En el banquillo por prevaricación el ex alcalde socialista de Cabezón
Se enfrenta a 8 años de inhabilitación y el arquitecto municipal a 10 meses de prisión / Comienza el juicio por irregularidades en las obras de un centro cívico
Recreación del proyecto del Centro Cívico, según una infografía del proyecto inicial.-EL MUNDO
El ex alcalde socialista de Cabezón de Pisuerga, Antonio Torres, se enfrenta a 8 años de inhabilitación por la comisión de un presunto delito de prevaricación en la contratación de las obras de un centro cívico. Hoy se sentará en el banquillo junto al arquitecto municipal, Ignacio Morrós, para quien la Fiscalía pide 10 meses de prisión y una multa de 90.000 euros. A ello se une la inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
En la mañana de hoy comienza el juicio oral en el Juzgado de lo Penal número 1 de Valladolid. El proceso intentará esclarecer las presuntas irregularidades cometidas en la tramitación de un proyecto presupuestado en tres millones de euros. En esta primera vista están citados a declarar como testigos varios funcionarios y ex funcionarios del Ayuntamiento, los técnicos redactores de los proyectos objeto del juicio, así como el ex concejal del PSOE Rafael Ríos y el portavoz del Grupo Popular y ex alcalde, Víctor Manuel Coloma, que actúa como acusación particular.
El «origen de todo», según explicó ayer a este periódico el propio Coloma, está en una querella interpuesta por él mismo en octubre de 2013, por unos hechos que datan del año 2007, «cuando gobernando el PSOE, el Ayuntamiento de Cabezón encarga la redacción de un proyecto para la construcción de un centro cívico sobre una parcela que no era propiedad del Ayuntamiento, sino de un particular, y que, pese a los intentos por adquirir la misma, nunca llegó a ser propiedad del Ayuntamiento», aseguró Coloma.
Según el portavoz del PP, el proyecto fue adjudicado «a dedo» al arquitecto municipal y a su compañero de estudio, «existiendo una posible causa de incompatibilidad, y sin ser sacado a licitación pública, pese a que su importe ascendía a 113.000 euros, vulnerando la Ley de Contratos de la Administración Pública».
Junto con ese proyecto básico, el Ayuntamiento adjudicó también otros proyectos complementarios, de coordinación de seguridad y salud; de climatización; de fontanería y saneamiento; de telecomunicaciones, y un estudio geotécnico.
La suma de todos esos trabajos, abonados por el Ayuntamiento, ascendía a 144.000 euros. Incluso, según la querella, se abonaron cantidades por trabajos que no fueron realizados, como honorarios por coordinación de seguridad y salud, puesto que la obra nunca se ejecutó, ya que el Ayuntamiento nunca adquirió la propiedad de la parcela. El importe previsto para la obra contemplada en ese proyecto superaba los 3.000.000 de euros.
Durante el año 2014, el Juzgado de Instrucción número 2 investigó los hechos, para lo cual tomó declaración a los cargos políticos imputados (entre los que estaba el exconcejal de Hacienda del PSOE ya fallecido); a los técnicos redactores de los distintos proyectos, y a varios funcionarios municipales.
En 2015 y 2016, sin embargo, el proceso se dilató por la presentación de recursos por parte de los imputados, que trataron de impedir que Coloma continuase como acusación particular. Fueron rechazados por el Juzgado. Hoy, cinco años después de la presentación de la querella, se celebra la primera vista del juicio oral.