Los pueblos eluden la revisión de edificios
Sólo se han realizado 38 ‘chequeos’ de los 11.087 estimados, lo que supone el 0,34% de las evaluaciones / Las escasas solicitudes corresponden a cuatro municipios de los 23 obligados por la normativa
Municipios con inspección técnica de edificaciones.-EL MUNDO
Los años no pasan en balde, pero los achaques propios de la edad parecen no preocupar a los propietarios de viviendas del medio rural que ya han cumplido los cuarenta años, pues sólo un pequeño porcentaje, casi insignificante, de inmuebles antiguos que están obligados a realizar la Inspección Técnica de Edificaciones (ITE), se ha sometido a examen. Los residentes ignoran, por tanto, la seguridad estructural de los cimientos, muros, cubiertas, vigas o forjados y la ‘salud’ de sus cañerías, instalaciones eléctricas o contadores.
Desconocimiento de la normativa de Castilla y León, desidia a la hora de abordar el ‘chequeo’ o falta de información a las comunidades de vecinos por parte de los ayuntamientos, lo cierto es que en la provincia vallisoletana –exceptuando la capital– únicamente se han presentado 38 solicitudes, de las 11.087 que estiman tendrían que haberse realizado, según los cálculos facilitados por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
Una cifra tan ínfima que se traduce en que únicamente el 0,34% de las casas que deberían haber realizado la ITE en la provincia, tienen hechos los deberes.
A expensas de que den el paso, hay otras 11.049 construcciones en los 23 municipios donde las inspecciones son obligatorias, tanto con carácter completo, por superar los 20.000 habitantes o tener más de 5.000 y pertenecer a un Área Funcional Estable, como a nivel parcial, si sobrepasan la barrera de los 5.000 vecinos, superan los 2.000 y se incluyen en un Área Funcional Estable, o tienen Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
En el primer caso, que engloba a nueve pueblos, la normativa abarca a todo tipo de edificaciones y, en el segundo, correspondiente a los catorce enclaves restantes, el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León hace referencia a bloques residenciales de tipología no unifamiliar, es decir, a las denominadas viviendas colectivas.
Sin embargo, en el conjunto de ambas modalidades, el contador está a cero en 19 casos. Diecinueve municipios donde no se ha presentado ni una sola solicitud de revisión. Entre ellos destaca Medina del Campo, por ser la más poblada del mapa al que afecta la Ley de medidas sobe rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo.
En la Villa de las Ferias no sólo no ha registrado ninguna inspección, sino que además es una de las que más casos tiene pendientes, con un total de 1.191, sólo superado por Tudela de Duero, donde tampoco han comenzado las evaluaciones de las 1.262 edificaciones que la Junta estima que se construyeron antes de 1978.
Según el número de verificaciones pendientes en los pueblos donde no han iniciado el proceso, en orden de mayor a menor se encuentran Peñafiel (1.013), Íscar (937), Cigales (902), Olmedo (728), Simancas (694), Medina de Rioseco (685), Zaratán (420), Aldeamayor de San Martín (416), Cabezón de Pisuerga (261), Villanubla (249), La Cistérniga (246), Viana de Cega (220), Arroyo de la Encomienda (215), Santovenia de Pisuerga (155), Renedo de Esgueva (39), Nava del Rey (38) y Portillo (18).
En el lado opuesto, Tordesillas es la única localidad que despunta como ejemplo en positivo en este listado donde la mayoría de los contadores están a cero, al haberse presentado 26 inspecciones, si bien aún tiene pendientes 733. El porcentaje sigue siendo muy bajo, pues representa el 3,4% del total pero, en comparación con esa media de la provincia que se reduce al 0,34%, es diez veces superior.
Le siguen, también con un número apenas significativo, Laguna de Duero, donde se han llevado a cabo 9 de las 299 inspecciones estimadas; Mojados, con 2 sobre 331; y Boecillo, con una de nueve.
Además, Tordesillas es el único enclave que cuenta con una ordenanza específica que regula las ITE, algo que, aunque la Consejería de Fomento y Medio Ambiente aclaró que no es de carácter obligatorio, sí considera «recomendable» que desarrollen los ayuntamientos para que «expliquen los procedimientos de presentación y las indicaciones técnicas para realizarlas».
«Es algo muy nuevo y nos ha costado un poco arrancar pero ahora las comunidades de vecinos están respondiendo bien porque entienden que es una medida positiva», explicó el alcalde de la Villa del Tratado, José Antonio González Poncela, quien destacó que para facilitar el ‘empujón’ a los propietarios de viviendas antiguas, han introducido beneficios fiscales en el impuesto de construcciones a fin de que puedan afrontar las subsanaciones detectadas en la Inspección Técnica de Edificaciones.
Precisamente el objetivo de la normativa de la Comunidad se centra en subsanar las deficiencias de los bloques de viviendas construidas hace más de cuarenta años y, a tenor de las estadísticas que maneja la Junta, el 38% de los ‘problemas’ observados en las inspecciones realizadas en Castilla y León tienen que ver con las fachadas, seguido de un 25,6% relacionado con las cubiertas.
Aunque los ayuntamientos tienen potestad para sancionar a las comunidades que no han realizado las ITE o que no hayan llevado a cabo las mejoras indicadas tras la evaluación, la Consejería aclaró que no les consta la imposición de ninguna ‘multa’ en este sentido en la provincia de Valladolid, donde sólo la capital parece estar más implicada, con 5.296 inspecciones presentadas, un tercio de las previstas en total.