Medina paga 400 euros del recibo de la luz al que no llegue a 650 euros al mes
Los ingresos agogidos a la ayuda se incrementan según los miembros de la familia hasta 968E mensuales / El plazo de solicitud, del 2 al 20 de noviembre
El Ayuntamiento de Medina del Campo subvencionará hasta 400 euros a las familias en situación de vulnerabilidad que cobren entre 1,2 y 1,8 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), un dinero que deberá destinarse al pago del suministro energético de la vivienda. Según desvelaron ayer fuentes municipales, el plazo de solicitudes comenzará el 2 de noviembre y se prolongará hasta el día 20 del mismo mes.
Se trata de una convocatoria extraordinaria, con el lema Campaña especial para hacer frente a las necesidades de pobreza energética, con motivo de la llegada de la época invernal.Por eso está dirigida a pagar las facturas de luz, gas y gasoil (también de otros suministros como agua), que contienen en mayor medida gastos de calefacción durante los meses más fríos: diciembre, enero, febrero y marzo.
Los beneficiarios deberán justificar la aplicación de la ayuda obtenida mediante la presentación de la documentación de los pagos correspondientes a esos meses.
Se trata de una campaña complementaria a otras que permiten que cualquier familia en una situación de urgencia social pueda solicitar este tipo de ayudas a lo largo de todo el año, en la modalidad ordinaria de pago de facturas pendientes. Las familias de Medina del Campo que no puedan hacer frente a los gastos de la factura energética de sus viviendas, pueden solicitar cita con la trabajadora social del Centro de Acción Social (Ceas) para más información.
Pueden acceder a las ayudas familias que se encuentren en una situación de urgencia social y no puedan hacer frente a gastos específicos de suministro energético de la vivienda, considerados necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones de exclusión social. Además, deberán estar empadronados en Medina del Campo en el momento de presentar la solicitud, y domiciliados en algún municipio de Castilla y León con al menos 6 meses de antigüedad previos a la solicitud.
Los solicitantes no podrán superar la capacidad económica familiar requerida. En caso de un solo miembro, la cuantía equivale a 1,2 veces el Iprem anual, es decir, 645 euros mensuales por 12 meses. En el caso de que la familia esté compuesta por dos miembros, por el primer miembro a cargo se incrementa en un 20%: 774 euros mensuales. En el caso de tres miembros se incrementa un 10% hasta los 839 euros mensuales.
La cifra se sigue incrementando en el caso de unidades familiares de cuatro miembros, un 5% en este caso, hasta los 871 euros mensuales. Si hay cinco miembros serán 895 euros mensuales. Si son seis, 927 y por último, si son más, 1,8 veces el Iprem hasta los 968 euros mensuales. Es importante señalar que el cómputo de ingresos tendrá una minoración por los gastos de la vivienda, (por alquiler o por préstamo hipotecario) hasta el 0,8 del Iprem anual (5.163 euros anuales o bien 430,26 euros mensuales).
ElIprem vigente es de 537,84 euros mensuales, o bien 6.454,03 anuales. El total de la prestación oscilará, en esos meses, entre los 200 y los 400 euros, dependiendo del número de miembros de la unidad familiar. En la pasada campaña se tramitaron 212 prestaciones en esta modalidad.
PSOE e IU envían a fiscalía las conclusiones de la N-VI
El equipo de Gobierno de Medina del Campo, formado por PSOE y Gana Medina (IU-Equo), se impuso ayer a la oposición durante un bronco Pleno extraordinario, y acordó enviar a Fiscalía las conclusiones de la Comisión de Investigación sobre las obras de la travesía de la antigua N-VI.
Según un comunicado de prensa enviado por el Grupo delPSOE, «el Ayuntamiento de Medina del Campo aprecia claros indicios de presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos». El envío de la documentación supone la segunda ocasión en que el Ministerio Público revisa actuaciones del ex alcalde medinense, Crescencio Martín Pascual. En este caso, por obras realizadas hace más de diez años.
Muy distintas son las conclusiones del Grupo del PP, para quien «se cometieron errores, pero en modo alguno hubo mala fe, ni tan siquiera perjuicio económico para el Ayuntamiento». El PP esgrime una sentencia judicial dictada por el Juzgado de lo Contencioso número 1 de Valladolid para demostrar que «no ha existido ilícito penal».