El PP pide apoyo a su proyecto de Ley Orgánica contra los ‘okupas’

El Grupo provincial del PP presentará al Pleno de la Diputación una proposición ‘para combatir la ocupación ilegal de viviendas, garantizar el derecho de propiedad, la seguridad de las personas y bienes y la convivencia social’, como reza su enunciado. El documento solicitará respaldo para la reciente presentación de una Proposición de Ley Orgánica sobre el asunto por parte del PP en el Congreso de los Diputados. Así lo anunciaron ayer los ‘populares’ durante la celebración de la junta de portavoces previa a la sesión plenaria de pasado mañana.

La Proposición de Ley establece en su articulado, entre otras medidas, que la Autoridad pública y sus agentes podrán desalojar la vivienda ocupada ilegalmente en un plazo exprés de 24 horas, «sin necesidad de esperar varios meses como hasta ahora» y refuerza el delito de usurpación pasando de una multa a pena de privación de libertad de uno a tres años.

El PP solicita estas medidas para hacer frente «a la pasividad e incluso permisividad de los mal llamados ‘alcaldes del cambio’». La Proposición de Ley, de aprobarse, «evitaría situaciones como la del Patio Maravillas en Madrid o que se produzcan hechos tan lamentables como el ocurrido el pasado 5 de enero en Badalona, donde murieron tres vecinos de un inmueble a consecuencia de una sobrecarga eléctrica provocada por el ‘pinchazo’ ilegal de los okupas que vivían además de forma ilegal en un edificio del barrio de San Roc», explica el documento.

Se trata de Ayuntamientos, según los ‘populares’, que lejos de promover una política efectiva de vivienda «se han dedicado a ‘consentir’ una usurpación de la propiedad que no es justificable en ningún caso, pues se trata de una ilegalidad en contra del derecho constitucionalmente reconocido, la propiedad».

Por eso, en la parte dispositiva de la moción se propone la aprobación de tres medidas. En primer lugar, dar apoyo a la Proposición de Ley Orgánica, que fue registrada en el Congreso de los Diputados el pasado 31 de enero. En segundo lugar, «reclamar de las fuerzas políticas con representación parlamentaria que den su aprobación a esta iniciativa normativa antiokupa, pionera en España, por ser de interés general y necesaria para corregir un grave problema social y de convivencia generado a causa de estas actividades ilegales contrarias al derecho a la propiedad y a la seguridad de las personas y las cosas».

Por último, la proposición insta a dar traslado del acuerdo del Pleno de la Diputación a la ministra de Justicia, a la vicepresidenta del Gobierno y a los portavoces parlamentarios de los grupos con representación en el Congreso y en el Senado, así como al Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias.

Por otra parte, el Grupo delPSOE presentará la misma moción ‘anti-Vox’ que ha presentado ya en otras instituciones, como por ejemplo el último Pleno del Ayuntamiento de Medina del Campo. Bajo el título genérico de ‘En defensa de los derechos y políticas de igualdad’, contiene propuestas más concretas en su parte dispositiva que derivan en el intento de establecer un ‘cordón sanitario’ a Vox, y el reproche a los acuerdos que con la fuerza de Abascal ha firmado el PP en Andalucía.

Así, en la disposición tercera de la proposición se establece «rechazar la adopción de cualquier tipo de acuerdo, explícito o implícito, con formaciones que plantean la supresión o reducción de las medidas de protección de las mujeres, dando así cobertura a políticas irresponsables que conllevan un altísimo riesgo de agravar el problema». Una reducción de medidas que, según las declaraciones de responsables socialistas, propugnaría Vox.

El primer punto de la proposición defienden el refuerzo y puesta en valor las medidas contenidas en Pacto de Estado en materia de violencia de género de Congreso y Senado, para combatir el «terrorismo machista», que es, según el documento, «el problema más grave que sufre actualmente la sociedad española y los castellanos y leoneses, que tiene su caldo de cultivo en una cultura y educación profundamente antidemocrática y que parte de la idea de la superioridad del hombre sobre la mujer». El segundo punto rechaza todas las manifestaciones de violencia de género.