Diputación oferta 125 plazas tras 5 años de congelación
Pretende consolidar los puestos que ahora cubren interinos / La Comisión de Hacienda y Personal visa la venta de una de sus parcelas en Villa del Prado
Parcela número 36 del sector 18, entre las calles Monasterio de la Santa Espina y Palazuelos.-J. M. LOSTAU
La Diputación Provincial de Valladolid aprobó ayer, en fase de comisión, la Oferta de Empleo Público para 2016, que estará dotada con 125 plazas. Se trata de la primera vez en cinco años que la Institución provincial convocará nuevas plazas de funcionarios de carrera –la última vez lo hizo en 2011–, debido a las restricciones impuestas por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y el Real Decreto-Ley 20/2012.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 permite la incorporación de personal de nuevo ingreso mediante la tasa de reposición del 50% con carácter general, y del 100% en sectores prioritarios. Así, la Diputación podrá consolidar las 114 plazas de plantilla que se han venido ocupando en este lustro con personal interino, y aumentar 11 plazas más.
La Comisión de Hacienda, Personal Nuevas Tecnologías de la Diputación dictaminó ayer favorablemente la oferta, que deberá aprobar definitivamente la Junta de Gobierno. El mayor número de vacantes a cubrir corresponde a los auxiliares de clínica y enfermería, con 50 plazas, seguidos por los conductores bomberos, con 12; auxiliares administrativos, con 7 y técnicos de educación y cultura, con 6 plazas.
Otros puestos ofertados corresponden a auxiliares de cocina (5), ATS (5), arquitectos (4), técnicos de administración general (4) o conductores (4). Con entre 1 y 3 plazas se ofertan también puestos de asesores económicos, médico, psicólogo, informadores, programadores, animadores comunitgarios, aparejadores, ingeniero de obras y trabajadores sociales, entre otros.
«Nuestra intención es que estas plazas puedan transformar los puestos de interinos en funcionarios de carrera», explicó ayer a este periódico el diputado delegado de Personal, Agapito Hernández. «Las plazas se irán sacando a oposición a lo largo de los tres próximos años», añadió, para lo que se necesitarán «en torno a 20 ó 22 convocatorias distintas».
Las 125 plazas suponen en torno al 15% del personal de la Diputación, que supera los 800 empleados. La Institución dedica a personal una partida anual de unos 33 millones de euros.
Por otra parte, la misma comisión dio ayer luz verde a la enajenación de la parcela número 36, sector 18, una de las once que todavía conserva la Diputación en el planparcial Villa del Prado. Tal y como avanzó este periódico en su edición del 2 de enero, la Institución provincial ‘resucita’ así la venta de suelo en un área de la ciudad en la que poseyó numerosas fincas. Su comercialización significó una abundante fuente de ingresos durante los años 90 y principios de los 2000, que se utilizaron, sobre todo, para la financiación de los Planes Provinciales.
La Comisión extraordinaria de Hacienda, Personal y Nuevas Tecnologías, presidida por el diputado Guzmán Gómez Alonso, inició los trámites de la operación. El órgano informó favorablemente tras el voto a favor de los grupos de PP y PSOE (Ciudadanos no acudió), y la abstención de Toma la Palabra (TLP) y Sí Se Puede (SSP). La venta se realizará mediante subasta pública, con tramitación ordinaria y procedimiento abierto.
En el presupuesto general de la Diputación para el ejercicio 2016 está prevista la enajenación de ese bien inmueble de carácter patrimonial, con un valor tasado en 852.765 euros. Se trata de una parcela de 1.922 metros cuadrados, con una edificabilidad máxima de 1.500 metros cuadrados, lo que daría cabida a unas seis viviendas de carácter unifamiliar. La altura máxima de la edificación será de 7,25 metros, y el número máximo de plantas sobre rasante, de dos (baja más una).
El destino de los ingresos obtenidos «será la financiación de las inversiones a ejecutar con cargo a este ejercicio», informó ayer la Diputación provincial. Sin embargo, precisamente las dudas sobre la legalidad de ese destino –aun cuando los informes jurídicos son favorables–, son las que propiciaron la abstencion de TLP y SSP en la comisión. Y es que está previsto que al menos 500.000 euros de esa partida se invertirán en software y soporte informático.
Una vez aprobado el inicio del expediente por parte de la Junta de Gobierno, éste se someterá a información pública mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincial y en el tablón de anuncios de la Diputación. El expediente estará expuesto al público en la Secretaría General de la Diputación, durante 20 días hábiles desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el BOP, en horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes y de 8,30 a 12,30 horas los sábados.
TLP y SSP dudan de la conveniencia de la inversión
Los grupos provinciales de TLP y SSP se abstuvieron ayer en la Comisión, por tener «dudas» sobre la conveniencia del detino de los fondos que se obtengan por la venta del suelo.
«Dudamos en cuanto a que se puedan considerar inversiones las adquisiciones de aplicaciones informáticas», explicó en respuesta a este periódico el portavoz de TLP, Salvador Arpa. «Entendemos que deberían ser inversiones que aumenten o mantengan el valor del suelo».
A juicio de Arpa, el dinero procedente de una «pérdida de patrimonio provincial» tiene que revertir «en el mantenimiento o incremento del propio patrimonio».
Aparte del gasto en ‘patrimonio inmaterial’ informático, la Diputación prevé una partida de unos 125.000 euros para obras de remodelación y arreglos en edificios de la propia Institución.
El diputado de Hacienda, Nuevas Tecnologías y Personal, Guzmán Gómez, justificó el gasto en que la Diputación «tiene en proyecto la Administración electrónica, y para eso hay que adjudicar contratos importantes». Sin embargo, Guzmán cree precipitado hablar del destino de los fondos, pues el trámite del expediente aún se prolongará al menos tres meses «y podría no presentarse nadie».