El ex alcalde de Íscar ‘desconocía’ que debía licitar los modificados
Señala que el arquitecto municipal, también investigado, veía «todo correcto»
Alejandro García Sanz.-EL MUNDO
Un caso más del boom del ladrillo que sigue dando coletazos diez años después. Es la factura de una gran cubierta ‘de quita y pon’ instalada en la Plaza de Toros de Íscar, que accionando un botón deja el ruedo a cielo abierto o bien lo protege del frío y la lluvia, a voluntad. El objetivo era convertir el coso en un centro multifuncional, y el resultado fue una obra que, presupuestada en 2,3 millones, se transformó en un berenjenal de 5,15. Más del doble.
El ex alcalde de Íscar, Alejandro García Sanz, y el que fuera concejal de Urbanismo durante algunos de sus mandatos, Juan Carlos Lázaro, alegaron ayer, en el Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid, que desconocían la obligatoriedad de licitar cada uno de los modificados de las obras del denominado ‘Centro Multiusos’.
Esa licitación debe llevarse a cabo cuando el modificado incremente el valor de la obra en más de un 20% del presupuesto inicial. En este caso superó el 120%.
Los dos declararon en calidad de investigados en las diligecias previas por presuntas irregularidades en las obras, un procedimiento que se originó como resultado de una investigación encargada por el actual equipo municipal de Gobierno iscariense, gobernado por Candidatura Independiente - Coalición de Centro Democrático (CI-CCD). Alejandro García Sanz gobernó durante 28 años por el Partido Popular, del que fue reelegido presidente de la Junta Local en julio del año pasado.
Los dos ex-munícipes respondieron únicamente a preguntas de la juez, pues no estuvo presente el Ministerio Fiscal, y de sus respectivos letrados. En ambos casos reconocieron, en declaraciones a las que tuvo acceso Europa Press de fuentes jurídicas, que las obras iniciadas en 2006 ya presentaron importantes dificultades, fundamentalmente en la cimentación o zapatas, y que fue preciso realizar numerosos mofidicados de obra que no contaron con expediente alguno.
El único expediente fue el relativo en 2007 a la reforma de las barreras y contrabarreras, debido a su mal estado, que no estaban incluidas en el proyecto y que se tradujeron en un sobrecoste de 400.000 euros, si bien a partir de entonces no se encuentra otro hasta que en 2009, prácticamente con las obras ya concluidas, se elaboró uno de precios contradictorios para ajustar cantidades.
Según declararon ambos investigados, hasta 2009 no contaron con informes del secretario y del interventor municipales que advertían de que la tramitación de las obras pudiera ser irregular pues hasta entonces el arquitecto municipal y director de obra, el también investigado José Luis Pérez, aseguraba que todo estaba correcto y justificado, y ello a pesar de que aquellos modificados cuyo importe excedían un 20% tenían que haber salido a concurso en lugar de ser acometidos por la misma empresa adjudicataria.
El arquitecto tenía que haber declarado también en sede judicial, aunque finalmente no lo hizo tras alegar un cambio de abogado en los últimos días y la necesidad de que su nuevo representante legal tenga acceso a todas las diligencias para evitar un posible caso de indefensión.
La juez del caso ha interpelado al exalcalde y al exconcejal de Urbanismo por las razones que les llevaron a no variar el procedimiento a pesar de que a partir de 2009 ya fueron advertidos de ello, ante lo cual los investigados sostuvieron que para entonces ya habían finalizado casi las obras y era preciso pagar para evitar el enriquecimiento injusto del Ayuntamiento.
Las explicaciones de los dos investigados no convencieron al letrado de la acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Íscar, quien considera que «tenían una gran oportunidad de justificar su gestión y no lo han conseguido, de forma razonable o coherente pues han demostrado que no hubo control alguno en la ejecución de las obras, y ello a pesar de que desde el primer momento fueron conscientes de su complejidad y de que se iba a duplicar el gasto».
La acusación puso además el acento en la conducta del arquitecto municipal, que cobraba un sueldo como tal del Ayuntamiento y además un 4%, aseguró, por cada certificación de obra, hasta un total de 400.000 euros.