Tordesillas apela al Constitucional para recuperar su Toro de la Vega

El Ayuntamiento de Tordesillas quiere acudir en solitario al Constitucional y manejar así las riendas del procedimiento en defensa del Toro de la Vega. Sus servicios jurídicos plantearán un Conflicto en Defensa de la Autonomía Local (CDAL). De esa manera, el Consistorio eludirá los complicados requisitos que recoge la Ley Orgánica del Tribunal, según la cual sería necesario el apoyo de 50 diputados o senadores; del Defensor del Pueblo o del presidente del Gobierno para iniciar un recurso de inconstitucionalidad.

No serán necesarias tales condiciones si prosperan las razones planteadas por el CDAL, destinado a resolver un conflicto de competencias. Considera que el Decreto de la Junta, pese a que ‘se viste’, en la forma, como una norma de carácter general, en el fondo es una disposición destinada únicamente a una celebración: el Toro de la Vega de Tordesillas, único festejo taurino tradicional que contempla en su desarrollo la muerte de la res.

Tordesillas podría invocar así el CDAL, creado por la Ley Orgánica 1/1999 de 21 de abril. Con él los entes locales pueden impugnar leyes o normas con rango de ley, tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas, que lesionen esa autonomía constitucionalmente garantizada. Para ello es importante acreditar que Tordesillas es el destinatario único del Decreto, porque de otra forma debería contar con el apoyo de un séptimo de los municipios existentes en el ámbito territorial de la norma, que a su vez representaran al menos a un sexto de la población.

El Pleno de Tordesillas aprobará en su sesión de esta noche el inicio de la tramitación, que apoyarán los concejales del PSOE y del PP. Son todos menos la única representante del Grupo Municipal de Tordesillas Toma la Palabra (TTLP).

El procedimiento se iniciará con un informe de los servicios jurídicos municipales. En un plazo de tres meses desde la aprobación del Decreto, el Ayuntamiento deberá solicitar un informe, preceptivo pero no vinculante, al Consejo Consultivo de Castilla y León, tras el cual el Ayuntamiento podrá plantear el Conflicto propiamente dicho ante el Tribunal Constitucional. Si el máximo intérprete de la Carta Magna lo admite a trámite, el proceso concluirá de la forma prevista para las cuestiones de inconstitucionalidad.

El recurso que aprobará esta noche el Pleno tordesillano esgrime que la Junta declaró el Toro de la Vega Festejo Taurino Tradicional por el Decreto 14/1999 de 8 de febrero, y protegió sus bases reguladoras, aprobadas por acuerdo plenario municipal. La ordenanza se modificó posteriormente en 2013, para incluir un régimen sancionador, y se aprobó igualmente.

Tordesillas pondrá de manifiesto que de los 25 festejos taurinos de la Comunidad autónoma que ostentan la declaración como tradicionales por la Junta de Castilla y León, ninguno recoge en sus bases de regulación la muerte en público de reses, por lo que el Decreto Ley 2/2016 de 19 de mayo tiene como objeto únicamente el Toro de la Vega de Tordesillas.

Por otra parte, el Consistorio pone en duda la urgencia de la medida, necesaria para justificar un Decreto Ley. De otro modo, la norma no hubiera estado exenta del trámite de audiencia o información pública, «lo que lleva a pensar que se ha utilizado la vía del Decreto Ley para sortear ese trámite», reza el documento al que ha tenido acceso este periódico.

La naturaleza de la Tauromaquia como patrimonio cultural, que el preámbulo de la Ley 18/2013 extiende también a «las tradiciones y festejos populares vinculados al mundo del toro», es otro de los argumentos que sostiene el Ayuntamiento tordesillano, así como el mandato constitucional de que las Administraciones protejan ese patrimonio, recogido en el artículo 46 de la norma fundamental del Estado. Un mandato de conservación y enriquecimiento «que quedaría definitivamente lesionado con la regulación que pretende el Decreto Ley 2/2016».

Finalmente, el citado Decreto Ley «atribuye a la Administración de la comunidad de Castilla y León una facultad supervisora y aprobatoria de las ordenanzas y reglamentos municipales», lo que vulnera la Ley de Bases de Régimen Local, que las atribuye al Pleno del Ayuntamiento. Significa «una vulneración de su potestad reglamentaria, y supone una paralización del legítimo ejercicio de autoorganización, vulnerando e infringiendo la autonomía local constitucionalmente garantizada», concluye el recurso.

FUNDAMENTOS DEL PROCEDIMIENTO

Legitimidad para presentarlo. «Ninguno de los 25 espectáculos taurinos tradicionales de Castilla y León contempla la muerte de reses. Se deduce que el destinatario único del Decreto Ley es el Toro de

la Vega, y el Ayuntamiento

de Tordesillas».

Falta de urgencia. Otro tipo de norma llevaría aparejado un trámite de información pública, lo que «lleva a pensar que se ha usado la vía del Decreto Ley para sortear ese trámite».

Potestad municipal. «El Decreto Ley atribuye a la Junta una facultad supervisora y aprobatoria de ordenanzas y reglamentos municipales, lo que vulnera la Ley de Régimen Local».