La Diputación visa el 58% de los casos del Plan de Ruinas

La Diputación de Valladolid ha atendido ya el 58% de las solicitudes presentadas por los 188 ayuntamientos adheridos al Plan de Ruinas impulsado por la Institución en 2013. Los números avalan la utilidad de este novedoso programa de gestión en sus tres años de funcionamiento. Si en 2014 los ayuntamientos tramitaron 95 solicitudes de actuación y 73 en 2015, en el recién concluido 2016 el número se disparó hasta las 153.

En muchas ocasiones, prácticamente uno de cada tres casos, los ayuntamientos desistieron de continuar el procedimiento, porque los propietarios del edificio en ruinas se avinieron a hacerse cargo de las actuaciones necesarias. «Muchas veces las notificaciones remitidas por la Diputación tienen el poder disuasorio suficiente para que los particulares reaccionen», explicó ayer la diputada de Asesoramiento Local, Natividad Casares, en su balance de actuaciones del plan durante el último año.

Así ha ocurrido en al menos un centenar de ocasiones. «A veces tenemos que orientar a los ayuntamientos para que prioricen los expedientes que quieren impulsar», añadió, y puso como ejemplo varios pueblos que presentaron una lista de quince actuaciones de gestión de ruinas a emprender, en particular uno de menos de 100 habitantes ubicado en Tierra de Campos, que solicitó 17.

A menudo los pequeños pueblos no tienen capacidad suficiente para hacer cumplir a los dueños de edificios en ruinas sus obligaciones en materia de seguridad. Por ello el Plan de Ruinas de la Diputación fue un éxito desde su inicio. «Nació como un plan para que municipios de menos de 1.000 habitantes encomendaran la gestión de edificios en ruina a la Diputación, pero luego se amplió a localidades de entre 1.000 y 10.000 habitantes», señaló Casares.

Tal es la efectividad de la encomienda que otras diputaciones, como Zamora y Palencia, han llevado la estrategia a sus provincias.

El Plan de Gestión de Ruinas, aprobado en Pleno a finales de 2013, consiste en la tramitación material de los expedientes de ruinas, ordenes de ejecución cuando peligra la seguridad, ejecución subsidiaria cuando los propietarios no las ejecutan, y el cobro a los propietarios de los gastos que se generen en este último caso. La Diputación ha dedicado a este programa un total de 89.500 euros entre 2015 y 2016.

Al cierre de 2016 fueron 188 municipios de la provincia (sólo 23 de más de 1.000 habitantes) los que se habían adherido al Plan de Ruinas. Los ayuntamientos deben hacerlo mediante un acuerdo plenario municipal. Por una parte se encomienda la gestión a la Diputación, y por otra se delega al Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión (Reval) la liquidación y recaudación de los gastos que se puedan generar en el curso del expediente.

El Servicio de Asesoramiento Local recibió un total de 321 solicitudes de actuación por parte de los ayuntamientos en esos tres años. Sólo 17 de ellas se rechazaron «por no reunir los inmuebles los requisitos exigidos o porque no han subsanado en plazo los defectos de forma de las solicitudes».

Una vez resuelto y declarada la ruina o la orden de ejecución, se notifica al particular qué tipo de actuación tiene que realizar sobre el inmueble, ya se trate de su demolición o de realizar las actuaciones que se indican en la orden de ejecución. A fecha 30 de diciembre de 2016 se habían resuelto definitivamente treinta expedientes de ruina, y había diez en tramitación. Se habían resuelto quince expedientes de órdenes de ejecución y permanecían otras nueve en tramitación.