Diputación exige medidas contra la brecha digital
PP e IU-Toma la Palabra llevan dos proposiciones al pleno del viernes para pedir al Gobierno que garantice la óptima conexión de telefonía e internet en el mundo rural
El impulso a las nuevas tecnologías en el mundo rural centrará el debate del próximo pleno de la Diputación a través de las proposiciones, presentadas por el Partido Popular e IU-Toma la Palabra, con el doble objetivo de mejorar la cobertura de telefonía móvil y de conexión a internet. Ambas formaciones instarán al Gobierno a impulsar las acciones e infraestructuras necesarias para poner fin a la brecha digital y favorecer así el asentamiento empresarial y de población en entornos más desfavorecidos.
La primera propuesta llegará de la mano del PP –en consenso con Ciudadanos– y se centrará, por un lado, en solicitar tanto a la Junta como a la Administración central que «sigan trabajando» en medidas que ahonden en un «acceso de calidad» para todos los vecinos de la provincia, independientemente de su lugar de residencia y, por otro lado, en facilitar a la Diputación que pueda emprender actuaciones destinadas a mejorar la cobertura, vía subvenciones, puesto que en la actualidad la institución no tiene competencias en la materia, explicó el portavoz del PP, Guzmán Gómez.
En esta misma línea, IU-Toma la Palabra solicitará en la sesión plenaria de pasado mañana la elaboración de un estudio sobre el estado de implantación de los servicios de telecomunicaciones en la provincia después de que la Unión Europea aprobase la denominada Agenda Digital, en aras de conseguir que en el año 2020 toda la población tenga acceso a internet.
«Todavía hay municipios con verdaderas dificultades y las alternativas ofrecidas hasta ahora, a través del satélite, no están resultando tan efectivas como deberían, así que en algunas zonas la velocidad de navegación es escasa, se producen cortes o hay poca capacidad para compartir datos», avanzó el portavoz de la formación, Salvador Arpa, para justificar la petición de este informe de situación para conocer al detalle los progresos alcanzados y las dificultades aún sin resolver.
Dos proposiciones que inciden en el mismo objetivo de garantizar las conexiones de calidad en entornos rurales donde aún existen ‘sombras’ y que repercutirán, sostienen los grupos, en la implantación de industrias, facilitarán el trabajo a los autónomos, ayudarán en el mantenimiento de la población y permitirán avanzar en la administración electrónica. Cuentan, a priori, con el respaldo de todos los grupos, según avanzaron el resto de portavoces.
También por unanimidad se prevé que salga adelante la propuesta suscrita por el Partido Socialista, en la que instará a la Junta de Castilla y León a que «vuelva a cofinanciar» los Planes Provinciales, el plan de arreglo de caminos agrícolas, el de rehabilitación de iglesias y ermitas y el referido a reparación de escuelas.
«Son programas que dejó de financiarlos cuando comenzó la crisis y ahora queremos que vuelva a retomar la aportación económica en los mismos términos que antes», explicó la portavoz socialista, Teresa López.
Ciudadanos y Sí se Puede, por su parte, requerirán a la Diputación que ayude a los municipios en dos asuntos de índole económica. En el primer caso, la formación naranja solicitará medidas que contribuyan a apoyar a los ayuntamientos para «favorecer la devolución de las plusvalías a los vecinos de la provincia» por la venta de inmuebles. Además de informar a los contribuyentes sobre los pasos para «reclamar cantidades que se hayan cobrado injustamente», pedirá al órgano de recaudación de la Diputación, Reval, que modifique las ordenanzas fiscales para «dejar de cobrar plusvalías institucionales», según explican en un comunicado.
También a través del área de Asesoramiento a Municipios, Sí se Puede pedirá colaboración a la Diputación para que apoye a los ayuntamientos que quieran estudiar la reclamación de una tasa por uso de suelo público a las compañías energéticas. «Queremos que se ponga en marcha una comisión que se encargue de ayudar a los pueblos, porque puede suponerles un ingreso de entre 3.000 y 12.000 euros al año», avaló el portavoz de la formación, Héctor Gallego.
El pleno de este viernes será el primero que incluya un apartado de ‘preguntas al presidente’ en el orden del día, después de la aprobación de la medida impulsada por Ciudadanos.