahora será inminente.
Todo apunta a que para la titular del Juzgado de lo Mercantil de La Coruña el recurso de la Tesorería no era necesario porque, a su juicio, la primera resolución dejaba ya «con meridiana claridad» que «el adquiriente se subroga en las deudas de la Seguridad Social». Para ello, apela a dos fundamentos de derecho del auto inicial que, según ella, precisaba lo que ahora ha aclarado con mayor contundencia. No obstante, la magistrada sostiene que para «no generar dudas» ha estimado el recurso de la Tesorería.
El artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores sobre la «sucesión de empresa» que invoca la jueza deja claro que «el cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una unidad productiva autónoma no extinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior, incluyendo los compromisos de pensiones, en los términos previstos en su normativa específica, y, en general, cuantas obligaciones en materia de protección social complementaria hubiere adquirido el cedente».
El auto sostiene, sobre la base de la jurisprudencia, que los juzgados de lo Mercantil carecen de competencia para liberar al comprador de todas las obligaciones contraídas con la Seguridad Social y viene a sugerir que eso solo podría hacerlo un tribunal de la jurisdicción de lo Social.
El propio empresario de Imedexsa fue el único que presentó alegaciones al recurso de la Tesorería de la Seguridad Social. Al respecto, la compañía que se hará cargo de Made pide a la jueza que resuelva el recursos y disponga que existe sucesión de empresa «a los efectos laborales y de Seguridad Social», pero le advierte de que el grupo extremeño «no se subroga ni en las deudas pendientes del deudor de naturaleza concursal o contra la masa, de naturaleza tributaria, ni en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea o haya de ser asumida por el Fondo de Garantía Salarial».
La decisión de la Tesorería de bloquear la venta de Made provocó un enfrentamiento político en la precampaña entre el PP y el PSOE. La candidata del PP al Ayuntamiento de Valladolid y consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, acusó al Gobierno de España, de quien depende la Tesorería, de «poner palos en las ruedas» a la venta de la planta de Medina del Campo. El candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, la tildó de «miserable» por «no haber echado una mano a otras empresas que cerraron en la Comunidad».