El ex alcalde de Cabezón alega que desconocía el deber de licitar
El regidor del PSOE llevaba 20 años en la Alcaldía cuando cometió las presuntas irregularidades en las obras del Centro Cívico, pero ni él ni el arquitecto «sabían»
Llevaba ya 20 años en la Alcaldía, pero el ex alcalde socialista de Cabezón de Pisuerga, Antonio Torres, «desconocía» que fuera obligatorio licitar el contrato de redacción de proyecto de un centro cívico, valorado en 120.000 euros. En ese ‘desconocimiento’ basó ayer el ex regidor su defensa ante el Juzgado de lo Penal número 1 de Valladolid, durante el juicio por un presunto delito de prevaricación.
Tampoco el arquitecto municipal, Ignacio Morrós, a quien Torres adjudicó el contrato, «sabía» que era el Pleno quien tenía que aprobar la compatibilidad del contrato. Él actuó «de buena fe» porque «creía» que al contratarle el alcalde en persona, estaba otorgándole, de forma tácita, la compatibilidad. Es lo que argumentó ayer ante el juez, según relataron en respuesta a este periódico fuentes del caso.
Tanto el alcalde como el secretario trataron de responsabilizar a un auxiliar administrativo que, a causa de una baja de la secretaria-interventora municipal, que se encontraba enferma en esas fechas, redactó el decreto de adjudicación del proyecto. La acusación, sin embargo, aseguró que ese funcionario lo redactó recién incorporado a la plantilla municipal, como secretario-interventor accidental, y en gran parte al dictado del alcalde. Se trata de una adjudicación sin un precio, sin tres ofertas, sin concurso ni subastas.
Por su parte, la secretaria titular declaró que no se enteró de la redacción de ese decreto hasta mucho tiempo después, y que no tuvo noticia ni del contrato ni de los pagos.
Un segundo despacho de arquitectos que intervino en la redacción del proyecto, llamado a declarar como testigo, aseguró que desconocía los pormenores de la contratación.El estudio cobró alrededor de la mitad del importe del proyecto. También desconocía la situación de irregularidad el redactor del estudio de seguridad y salud, que cobró 24.000 euros.
En total, suman 144.000 euros los desembolsados por el Ayuntamiento «sin ninguna necesidad, porque la parcela no era del Ayuntamiento y no se puso ni una piedra», aseguraron las mimas fuentes. Ex alcalde y arquitecto justificaron la «prisa» en que la Diputación apremiaba, para poder financiar la actuación a través de las ayudas de los Planes Provinciales de 2006 y 2007. La parcela era de un particular, y el Ayuntamiento tenía intención de efectuar una permuta que, finalmente, no pudo llevar a término en los cuatro años siguientes.
Sin ‘mala fe’
Preguntado por el fiscal, en calidad de testigo, el portavoz del PP y parte acusadora, Víctor Manuel Coloma, sobre si creía que había habido mala fe en el procedimiento, Coloma respondió que entendía que no, que se trataba de «un cúmulo de circunstancias» sin mala intención pero que han ocasionado «un perjuicio al Ayuntamiento».
Por otra parte, el concejal de Obras «se enteró dos años después» de lo sucedido, aseguraron las mismas fuentes. La acusación reprochó al ex regidor y al arquitecto municipal que se hubieran «saltado» la Ley de Contratos del Sector Público, y que no pidieran «asesoramiento ni a Diputación ni a nadie».
Antonio Torres se enfrenta a 8 años de inhabilitación por la comisión de un presunto delito de prevaricación en la contratación de las obras. Ayer se sentó en el banquillo junto al arquitecto municipal, Ignacio Morrós, para quien la Fiscalía pide 10 meses de prisión y una multa de 90.000 euros. A ello se une la inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Queda visto para sentencia el proceso, con el objetivo de esclarecer las presuntas irregularidades cometidas en la tramitación del proyecto, presupuestado en tres millones de euros. En la vista de ayer, primera y única, estaban citados a declarar como testigos varios funcionarios y ex funcionarios del Ayuntamiento, los técnicos redactores de los proyectos objeto del juicio, así como el ex concejal del PSOE Rafael Ríos y Víctor Manuel Coloma.
Los hechos datan del año 2007, cuando gobernando el PSOE, el Ayuntamiento de Cabezón encarga la redacción del proyecto, que habría sido adjudicado «a dedo» al arquitecto municipal y a su compañero de estudio, «existiendo una posible causa de incompatibilidad, y sin ser sacado a licitación pública, pese a que su importe ascendía a 113.000 euros, vulnerando la Ley de Contratos de la Administración Pública», señaló en su día la acusación.