Multa de 75.000€ a Cabezón por contrataciones ‘ilegales’

El Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga tendrá que devolver los 75.000 euros de ayuda pública recibidos en el año 2015 dentro del Plan de Empleo Local por haber incumplido las bases de este programa destinado a favorecer la inclusión en el mundo laboral de colectivos con mayores dificultades, ya que sólo 13 de las 15 personas que participaban se ajustaban a los requisitos exigidos.

A pesar de haber estudiado la posibilidad de recurrir la ‘multa’ interpuesta por la Junta de Castilla y León –a la que hay que sumar otros 3.500 euros de intereses de demora–, el Consistorio decidió en un pleno extraordinario celebrado el martes afrontar el coste y no dilatar una sentencia perdida.

«Antes de tomar la decisión, encargamos un informe a nuestro gabinete de abogados y no vieron viable que siguiéramos adelante porque estaba claro que se habían incumplido las bases de la convocatoria y que seguir adelante podría suponernos otro desembolso de 12.000 euros para pagar los costes del procurador, así que no vamos a arriesgarnos», explicó el alcalde de la localidad, Arturo Fernández.

Y es que del grupo de 15 contratados sólo dos eran parados de larga duración y tenían menos de 35 años o más de 45, cuando el programa establece que al menos la mitad deben cumplir este requisito, por lo que el número debía ascender a ocho personas.

Constatado el fraude, la nueva corporación municipal –liderada por Cabezón Se Mueve gracias al apoyo del PSOE– elevó al pleno el debate sobre la posibilidad de recurrir la decisión de la Junta de Castilla y León por la vía Contencioso Administrativa o afrontar el requerimiento, y finalmente decidieron asumir el pago con los votos a favor de los dos partidos en el Gobierno.

El Partido Popular, ahora en la oposición pero con mayoría absoluta durante la pasada legislatura, cuando se llevaron a cabo estas contrataciones, se abstuvo en la votación del pleno y ayer su portavoz y entonces alcalde de Cabezón, Víctor Coloma, desechó que exista una responsabilidad política.

«El equipo de Gobierno no entró a revisar los expedientes de cada una de las personas que cursó la solicitud, sino que es un tribunal técnico encabezado por el secretario el que se encarga de resolverlo», explicó antes de subrayar que el PP se «mantuvo al margen» al tratarse de «un tema administrativo».

Sin embargo, contra el equipo de Alcaldía de la legislatura 2011-2015 se dirigirán ahora las acciones que emprenda el nuevo grupo de Gobierno de Cabezón de Pisuerga. Porque, lejos de dar carpetazo al asunto, han anunciado que estudiarán medidas legales y solicitarán su «responsabilidad patrimonial» para que asuman las consecuencias económicas.

«Las bases para contratar al personal son tan claras que en ningún momento pensábamos que se pudieran hacer las cosas tan mal», añadió el concejal socialista Pedro Pablo Santamaría, quien acusó al equipo anterior de «haberse saltado la ley a la torera». El PSOE se suma también a la propuesta de exigir al PP que asuma su responsabilidad «porque al final quien va a pagar las consecuencias son los vecinos», añadió.

Por el momento los 3.500 euros de coste por los intereses de demora se sufragarán este año, mientras que el pago de los 75.000 euros pendientes, a expensas de saber si es viable reclamárselo al PP, se estudiaría de cara al próximo presupuesto municipal.