Valdestillas
El PSOE destapa un agujero de 2 millones en Valdestillas
Un informe municipal concluye que el ex alcalde Tomé utilizó la Sociedad Municipal de la Vivienda «como un instrumento que manejaba a su antojo»
El ex alcalde ‘popular’ de Valdestillas, Julio Fernández Tomé, cometió prevaricación en su etapa al frente de la Sociedad Municipal de la Vivienda (SMV), convertida en «un instrumento que manejaba a su antojo y de forma absolutamente personal», según concluye un reciente informe jurídico al que ha tenido acceso este periódico.
El estudio, realizado por el letrado José Largo y encargado por el actual alcalde socialista, Jesús Román, desgrana la «muy mala administración» de la SMV desde su constitución, el 23 de febrero de 1999, hasta la dimisión de Tomé como primer edil de Valdestillas y, por tanto, como presidente de la entidad, el 15 de julio de 2008.
El objetivo del informe es depurar responsabilidades de cara a afrontar la elevada deuda municipal, de más de dos millones y medio de euros, que triplica el presupuesto anual del Ayuntamiento. La mayor parte de la misma corresponde a la SMV que, aunque dada de baja temporalmente en el Índice de Entidades Jurídicas por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en 2011, por no presentar las debidas cuentas anuales, aún no se ha disuelto. Más de un millón de euros corresponden a una deuda con Cajamar (antigua Caja Rural del Duero), con quien la Sociedad formalizó un préstamo avalado «fraudulentamente» por el Ayuntamiento.
Entre las muchas actuaciones irregulares cometidas por Tomé, según el documento, está su firma en la póliza de crédito por valor de 1,14 millones de euros, actuando a la vez como presidente de la SMV y como alcalde del Ayuntamiento de Valdestillas, convertido en fiador cuando el Pleno de la Corporación no lo había autorizado.
Para abundar en las actuaciones irregulares del Consistorio cuando estuvo al frente Tomé, el informe desvela que el secretario del Consejo de Administración de la SMV, que lo era a su vez del Ayuntamiento, certificó en ambas entidades que el Pleno había aprobado actuar como fiador del crédito.
Un certificado del secretario del Ayuntamiento asegura, según el informe, que la Corporación, por resolución de 30 de marzo de 2005, «acordó avalar a la SMV en garantía de una operación de crédito a largo plazo con un plazo de amortización de 20 años, concertada con Caja Rural del Duero por importe de 685.000 euros». El mismo certificado faculta a Julio Fernández Tomé para formalizar el aval en representación del Ayuntamiento.
Ambas certificaciones son «una auténtica falsedad», según el estudio. Por ello, el Ayuntamiento ha iniciado acciones para solicitar, por vía administrativa, la nulidad de la resolución del ex alcalde en relación con el aval de Cajamar, y por vía civil, los daños y perjuicios que sean pertinentes a los administradores de la sociedad.
En cuanto a la vía penal, algunos de los delitos por presunta falsedad documental, administración desleal y prevaricación ya han prescrito, al haber pasado más de diez años, pero las denuncias se realizarán «en cuanto el abogado concrete los delitos cometidos y los nombres y apellidos de las personas que los cometieron», explicó ayer Román en respuesta a este periódico.
El Pleno de Valdestillas facultó a su alcalde, el 2 de diciembre, para emprender las oportunas acciones legales. La Corporación celebró otro Pleno extraordinario dos semanas después, el pasado día 16, para constituir la Junta General de la SMV y así poder demandar en nombre de la Sociedad a los administradores desleales.
La ex alcaldesa del PP, Esperanza Herrero, sucesora de Tomé, prefirió ayer no hacer declaraciones, aunque sí rechazó cualquier responsabilidad en lo sucedido con la SMV.