Ultimátum en Olivares contra el sueldo de la alcaldesa
Los concejales de la oposición bloquearán el presupuesto hasta que no renuncie a su paga / Un pleno extraordinario lo debatirá el próximo lunes
Una nueva mayoría en la Corporación Municipal de Olivares de Duero dio este lunes un ultimátum a la alcaldesa socialista Raquel Sánchez: o renuncia al sueldo de 7.000 euros anuales con sus correspondientes gastos de Seguridad Social, o bloquearán los presupuestos municipales. Es, a grandes rasgos, el resultado del debate que se suscitó en el Pleno de anteayer, que tenía como objetivo aprobar las cuentas de 2007.
El ambiente en el Ayuntamiento se ha enrarecido hasta tal punto que tres de los cinco concejales del PSOE han abandonado la formación para continuar como no adscritos. Junto al único edil del Partido Popular, Diego Andrés, conforman una mayoría de cuatro votos en el Consistorio, contra los dos munícipes que le quedan al PSOE y el único de Ciudadanos. Los cuatro viven en el pueblo, mientras la alcaldesa y la edil socialista viven en Valladolid.
La situación del Consistorio es tan atípica que, aun como no adscritos, los tres disidentes, Jonathan Aguado, Fabiola Alonso y María del Carmen García, siguen siendo titulares de las áreas que les fueron asignadas, según explicó ayer Aguado a este periódico. El primero es concejal de Urbanismo, la segunda teniente de alcalde y la tercera está al frente de Cultura y Festejos.
«Exigimos que la alcaldesa deje de percibir el sueldo que se ha autoimpuesto, con un importe que para un pueblo de 306 habitantes nos parece excesivo», explicó Aguado. «Los concejales de la oposición estamos dispuestos a prescindir de nuestra asignación por asistencia a plenos, si así la alcaldesa elimina de los presupuestos ese sueldo». Una asignación que la regidora se atribuyó «con mentiras, alegando en principio algo tan estrambótico como que el dinero provenía de una subvención de la Diputación para alcaldes desempleados».
En una nota de prensa remitida por los cuatro ediles, aseguran que la alcaldesa «utiliza su puesto en el Ayuntamiento para convertir su actividad en una dictadura, con un ambiente insostenible». Como episodios en ese ambiente «insufrible», los ediles señalaron «conversaciones grabadas, amenazas, e incluso la negativa a miembros de la Corporación municipal a acceder a los ordenadores de uso público».
Tanto es el celo en prohibir el acceso al sistema informático del Consistorio, que Raquel Sánchez «ha negado la clave wifi del Ayuntamiento a los concejales». También la acusan de utilizar al alguacil en desplazamientos, «como chófer», servicio para el cual «ha tenido que modificar su horario de trabajo». La realización de «contrataciones a dedo» es otra de las acusaciones que dirigen a la regidora.
Los concejales estudiaron presentar una moción de censura pero no pueden hacerlo, tras la modificación del artículo 197 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que pretende poner coto al transfuguismo en esos procedimientos.
Según esa reforma, «en el caso de que alguno de los proponentes de la moción de censura formara o haya formado parte del grupo político municipal al que pertenece el alcalde cuya censura se propone, la mayoría exigida (mayoría absoluta) se verá incrementada en el mismo número de concejales que se encuentren en tales circunstancias».
Así, la única vía que les queda a los ediles disidentes es el del bloqueo a los presupuestos municipales. «Creemos que sus 7.000 euros, más la Seguridad Social (unos 2.000 euros), más las indemnizaciones de los plenos de los demás concejales (4.200), suman más de 13.000 euros que retornarían a las arcas municipales». La oposición quiere que esa partida se destine al pueblo, un municipio con un presupuesto que ronda los 340.000 euros anuales.
Tras posponer el debate de presupuestos en el Pleno de diciembre y en el de anteayer, la alcaldesa ha anunciado una sesión extraordinaria para el próximo lunes.
«Teníamos pensado hacer una comisión una hora antes, para que introduzca los cambios en el presupuesto», explicó el edil del PP, Diego Andrés. «Se trata de destinar ese dinero a otra partida, pero dudo que ella esté de acuerdo». En caso contrario, habría que prorrogar los presupuestos del año anterior, «y se perderían subvenciones». Este periódico intentó ayer recabar la opinión de la alcaldesa, sin éxito.