Cs pide que se destine el superávit de la Diputación para accesibilidad

El Grupo de Ciudadanos presentará al Pleno de la Diputación Provincial, el próximo viernes, una proposición para que el superávit de la Institución se invierta prioritariamente en mejorar la accesibilidad de los municipios de Valladolid. Así lo desveló ayer la portavoz de la formación, Pilar Vicente, quien deploró que exista una subvención para eliminar barreras arquitectónicas, pero «sólo en edificios municipales, no en las calles u otros espacios de los pueblos».

Por ello, Vicente destacó la «necesidad» de eliminar los obstáculos que «dificultan las tareas diarias de nuestros mayores y de nuestros vecinos con movilidad reducida o discapacidad», tales como hacer la compra en tiendas del pueblo, caminar por las calles y plazas, acudir a un centro cívico o dar un paseo, entre muchas otras. Así, incidió en el carácter «complementario y necesario» de su propuesta.

La accesibilidad en distintos ámbitos será el hilo argumental de la mayoría de las proposiciones presentadas ayer en la junta de portavoces previa a la sesión plenaria. Así, la del Grupo delPSOE insta a la creación de un programa específico de subvenciones a ayuntamientos «para la supresión de barreras urbanísticas, comunicativas y en el transporte». Consistiría en la creación de una convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos en este mismo año, que tenga como objeto la mejora de la accesibilidad en otros ámbitos de los municipios como el urbanístico, la comunicación o el transporte.

De la misma forma, el Grupo Provincial de Sí Se Puede (SíVa) presentará una proposición que persigue «garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad y de movilidad reducida en los espacios públicos y vías urbanas de los municipios de la provincia de Valladolid».

El documento de la marca de Podemos en Valladolid pide que la Diputación convoque ayudas económicas para dotar de entornos accesibles a aquellos municipios de la provincia que lo soliciten «con el ánimo de garantizar y potenciar la accesibilidad y suprimir las barreras arquitectónicas en vías urbanas y espacios públicos próximos a centros sanitarios, residencias de personas mayores, centros de día y centros educativos y culturales, con arreglo a Real Decreto Legislativo 1/2013 de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, y al Decreto 217/2001 por el que se rige el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras».

El Grupo de Toma la Palabra (TLP) vuelve en esta ocasión la vista a los más pequeños de la provincia, para demandar la instalación de «sistemas de retención infantil homologados en los vehículos destinados a transporte escolar». Su proposición solicita instar a la Junta de Castilla y León a que obligue a las empresas concesionarias a la instalación de esos sistemas de retención «tal y como marca la ley», de manera que «quede garantizada la seguridad de los menores en caso de accidente y se proteja así la vida de los escolares».

SEGURIDAD VIAL

Por otro lado, la proposición de TLP pide que se inste a la Junta a rescindir los contratos firmados con las empresas que no estén cumpliendo con la Ley en materia de seguridad vial, y dar traslado a los Ayuntamientos que reciben servicio de transporte escolar del texto de la proposición, «para que tengan conocimiento de las irregularidades existentes y puedan denunciarlas a fin de acabar con el incumplimiento de la ley que pone en riesgo la vida de cientos de menores de edad», señalan en la formación liderada por el portavoz, Salvador Arpa.

Por último, el Grupo mayoritario en la Corporación, el del Partido Popular, presentará un documento en contra de la subida del impuesto al diésel anunciado por el Gobierno central. La formación pone de manifiesto que España es el segundo fabricante de automóviles de Europa y el octavo del mundo, con un impacto muy importante para la economía, (8,6% del PIB), y que el 42% de los vehículos que fabrica son diésel.

Por eso insta a solicitar al Gobierno de España «que renuncie a incrementar el gravamen sobre el diésel, al menos, hasta que se produzca una transición ordenada de tecnologías, por el impacto negativo que tiene sobre el empleo y sobre las clases medias y colectivos más vulnerables», así como «sobre los agricultores, los ganaderos, y otros autónomos». Pide también que «cuando finalice ese periodo de transición», se garantice la exclusión del impuesto «a todos los autónomos y profesionales, sin discriminación de ningún sector, y todos los colectivos vulnerables».