Las trabajadoras del club de Medina se contradicen

Las tres trabajadoras rumanas que sobrevivieron al doble crimen del Club Las Vegas de Medina del Campo, ocurrido el 5 de octubre de 2014, se contradicen. La prueba testifical anticipada, grabada en el Juzgado de Instrucción número 1 de Medina del Campo 18 días después del suceso y proyectada ayer ante el jurado popular, no sirve para concluir si los disparos los realizó Manuel Martínez, a quien la Fiscalía considera autor material, o Adrián Blanco, su acompañante.

Sí coinciden las tres en señalar que los dos individuos entraron al local, lo que desmontaría la versión de Martínez, que sostiene que nunca entró al club y que se encontró a Blanco en las inmediaciones sin saber lo que había ocurrido. Los describen como «uno más alto que otro», que el alto era «más joven y con el pelo rapado» y el bajo «moreno y de aspecto agitanado», descripciones que no se contradicen con la de los dos principales inculpados.

Sin embargo, la luz tenue del establecimiento en el momento de los disparos; la falta de atención de las testigos (la segunda estaba más atenta a su teléfono móvil) o el pánico (la tercera asegura haber huido antes incluso de ver los disparos), impiden sacar más datos claros de sus declaraciones.

La primera en hablar aseguró que no se fijó en la cara del individuo «alto», pero que vio claramente cómo «el bajo» sacó el arma y disparó al propietario del establecimiento, Mariano Esteban, antes de huir ella por la cocina. La segunda testigo, que necesitó de una traductora, aseguró que quien habló con la víctima fue «el alto», y que cuando entraron los dos hombres, Mariano miró a las otras camareras «asustado». Según ella fue «el alto» el que sacó la pistola y disparó.

«Burla a la justicia»

La pésima calidad de las grabaciones de las testigos marcó negativamente la vista. Su sonido, ininteligible en la mayor parte de las dos horas de proyección, provocó la indignación de los abogados de la defensa, que consideraron que esa prueba les habría beneficiado.

Así, el letrado de Manuel Martínez elevó su «más enérgica protesta» y consideró que el estado del vídeo constituyó «una burla a la justicia, al Estado de Derecho y a los miembros del jurado». La mala calidad de la grabación se traduce, a su juicio, en una «clara indefensión».Por ello solicitó que se suspendiera el juicio hasta que se pudiera mejorar el sonido, o que se convocara de nuevo a las testigos. A su planteamiento se unieron otros dos defensores, mientras que el cuarto, el letrado de Pablo Azcona (acusado de encubrimiento), no se adhirió pero tampoco se opuso.

La magistrada de la sección cuarta de la Audiencia Provincial, que presidió la sesión, reconoció que la prueba estaba «mal confeccionada» y «muy incorrectamente hecha», pero se opuso, junto al fiscal, a la suspensión del juicio. Argumentó que en su deliberación el jurado tendrá en su poder la grabación y será cosa suya cómo valorarla.

Entre zumbidos, silencios y distorsiones sonoras, apenas se entendió alguna de las respuestas de la tercera camarera del Club Las Vegas. Vio entrar a dos hombres, se acercaron adonde estaba Mariano, y en un momento dado «el alto» agarró a la víctima a través de la barra del bar. Lo golpeó, sacó la pistola y comenzó a disparar, según su testimonio, aunque no vio los disparos porque en ese momento huyó.

El fiscal pide 42 años de cárcel para cada uno de los 3 principales implicados, Manuel Martínez, Adrián Blanco y Vicenta Panduro (20 años por cada víctima más dos por posesión ilícita de armas), y dos años para Pablo Azcona por encubrimiento.

La juez autorizó escuchas a dos identificados por error

Los letrados de la defensa basan su estrategia en las contradicciones de las testigos en cuanto a la identificación de los acusados. Y no sólo por lo que declararon ante la jueza del Juzgado de Instrucción número 1 de Medina del Campo en la prueba preconstituida, sino por las actuaciones policiales anteriores.

Y es que, antes de que Adrián Blanco relatara lo ocurrido a la Policía Nacional de Cáceres, el 11 de octubre de 2014, el mismo cuerpo policial había interrogado en Medina del Campo a las trabajadoras del club de alterne. Tal y como se suele hacer en esos casos, los agentes les enseñaron fotografías de varios sospechosos vecinos de la villa y de los alrededores, y ellas identificaron a dos: un tal Rubén F. y Roberto M., que nada tienen que ver con los encausados en el proceso judicial. Al ser la única pista con que contaba el Cuerpo Nacional de Policía, la jueza medinense llegó a autorizar que se intervinieran los teléfonos de esas dos personas, escuchas que no llegaron a hacerse efectivas, al entregarse en ese momento Adrián Blanco.

Esa circunstancia, acompañada del hecho de que después, cuando mostraron a las camareras las fotografías de Blanco y Martínez, tampoco los identificaron con demasiada claridad, es lo que quisieron poner de manifiesto los abogados de la defensa ante los miembros del jurado.

Así, solicitaron que se incluyeran en la documentación del jurado esas actuaciones policiales, para que tuviera conocimiento de ese testimonio de las camareras, en base al artículo 46 de la Ley delJurado, que habilita a las partes a añadir declaraciones que puedan aclarar contradicciones. La jueza no lo autorizó por considerar que el jurado ya tiene acceso a esa documentación.