La Diputación de Valladolid saca a la luz 417 ruinas en 196 municipios

La profusión de edificios en ruina es un problema recurrente en el medio rural de todo el territorio nacional. Para solucionarlo la Diputación de Valladolid, de forma pionera en España, ideó a finales de 2013 el denominado ‘Plan de Ruinas’, un verdadero hallazgo; una innovación en la gestión de las Corporaciones locales. Desde su puesta en marcha, ha sacado a la luz 417 edificios en riesgo, de los 196 municipios participantes.

La estrategia consiste en que los pequeños municipios, que generalmente no tienen capacidad suficiente para gestionar los complejos expedientes de ruina, encomienden esa gestión a la Diputación. Ésta, con los medios que le son propios, tramita cada caso, de tal manera que es capaz de obligar a los propietarios de inmuebles a que consoliden los edificios y garanticen la seguridad de los transeúntes y los vecinos. En caso de que el propietario esté en paradero desconocido o se niegue a actuar, la Diputación gestiona las intervenciones subsidiarias que son necesarias y reclama después la deuda al legítimo dueño.

El diputado de Asistencia y Cooperación a Municipios, Alberto Collantes, junto a la diputada de Asesoramiento Local, Natividad Casares, hizo ayer balance de las actuaciones realizadas, y concluyó que el Plan de Gestión de Ruinas de la Diputación ha tenido una acogida «muy superior a la esperada», ya que están adheridos el 90% de los ayuntamientos de la provincia (196 municipios de los 221 que pueden acogerse).

De las 417 solicitudes de actuación presentadas en la Diputación, que corresponden a otros tantos inmuebles con problemas estructurales debido al paso del tiempo y la acción de los elementos, la Institución admitió el 94%, es decir, 391. Las 26 restantes fueron rechazadas por no cumplir los requisitos o no subsanar la documentación exigida en la solicitud.

Ejecución

De las solicitudes admitidas, 149 expedientes ya concluyeron, a fecha del pasado 1 de octubre. En 68 de ellos el edificio fue declarado en ruinas, mientras en otras 81 se emitieron distintas órdenes de ejecución. Es de destacar que 143 de estos edificios, el 96% de los tramitados, se encuentran en localidades de menos de mil habitantes.

Un total de 101 actuaciones han sido archivadas por diversos motivos, mientras la Institución continúa con 17 expedientes en tramitación –de los que 10 son de ruina y 7 de órdenes de ejecución–, y mantiene pendientes otras 122 solicitudes. Desde que la Diputación de Valladolid puso en marcha este programa pionero, hace casi cinco años, otras diputaciones del territorio nacional lo han emulado y están tratando de ponerlo en práctica.

Otros expedientes ya iniciados, que se suman a los resueltos o en tramitación, son los de particulares que cuando se les notifica el inicio de los trámites, o incluso antes, deciden actuar por cuenta propia con demoliciones y limpieza de los inmuebles para evitar esas declaraciones de ruina o las órdenes de ejecución, según explicaron ayer Collantes y Casares en el vallisoletano Palacio de Pimentel.

El Servicio de Asesoramiento y Cooperación a Municipios ha dotado al programa con más medios personales para hacer frente a la elevada demanda y para tratar de agilizar la tramitación de los expedientes de ruina hasta llegar a un ritmo de 70 anuales.

Por otra parte, en el año 2017, a causa del volumen de obras que fue necesario realizar, se licitaron dos contratos; uno de obra por importe de 220.000 euros, a ejecutar en el ejercicio 2017 y 2018, y un contrato de servicios de arquitectura, dotado de 15.500 euros, para los ejercicios 2017 y 2018. Los contratos se volverán a licitar para los ejercicios 2019 y 2020.

La gran mayoría de las obras a realizar son demoliciones, según informó el responsable del área, aunque también existe alguna orden de ejecución de rehabilitación o de retejado del inmueble. En cuanto al contrato de servicios técnicos, comprende redacciones de proyectos de demolición, dirección facultativa y coordinación en materia de Seguridad y Salud.

Desde que a finales de 2015 se iniciaron las primeras demoliciones, la Diputación ha destinado al programa un total de 301.122,23 euros.

Por otra parte, el programa de ruinas de la Diputación ha actuado ya en ejecución subsidiaria sobre 34 inmuebles, a fecha 1 de octubre, y se va a actuar próximamente sobre otros 7. Esta fase se pone en marcha cuando los propietarios de los edificios objeto del expediente no realizan las actuaciones que se les ordena en las declaraciones de ruina o en las órdenes de ejecución (como demolición del inmueble, limpieza, desescombro o retejado, entre otras), y se vea afectada la seguridad en el dominio público. La Diputación actúa en todo momento en colaboración con el Juzgado, que puede autorizar la entrada a los edificios o su demolición.