Diez pueblos dejan caducar la ayuda al planeamiento

La cuenta atrás ha finalizado y no todos han entregado los deberes a tiempo, a pesar de haber tenido varios años por delante para llevarlos a cabo. Pero el plazo se ha agotado y diez municipios de la provincia vallisoletana que tenían aprobada una antigua subvención para actualizar sus planeamientos urbanísticos, se quedan sin ayuda económica por no haber ejecutado la tramitación.

Se trata de Villalón de Campos, Castrillo de Duero, Manzanillo, Olmos de Peñafiel, Quintanilla de Arriba, Villalba de los Alcores, Cogeces de Íscar, Herrín de Campos, San Román de Hornija y Campaspero. Todos ellos han perdido la subvención que en su día les concedió la Diputación de Valladolid porque la han ‘dejado caducar’. Tanto tiempo ha pasado que, en el primero de los ejemplos, hay que remontarse catorce años atrás. En el último, ocho.

Para evitar que las cuantías asignadas en su día –que oscilan entre los 2.100 euros de Manzanillo y los casi 18.000 euros de Campaspero– continuasen más tiempo en el limbo de actuaciones pendientes, la institución provincial aprobó una convocatoria a principios de marzo de este año, donde instaba a los ayuntamientos beneficiarios de subvenciones al planeamiento correspondientes al periodo entre 2003 y 2009 a ejecutarlas en un plazo de ocho meses.

Así, la Diputación consignó una partida de 192.000 euros en los actuales presupuestos, dentro del denominado ‘Programa especial de subvención al planeamiento urbanístico general’.

El ultimátum para ejecutar la ayuda finalizó hace poco más de una semana, concretamente el 31 de octubre, y parece que la presión ha surtido efecto. Aunque sólo en parte. Porque la mayoría de los diecisiete enclaves vallisoletanos con esta tarea inacabada, no ha respondido al último llamamiento.

Sólo siete han presentado la aprobación definitiva de las modificaciones sobre sus planeamientos urbanísticos o han llevado a cabo los trámites necesarios para finalizarlo y están únicamente a expensas de recibir el visto bueno de algún organismo.

Se trata de Ataquines, que tenía pendiente ejecutar una ayuda de 22.050 euros concedida en 2003; Castromonte, con 17.500 euros concedidos en 2006; Curiel de Duero, con 7.000 euros también en 2006; Bocigas, con 4.196,50 euros aprobados en 2007; San Martín de Valvení, con 6.637,50 euros en 2007; y Mota del Marqués y Piñel de Abajo, con 14.822,50 y 8.750 euros respectivamente, datados en el año 2009, según información del área de Asistencia y Cooperación a Municipios.

Así, la Diputación de Valladolid desbloquea los casi 81.000 euros en concepto de ayudas que suman los siete pueblos donde sí se ha acatado el requerimiento para actualizar las Normas Urbanísticas Municipales (NUM), y que estaban pendientes de desembolsar hasta ahora porque los ayuntamientos no habían llevado a cabo los trámites pertinentes.

Por el contrario, la institución provincial se ahorrará 101.747 euros, la cifra resultante de sumar las cuantías de los diez municipios de Valladolid que han dejado pasar la última oportunidad para recibir esta antigua ayuda destinada a adaptar sus planeamientos a la Ley de Urbanismo de Castilla y León.

Cada uno de los pueblos, tanto en un sentido como en el otro, esconde una casuística. En San Martín de Valvení, por ejemplo, han llegado a tiempo después de diez años de «calvario» y de haber recurrido a tres empresas para elaborar las nuevas normas, aclaró el alcalde, Antonio Ibáñez.

Menos suerte ha tenido Villalón de Campos, el más rezagado de la provincia, pues tendrá que continuar con su Plan General de 1994 porque la ayuda de 9.055 euros aprobada en 2003 se anula definitivamente. En este caso el regidor, José Ángel Alonso, justificó que están a punto de finalizar la tramitación y de presentarla ante la Comisión de Urbanismo en un plazo de tres meses, pero no han querido que las prisas puedan provocar fallos en la redacción.

Eso sí, el edil terracampino confió en nuevas convocatorias o líneas de ayuda para hacer frente al desembolso, algo a lo que también apela su homólogo en Campaspero, la localidad que más dinero ‘pierde’, porque se rigen por normas de 1996. «Nos hace mucha falta», subrayó el alcalde, Julio César Hernando. En su caso sí han intentado resolver el expediente antes de que finalizara el plazo marcado por la Diputación, pero las «incidencias» detectadas hacen que se dilaten de nuevo los plazos.