Diario de Valladolid

Medina frena el IBI y sube el canon de coches de alta gama

Un Pleno extraordinario modificará el lunes los dos impuestos y aprobará exenciones por expedición de documentos / El resto de tributos sigue igual

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Santiago G. del Campo
Valladolid

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El Ayuntamiento de Medina del Campo aprobará el lunes, en un Pleno extraordinario, tres modificaciones de tasas e impuestos para el próximo año. Los cambios se referirán al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) y tasas por expedición de documentos administrativos.

En el caso de la ‘ordenanza fiscal número 1’, sobre el IBI, el Ayuntamiento propone reducir el índice corrector municipal del 0,88% al 0,81%, y así evitar incrementos del 7% u 8% que se han producido en los últimos años. El teniente de alcalde, Jorge Barragán, explicó ayer en rueda de prensa que al equipo de Gobierno le gustaría conseguir una bajada «más generalizada», pero «la Junta deja de invertir en la villa 750.000 euros al año», dijo, circunstancia que obliga «a ser más precavidos».

«Lo único que podemos hacer es evitar que suba el IBI a los vecinos de Medina del Campo, Rodilana y Gomeznarro, para no perjudicarles con una carga impositiva mayor», afirmó. «Entre 2016 y 2018 serían 527.000 euros lo que habría subido este impuesto a todos los contribuyentes propietarios de inmuebles. Significaría una media de unos 33 euros al año a cada contribuyente», añadió.

Significaría gravar «mucho más» a los vecinos de la localidad en un impuesto que, reconoció el teniente de alcalde, «ya tenemos alto».

Aunque no compense a las arcas municipales esta pérdida de ingresos –que alcanzará unos 300.000 euros–, el Ayuntamiento subirá, en cambio, el IVTM a los coches de alta gama. Es una medida que va poco más allá de lo testimonial –supone incrementar la recaudación unos 20.000 euros al año por ese concepto, debido al bajo número de vehículos de esas características que hay en la villa–, pero sigue la línea de lo planteado por Gana Medina en su programa electoral.

El impuesto para los vehículos de alta gama, entre los 16 a los 19,99 caballos fiscales, subirá casi un 13%, desde los 158 a 179 euros. El recibo de los de 20 caballos en adelante experimentará una subida del 33,3%, de los 168 euros actuales hasta los 224 de 2018.

Por su parte, las motocicletas de 500 a 1.000 centímetros cúbicos pasarán de 53,72 a 60,58 euros, y el impuesto a las de más de 1.000 pasa de 107 a 121,16 euros anuales.

CERTIFICADOS

La tercera modificación que aprobará el Pleno se refiere a la ordenanza fiscal número 6, reguladora de las tasas por expedición de documentos administrativos. A partir del próximo año no se cobrará en muchos casos (por ejemplo, los certificados de empadronamiento o los documentos de reagrupación familiar, necesarios para acceder a ayudas sociales). El resto de tasas no se modificarán en 2018 y tampoco los precios públicos.

«Lo que hace el Ayuntamiento es una rebaja fiscal muy importante del índice que depende de él», explicó Barragán en respuesta a este periódico. «En cuanto al impuesto de vehículos, lleva congelado desde 2012 y ahora sólo lo subimos a los coches de alta gama, porque defendemos que los impuestos tienen que ser progresivos, según la capacidad económica de cada ciudadano», añadió.

En cuanto a la supresión de tasas en la expedición de algunos documentos municipales, el objetivo está en «facilitar los trámites a las familias más necesitadas», argumentó el edil. «En resumen, tenemos que hacer políticas de justicia social y centradas en la gente».

Para no perder de vista ese objetivo de «justicia social» el Consistorio aprobó el pasado agosto, a instancias de Gana Medina (IU-Equo), la creación de un comité que velará por la aplicación de los servicios sociales.

Precisamente, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó ayer la aprobación definitiva del reglamento municipal que crea y regula ese ‘Comité de Ética de los Servicios Sociales’ de Medina del Campo. Se trata de un organismo pionero que servirá para «integrar los aspectos éticos en la atención a las personas» cuando «las decisiones técnicas pueden entrar en colisión con sus derechos y necesidades». Será un órgano de análisis y asesoramiento.

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