Uno de los citados a declarar en la comisión de Meseta Ski lleva dos años muerto

La comisión de investigación de Meseta Ski despidió ayer el año con una macabra anécdota: uno de los comparecientes no pudo acudir a la cita por llevar dos años muerto, según informaron a este periódico fuentes cercanas al proceso. Se trataba de Lucio Hernández, que fue responsable de la Ceimsa en el año 2006 y posteriores. La constructora fue una de las concurrentes a la licitación de las obras de la inconclusa pista de esquí seco. Habían requerido su presencia, según las mismas fuentes, los grupos del PSOE y Ciudadanos.

Sí aparecieron ayer dos de los ocho llamados a declarar. Un dato mejor que en la anterior cita, cuando no se presentó ni uno solo. La comisión de investigación de Meseta Ski concluyó la última sesión del año con nuevas decepciones. La mayor de ellas, la incomparecencia de los tres representantes de la empresa adjudicataria de las obras, Corsán Corviam, durante el periodo investigado: Enrique Bobo, Francisco Álvarez y Roberto Álvarez.

Sólo declararon el representante de la empresa Estudios y Proyectos Línea, Pedro Pérez-Cecilia, y el director de la asesoría jurídica de Viajes El Corte Inglés, Juan Luis Vasallo. Un ex trabajador de la Sociedad para el Desarrollo de Valladolid (Sodeva), Jaime Caballero, solicitó hablar otro día.

«Eso habla mucho de lo poco que les importa, a los que no se han presentado, aclarar qué pasó», aseguró ayer en respuesta a este periódico la presidenta de la comisión y portavoz del Grupo del PSOE en la Diputación, Teresa López. Como solución, la comisión ha pedido que se requiera «al representante legal que haya en estos momentos, no ya los de 2006», añadió.

En cuanto a la declaración del administrador único de Estudios y Proyectos Línea, sorprendió a los portavoces el ‘baile de fechas’ que aprecian ya en uno de los primeros trámites del proyecto Meseta Ski, como es el estudio de impacto ambiental. «Pérez-Cecilia sabe que el estudio se lo encargó Aparejo [la empresa contratada por Corsán para ese mismo estudio], y que lo elaboró sobre un proyecto básico que no recuerda ni quién se lo facilitó ni de dónde salió», apuntó López. «También recuerda que cuando había dudas se reunía con representantes de Corsán Corviam, y eso en fechas que serían anteriores a la adjudicación”, que se produjo el 13 de junio.

También es «llamativo», a juicio de la portavoz socialista, que ese estudio «ya reseñó la existencia de un fuego, dos meses después de haberse publicado la Ley de Montes, y no hizo ninguna indicación de las consecuencias de la existencia de ese incendio» en la zona del proyecto –circunstancia que terminó con su ilegalización y la paralización de las obras–.

En cuanto a la declaración del responsable de El Corte Inglés, «ha reconocido como válidos los documentos que aportó Centeno sobre el viaje realizado a Japón», señaló López. Vasallo se comprometió también a responder por escrito diversas cuestiones.

Por su parte la portavoz de Ciudadanos, Pilar Vicente, indicó que es «curioso cuanto menos» que el estudio ambiental de Estudios y Proyectos Línea, «recogiera ya en junio de 2006 que había habido un incendio en los terrenos», así como que «apareciera ya la ampliación hasta los 300 metros, cuando la decisión de los técnicos es de finales de julio y la decisión por parte del Consejo de Administración de Sodeva es de finales de noviembre».

También lamentó la ausencia de los responsables de Corsán. «Es un asunto en el que se han despilfarrado 12 millones de dinero público», subrayó. «Su ausencia, así como la de otros comparecientes, impide conocer qué sucedió».

Vicente señaló que el estudio de impacto ambiental lo contrató Corsán a Aparejo por 11.700 euros, y posteriormente Aparejo lo contrató a Línea por 2.850. Un claro ejemplo de cómo se «dilapidaba» el dinero público, a juicio de la portavoz ‘naranja’. El portavoz de Sí Se Puede, Héctor Gallego, criticó el «plante» realizado por Corsán, empresa que recibió «diez millones, más del doble de los cuatro por los que se adjudicó inicialmente», lamentó. «Su ausencia nos ha impedido preguntar, por las subcontratas o por los viajes de los trabajadores de Corsán hicieron con miembros de la Diputación y de Sodeva», concluyó.