Rey ve injusta e insostenible la gratuidad de las tasas universitarias por la deuda que generan

El consejero de Educación, Fernando Rey, se congratuló ayer de haber logrado rebajar el precio de las tasas universitarias «a niveles similares a antes de la crisis, previos al denominado ‘tasazo’», y cifró en unos 350 euros el ahorro del que se beneficiará cada estudiante universitario en cada curso, tras una aportación de 15 millones de euros adicionales por parte de la Junta de Castilla yLeón.

Sin embargo, el consejero consideró que la gratuidad de las tasas universitarias, como se defiende en otras Comunidades autónomas, no es «justa», ni «sostenible», e incluso «no es progresista», puesto que genera una deuda millonaria a las arcas públicas.En ese sentido, recordó que el mantenimiento de las universidades le cuesta a los castellanos y leoneses alrededor de un millón de euros al día.

Por ello, defendió el sistema de las universidades públicas de Castilla yLeón como «equilibrado», a la vez que planteó como «razonable» que los usuarios de la Universidad sufraguen parte del coste, una parte que ronda en torno «a un 15 ó 20%». También defendió que, quien más recursos tiene, más tasas pague, y recordó que los que tienen menos recursos pagan menos, y que más de un 50% de los alumnos disfruta de bonificaciones.

Por otra parte, el consejero volvió a reclamar una Ebau única pero, en un entorno normativo en el que no existe, apostó por una Ebau «seria» aunque «no desproporcionadamente exigente» en relación a la media del país.

Aseguró que la Ebau de Castilla y León es una de las más serias y exigentes de España, aunque reconoció que hay margen de maniobra para «atemperar» y hacerla «más accesible».Eso sí, se mostró contrario a lo que calificó como «populismo educativo», en relación a las Comunidades Autónomas que pretenden rebajar el nivel de la prueba para «favorecer la mediocridad», lamentó.

Rey aclaró también que la Junta «organiza» el examen de Ebau, pero no es la Institución regional la que «sube o baja el nivel», puesto que es una prueba «técnica y no política» con profesores que se basan «en los estándares de evaluación que fija el Ministerio de Educación». Así, el examen de este año será «muy semejante» a la del año pasado puesto que los profesores «ya atemperaron» la prueba.