La Diputación unifica las obras del Plan de Ruinas

Los números demuestran el éxito del Plan de Ruinas de la Diputación: 191 municipios, de los 225 con que cuenta la provincia, tienen encomendada a la institución la tramitación de las declaraciones de ruina y la ejecución subsidiaria de las medidas necesarias.

La Diputación ha sabido canalizar un servicio que soluciona muchos problemas a los Ayuntamientos, sobre todo a los más pequeños. Tanto es así que, desde el inicio del programa en 2014, la Diputación ya ha demolido 11 inmuebles en ejecución subsidiaria, mientras que 13 propietarios han actuado voluntariamente –instados, eso sí, por alguno de los expedientes tramitados– sobre sus edificaciones.

Hasta ahora, la institución había licitado por separado cada una de esas intervenciones subsidiarias. La acumulación de casos ha llevado a cambiar la estrategia y, por primera vez, la Diputación licita en grupo una docena de intervenciones distintas, en once municipios. De esta forma «se optimiza el tiempo y se rentabiliza la inversión», explicaron ayer a este periódico fuentes de la institución.

A través del Área de Asistencia y Cooperación a Municipios, a cargo del diputado Alberto Collantes, la Diputación ha sacado a licitación el contrato, tal como publicó ayer el Boletín Oficial de la Provincia (Bocyl).Se trata de intervenciones subsidiarias en 12 edificios con declaración de ruina, pertenecientes a once municipios de la provincia.

El presupuesto base de licitación asciende a 220.000 euros, y el plazo de ejecución se prolongará durante doce meses. Aunque, tal como detallaron las mismas fuentes, una vez adjudicado se podrá dar el caso de que algunos de los dueños de estos inmuebles opten por ejecutar ellos mismos la intervención requerida en el expediente de ruina que les corresponda, y no llegar a materializarse con cargo a la Diputación. O bien podrían surgir casos cuya urgencia haga cambiar la lista de las actuaciones.

La ejecución del contrato se financiará con un gasto plurianual que distribuye el presupuesto global entre los años 2017 y 2018 al 50%, a razón de 110.000 euros en cada anualidad.

El Plan de actuaciones en materia de ruinas, se aprobó por acuerdo de Pleno de la Diputación de 29 de noviembre de 2013 para los municipios de menos de 1.000 habitantes. La rápida respuesta de los municipios propició un acuerdo de Pleno posterior, de 30 de mayo de 2014, que incluyó a los municipios de más de 1.000 y menos de 10.000 habitantes.

Mediante el Plan de Ruinas, los municipios interesados establecen convenios de encomienda de gestión a la Diputación, para la tramitación de los procedimientos de declaración de ruina de inmuebles en los que se deba intervenir por su deterioro, y para la ejecución subsidiaria de las medidas contenidas en estas declaraciones, así como para el procedimiento y ejecución subsidiaria de las órdenes de ejecución vinculadas directamente con la seguridad del dominio público.

Las primeras solicitudes de tramitación de ruinas y órdenes de ejecución datan de 2014. Desde ese momento, el número de inmuebles sobre los que los diferentes municipios interesados han solicitado actuaciones a la Diputación es de 352. La falta de personal para tramitar los expedientes es una de las principales razones por las que los pueblos encomiendan la gestión.

De ellas, 71 se han archivado, en la mayoría de los casos porque los particulares han intervenido directamente y ellos mismos han llevado a cabo la demolición o han adoptado las medidas de seguridad que pudieran afectar al dominio público antes de que se concluyeran los procedimientos iniciados.

ACTUACIONES DEL CONTRATO

Once municipios. El contrato contiene actuaciones subsidiarias de demolición de edificios o el establecimiento de medidas de seguridad en doce edificaciones de once municipios: Valdenebro de los Valles, Fresno el Viejo, Villanueva de San Mancio, Aldea de San Miguel (dos edificios), Palazuelo de Vedija, Villardefrades, Muriel de Zapardiel, Vega de Ruiponce, Pedrosa del Rey, Corcos del Valle y Tamariz de Campos.

Demolición o medidas de seguridad. La resolución de un expediente de ruina ordena la rehabilitación o la demolición del inmueble, o medidas de seguridad, con detalle de las obras y medidas necesarias para asegurar la integridad de los ocupantes y de terceros.