El PSOE demanda que los servicios se regulen por ley

El Grupo Provincial Socialista rechaza el informe sobre el Estudio de Zonificación de las Unidades Básicas de Ordenación y Servicios del Territorio (Ubost), que hoy visará el Pleno de la Diputación con el único voto a favor del Grupo Popular y las abstenciones de Valladolid Toma La Palabra-IU-Equo y Ciudadanos. El voto de Sí Se Puede se sumará a los emitidos en contra.

Así se puso de manifiesto ayer en la Comisión de Asistencia y Cooperación, que informó favorablemente el informe, solicitado por la Junta de Castilla y León según establece la Ley 7/2013 de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio (Lorsergo).

Pese a que, según el equipo de Gobierno de la Institución provincial, el informe «recoge la mayor parte de las propuestas planteadas por los diversos grupos políticos provinciales», no ha logrado la confianza del principal de la oposición. El PSOE considera que no incluye «un punto innegociable que hemos planteado en nuestras propuestas políticas», explicó ayer a este periódico su portavoz, Teresa López. «No se ha asumido que los servicios que recogen los mapas tenían que incluirse con fuerza de ley». Sin embargo, el equipo de Gobierno «ha presentado un informe con muchas de nuestras propuestas y lo ha firmado como propio», añadió la diputada provincial.

A juicio de López, «el informe que presentó el PP era totalmente técnico, y nosotros creemos que no estamos aquí para avalar de ese modo un informe, sino para darle contenido político. Para lo otro ya tiene la Junta a sus propios técnicos».

Entre las propuestas de los grupos de la oposición incluidas, la Diputación informó de iniciativas como la modificación de la Ubost que afecta a los municipios de Boecillo, Viana y La Cistérniga, al no existir contigüidad espacial, solicitando que la Ley incorpore una disposición en la que se reconozca la excepcionalidad de este último.

La Diputación solicitará también que el mapa que se someta a la aprobación de las Cortes de Castilla y León, se acompañe de una memoria en la que se indiquen los criterios para la determinación de los servicios que va a recibir cada uno de los municipios de la provincia, así como el lugar donde los va a recibir y el estándar mínimo de cobertura para cada uno de ellos.

El informe solicita también que se garantice la pervivencia de las mancomunidades existentes y que se las incluya en las medidas de ayudas y estímulos de fomento a las mancomunidades de interés general, además de pedir que se dé trámite de audiencia a la Diputación en el proceso de aprobación del reglamento por el que se determine la cartera común y homogénea de materias, competencias y funciones propias de las mancomunidades y los consorcios.

Asimismo, la Diputación de Valladolid «solicita a la Junta que se garanticen todos los servicios públicos existentes, se corrijan las deficiencias con la ampliación y se mejore la prestación de todos los servicios en el medio rural con el objetivo de garantizar la cohesión territorial, y garantizar el acceso en condiciones de igualdad».