Edificios públicos en busca de nueva vida

Decía el escritor y filósofo Miguel de Unamuno que ‘el progreso consiste en renovarse’. Renovarse o morir. Y en esta tesitura se encuentran numerosos edificios de carácter público en la provincia, erigidos para el desempeño de un servicio y que, agotada la actividad para la que fueron diseñados inicialmente o transformados después, se han convertido en muchos casos en meros testigos mudos del día a día, porque sus puertas permanecen cerradas a cal y canto a la espera de que un proyecto futuro sirva de llave para abrir su actual candado.

Dependencias relacionadas con labores casi olvidadas, como los lavaderos; con fórmulas de residencia ya anticuadas, como la casa del médico, del maestro, la del secretario o la del guarda forestal; con oficios ahora industrializados, como fraguas; con festejos que ya no se celebran o se celebran de otro modo, como las plazas de toros; con alternativas de ocio sin la demanda que garantice su pervivencia, como los cines; o con servicios que en los pueblos pequeños ya no se prestan por falta de población, como las escuelas.

En total, por la geografía vallisoletana se reparten 41 edificios públicos de diversa índole sin uso, ubicados en 32 municipios, según figura en el listado elaborado por la Diputación de Valladolid a partir de la Encuesta de Infraestructuras y Equipamiento Local, y actualizado a enero de este año, según especifica el documento albergado en el Banco de Datos.

Aunque se trate de edificaciones sin actividad en los últimos años, no significa que estén en ruinas. De hecho, 19 de ellas están en buen estado, aclara el informe, lo que representa casi la mitad, con un 46,3% sobre el total. Otras 12, un 29,2%, se considera que están regular y las otras diez restantes, un 24,4%, se catalogan en malas condiciones.

De todos los edificios sin uso en la provincia, sólo uno es propiedad de la Comunidad Autónoma, el antiguo centro de salud de Esguevillas de Esgueva, que recientemente ha estrenado las nuevas dependencias médicas y, en el resto, son los propios ayuntamientos los que ostentan la titularidad, incluidos los cuarteles de la Guardia Civil de Villavicencio de los Caballeros y de Montemayor de Pililla, que hace escasos meses pasaron a manos municipales, aunque en el listado de la Diputación aún aparecen como propiedad del Estado.

«Nos lo revirtieron este verano, después de 25 años sin actividad, porque el edificio se había construido sobre un terreno municipal», explicó el alcalde de Villavicencio, Alberto de Paz, quien avanzó que solicitarán su acogida al programa de contratación de desempleados para, al menos, limpiar las dependencias –«están que dan pena», lamenta– antes de pedir ayudas para la rehabilitación del cuartel y de las ocho viviendas que lo conforman, porque el Ayuntamiento por sí solo no tiene capacidad económica suficiente para acometer la obra.

En el caso de Montemayor, la fórmula por la que han optado para sacar el cuartel del abandono, es la venta o cesión a una empresa privada para la construcción de una residencia, después de que en 2016, recuerda su alcalde, Iván Velasco, el Ministerio hiciera una reversión gratuita al Ayuntamiento porque los terrenos sobre los que se había construido el edificio eran de su propiedad. En la localidad cuentan, además, con otro edificio en desuso, un matadero que utilizan como almacén.

También otro cuartel, el de Tiedra, pasó a manos municipales en la década de los 70 del siglo pasado, recuerda el alcalde, Nunilo Gato, y ahora están inmersos en la búsqueda de una nueva utilidad para las cinco viviendas de las vetustas instalaciones, dispuestas en torno a un patio interior.

«Durante un tiempo las casas estuvieron alquiladas pero desde hace aproximadamente una década se abandonaron, a excepción de una, porque no cumplen las condiciones de habitabilidad», explicó el regidor antes de recordar que se trata de una edificación levantada en 1899 sobre un corral, con tabiques de adobe y paredes dañadas por la humedad.

La reforma necesaria para su rehabilitación parece inalcanzable para un pueblo que no llega a 300 vecinos censados – «el presupuesto para el acondicionamiento se nos va de las manos», destaca Gato– aunque tienen en mente un albergue juvenil que facilite la estancia, sobre todo, al público atraído por el observatorio que quiere pernoctar en la localidad.

