La ley borra del mapa 16 polígonos y 10.800 viviendas

Extendieron la alfombra roja a finales de los años 90 para dar la bienvenida a nuevos vecinos e industrias, pero han tenido que volver a enrollarla sin que nadie llegara a pasar por ella, porque las viviendas y polígonos previstos sobre el papel nunca se desarrollaron y ya ni siquiera figuran sobre los planos. La ley ha borrado del mapa 10.862 viviendas y 16 polígonos en la provincia.

En total, 4.220 hectáreas de superficie repartidas en una decena de municipios que, en mayor o menor medida, cambiaron el uso del suelo para favorecer el crecimiento urbanístico y que, después de años con los proyectos guardados en el cajón, cambian de clasificación y se convierten en suelo rústico común.

En el cómputo total de la superficie afectada, 4.071 hectáreas estaban destinadas a la edificación de casas o de zonas residenciales, es decir, representaban el 96%, mientras que las 149 hectáreas restantes corresponden a áreas vinculadas al asentamiento de negocios. Pero los proyectos se quedaron en expectativas frustradas, en la mayoría de los casos sin visos de futuro, aunque en otros casos la intención de los ayuntamientos es volver a impulsaros tras los años de crisis.

La recalificación de los 58 sectores afectados en Valladolid responde a la aplicación de la Ley de Medidas sobre Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbana –rubricada en 2014–, que daba un margen de dos años para aprobar de forma definitiva los planes previstos antes del año 2000 sobre el suelo ubanizable.

Finalizado el plazo, la Junta confirmó que casi 11.500 hectáreas de la Comunidad, repartidas en 147 localidades, vuelven a ser pastos y tierras de cultivos desde el pasado 19 de octubre. Y en el listado figuran once municipios de Valladolid: Campaspero, Cigales, Esguevillas de Esgueva, Mucientes, San Miguel del Pino, Santovenia de Pisuerga, Tudela de Duero, Valdestillas, Viloria, Villalón de Campos y Zaratán.

En los más pequeños y alejados de la capital es donde menos repercusión ha tenido la aplicación de esta disposición, cuyo compromiso se basa en un «desarrollo sotenible y respetuoso con el medio ambiente, al eliminar las previsiones fallidas de desarrollo», añadió el Ejecutivo regional, que además suponen un «lastre» para los ayuntamientos.

«La corporación que había entonces preparó unos terrenos porque parecía que había intenciones de expansión, pero no hemos tenido mucho perjucio», explicó el actual alcalde de San Miguel del Pino, Enrique González, en referencia a las 51 viviendas ‘eliminadas’ sobre los 38.570 metros cuadrados que se clasificaron como urbanizables en 1998.

Viloria, con 57 casas en un sector de 16.671 metros cuadrados, Villalón, con 127 viviendas en tres sectores que suman 51.274 metros cuadrados, o Campaspero, que proyectó un polígono de de 66.500 metros cuadrados e incluso llegó a iniciar los trámites para el asentamiento de una planta de biomasa son pueblos que tienen que olvidarse de poder construir en determinadas zonas.

Otros ejemplos más ambiciosos son Valdestillas, que en 1997 previó 220 nuevas viviendas en dos sectores que suman 73.900 metros cuadrados, y Esguevillas, con 466 casas proyectadas en 2000, en ocho sectores alrededor del núcleo urbano, más dos polígonos que engloban 191.888 metros cuadrados.

Los grandes afectados, sin embargo, son los más grandes y próximos a la capital vallisoletana. De hecho, ahora están inmersos en la elaboración de nuevos planes de ordenación para adecuar su situación a las nuevas expectativas de crecimiento.

MUCIENTES

Eliminado el mayor proyecto de expansión de la Comunidad

Este municipio, situado a 20 kilómetros de Valladolid, es el más representativo, no sólo de la provincia, sino también de Castilla y León, aunque la aplicación de la ley para eliminar proyectos fallidos no les ha pillado por sorpresa. El año pasado el Tribunal Supremo confirmó la anulación de casi 6.800 viviendas en las 3.900 hectáreas de suelo urbano no delimitado, más otras 250 repartidas en otros tres sectores.

En total, este municipio próximo a la capital acapara el 64% de las viviendas anuladas en toda la provincia, al sumar 7.030 de las 10.800 totales. Un proyecto por fases pensado para llevarse a cabo a lo largo de varios años pero donde las tierras nunca dejaron de explotarse para la agricultura.

«Los pueblos tienen que desarrollarse y hemos constatado la necesidad de nuevas viviendas, pero guardando un equilibrio y apostando por un desarrollo sostenible y racional», sostuvo la actual regidora, Emiliana Centeno, quien avanzó que el Ayuntamiento ya está trabajando en las nuevas normas urbanísticas.

TUDELA DE DUERO

El nuevo PGOU recupera las zonas más cercanas al núcleo

Es el otro gran afectado de la provincia, pues ha tenido que acabar con las pretensiones de edificar 2.745 casas sobre casi 123 hectáreas, repartidas en 18 sectores y se queda también sin suelo para los tres polígonos que sumaban 288.854 metros.

«En su momento se declararon urbanizables sin verdaderos datos que justificaran el crecimiento del municipio», destacó el concejal de Urbanismo, Salvador Arpa, «y ahora vamos a ser más cautos», añadió.

El nuevo equipo de Gobierno trabaja ya en el Plan General y en él pretende «recuperar» como urbanizables algunas de las zonas recalificadas como rústicas. «Se reducirá la superficie de forma considerable, pero sí queremos facilitar el desarrollo del pueblo volviendo a recuperar las zonas más cercanas al núcleo», añadió, tras aclarar que en este nuevo PGOU se habría eliminado los sectores más alejados si no lo hubiera hecho la ley.

CIGALES

Los sectores industriales resucitan más divididas

La localidad apuesta también por recuperar el suelo eliminado, correspondiente a seis áreas industriales que suman 845.368 metros cuadrados, pero añadiendo cambios para favorecer el asentamiento de empresas que no se ha producido desde que en 1999 se habilitaran estos terrenos.

Para evitar que continúen vacíos, el Ayuntamiento plantea ahora una subdivisión más pequeña de dichos sectores, a fin de que sea más fácil su gestión porque han constatado que así se pueden «desarrollar mejor», destacó la actual alcaldesa, Pilar Fernández. «No es para dar respuesta a una demanda inmediata, sino una previsión a largo plazo».