Multa de 5.200€ al activista encadenado en Tordesillas

La Subdelegación del Gobierno de Valladolid inició la pasada semana un expediente sancionador contra Adrián Sánchez, el joven que se encadenó a una señal de tráfico en Tordesillas durante la pasada edición del Toro de la Vega, en el recorrido del festejo. Impone una multa de 5.200 euros y abre un periodo de pago voluntario de 15 días, durante el cual Sánchez podrá beneficiarse de una bonificación del 50% del importe, tal y como sucede en el caso de multas de tráfico.

Sánchez se encadenó por el cuello, con un aparejo metálico –de los que se usan para inmovilizar motos y bicicletas–, a una señal de tráfico el 15 de septiembre. Lo hizo en el cruce de la rotonda de la N-620, en pleno recorrido del Toro de la Vega. La Policía considera que puso en riesgo la vida de los agentes de seguridad, de las personas que se disponían a presenciar el festejo y también de otros activistas antitaurinos concentrados en el lugar. Fue necesaria la intervención de los bomberos para liberarlo.

El expediente explica que el dispositivo de seguridad, antes de dar el visto bueno al inicio del Torneo, previsto para las once de la mañana, había preguntado si había alguien en el lugar que, por estar impedido, no pudiera salir por sus propios medios del recorrido, a lo que ninguna persona, incluido el denunciado, informó de la existencia de participantes encadenados. Así, la organización procedió a la suelta del toro.

El documento detalla cómo, cuando el astado pasó por el lugar donde Sánchez se encontraba encadenado, un agente permaneció allí para garantizar la seguridad de los participantes, incluso los que se encontraban en actitud pasiva. Algunos cercanos al sancionado levantaron los brazos sobre la señal para protegerle, con el consiguiente peligro para todos, también para otros que, con el fin de alejar al toro del lugar, le citaban desde otro ángulo del recorrido.

Los hechos, según el expediente, constituyen una infracción administrativa grave, tipificada en el artículo 36.1 de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. Si Sánchez lo recurre, se sucederían otras fases y el procedimiento se podrían prolongar un año, explicaron a este periódico fuentes de la Subdelegación.

El Partido Animalista Pacma negó ayer que la organización tenga vínculo alguno con el activista antitaurino sancionado. «Nosotros convocamos otro tipo de manifestaciones, como la concentración multitudinaria que tuvo lugar en Madrid contra el Toro de la Vega, pero el día del festejo no queremos estar allí», explicó la presidenta, Silvia Barquero. «Nosotros creemos que el Ayuntamiento de Tordesillas tiene responsabilidad por soltar el toro cuando no debía, pero entendemos que Adrián actuó por su cuenta y no tenemos nada que ver», aclaró.