En otros enclaves, como Hornillos de Eresma, sí han conseguido dar un nuevo uso a antiguas viviendas, y las que fueran antaño casa del maestro y del médico se reformaron hace algunos años tras un periodo de tiempo cerradas para facilitar el alquiler a las familias que se quieren instalar en el municipio, explicó la alcaldesa, Coral López de la Viuda.

También en Villalón se ha conseguido recientemente ‘resucitar’ como vivienda social un antiguo mercado gracias al programa Rehabitare de la Junta, aunque sólo se ha abierto una parte de esas dependencias; el resto del edificio sigue cerrado, explicó el alcalde, José Ángel Alonso Pérez, pendiente de una reforma para reconvertirlo en gimnasio.

Lo mismo ocurre con el cine El Rollo, inmerso en la transformación como edificio multiusos. Tras alrededor de cuatro décadas clausurado, el año pasado se abrió una zona como centro de jubilados, y ahora se utilizan también dos salas para las Aulas de Cultura y para campamentos, aunque aún requiere una importante inversión para acondicionar el resto del inmueble y aprovecharlo al cien por cien.

También en Villalón, el único con tres edificios públicos en desuso según el informe de la Diputación, una vivienda aguarda su turno de rehabilitación para transformarse en sede donde albergar y exponer el material del archivo municipal, después de que ya se haya trasladado documentación de una antigua cooperativa, como primer paso del futuro proyecto.

En Fombellida, otro de los pueblos con edificios públicos sin uso, la que fuera casa del secretario se suele alquilar durante la época estival a la familia que se encarga de la gestión de la piscina, indicó el alcalde, Víctor Alonso, y otro local, donde durante una época el Ayuntamiento facilitó la apertura de un bar, ahora se aprovecha para actos puntuales, como la chocolatada que sirvió estas últimas navidades para los niños. El resto del tiempo, ambos edificios están cerrados.

Un campo de fútbol, una farmacia, un comercio, una ermita o dos mataderos forman parte también de este ‘inventario’ en el que destacan seis centros educativos con las persianas bajadas. Aunque en el listado se ‘cuela’ una gran urbe como Laguna de Duero, el resto de recintos docentes clausurados y sin función alternativa, incluido el de Medina del Campo, pues hace referencia a un núcleo separado, son pequeños enclaves con menos de 500 habitantes.

El colegio de Castroverde de Cerrato, las antiguas escuelas de La Parrilla, las de Bocigas y las de Castrodeza engrosan el conjunto de inmuebles educativos con los pupitres vacíos. «Las cerramos hace cuatro años porque no había niños suficientes», explica el alcalde del último ejemplo, José Antonio González, preocupado por el incierto futuro de unas instalaciones en buen estado.

«Nosotros no tenemos recursos para impulsar otra actividad, ni hemos pensado en ceder el edificio o venderlo porque, ¿y si volvemos a tener niños y necesitamos las escuelas? El Ministerio de Educación nos recomendó en su día que esperáramos un tiempo», razonó el regidor de Castrodeza antes de aclarar que, al menos, pueden aprovecharlo en momentos concretos para realizar actividades infantiles en los periodos de vacaciones y para los talleres del programa de Envejecimiento Activo.

Más allá de estos usos puntuales o proyectos en ciernes, apenas unos pocos ejemplos de la provincia han conseguido esa renovación para no morir.

LA CASONA DE MONTEALEGRE, AÚN A LA ESPERA DE INQUILINOS

La Casona de Montealegre es uno de los ejemplos más destacados de edificios sin uso de la provincia vallisoletana porque, después de una inversión cercana al millón de euros por parte de la Diputación y del propio Ayuntamiento para reconvertir un antiguo inmueble del siglo XIX en una posada de turismo rural, las dependencias están cerradas desde hace un lustro, y la búsqueda de soluciones está estancada.

El Consistorio de la localidad ha sacado a licitación la gestión del establecimiento hotelero en numerosas ocasiones, mejorando incluso las condiciones de explotación para facilitar la llegada de ‘inquilinos’, y la ausencia de respuestas les ha llevado a solicitar a la institución provincial que se haga cargo porque no logran revitalizarlo.

El único negocio que funcionó abrió sus puertas a finales de 2004 y permaneció en activo hasta que en 2013 los entonces administradores renunciaron al proyecto y pusieron fin a este atractivo que llegó a tener categoría de Posada Real.

La antigua casa de labranza consta de dos plantas, tiene siete habitaciones dobles, sala polivalente, restaurante, bar-cafetería, cocina, bodega y un patio.