Impulso a un plan provincial contra la pobreza energética

Las dificultades para pagar los recibos de la luz o para mantener una temperatura adecuada en los hogares durante los meses de invierno han dejado de ser un problema de emergencia puntual para algunas familias y se han enquistado en el tiempo debido a la crisis económica, por lo que la Diputación de Valladolid se comprometió ayer a estudiar un plan provincial para atajar, desde diferentes ópticas, la denominada pobreza energética.

El primer paso, según se acordó ayer por unanimidad a instancias de una propuesta presentada en el pleno por Sí Se Puede, será la creación de una comisión técnica en la que estén representados los cinco grupos, para ver qué papel puede desempeñar la Diputación a la hora de ayudar a los vecinos que atraviesan dificultades.

Más allá de las ayudas económicas que ya se conceden para situaciones de emergencia, el nuevo plan pretende ofrecer una respuesta integral durante periodos prolongados –aunque no se concretó si serán los dos años que solicitó el diputado de la formación morada, Héctor Gallego– y asesoramiento social para garantizar modelos de gestión eficiente en las viviendas.

Un compromiso de actuación alcanzado después de que a lo largo de 2015 la Diputación haya concedido 150 ayudas en materia de pobreza energética de las 159 solicitudes recibidas, según explicó el diputado de Servicios Sociales, Conrado Íscar, que cifró después en 39.000 euros el desembolso realizado desde las arcas provinciales a lo largo de este año.

A falta de cerrar el presente ejercicio, el responsable del área avanzó que ha habido un incremento de peticiones desde que en 2014 se habilitara una partida específica para hacer frente al pago de suministros del hogar, dentro de las consideradas como ayudas de emergencia, dotadas con 300.000 euros, que abarcan supuestos como la adquisición de libros o la alimentación infantil.

De hecho, en la actualidad una de cada cuatro solicitudes de las 602 recibidas este año están relacionadas con la pobreza energética. De ellas, se han aprobado 548, explicó Íscar, lo que supone que se han concedido el 91% de las peticiones realizadas por vecinos del mundo rural.

Además, con el objetivo de extender entre la población el catálogo de servicios que ofrece la Diputación en materia de ayuda social, la institución está inmerso en un plan de difusión para iniciar una campaña informativa.

También con el objetivo de mejorar los canales de comunicación, el pleno aprobó de forma unánime una propuesta de Ciudadanos para implantar un nuevo sistema de reclamaciones, sugerencias y peticiones de información.

Además de ‘simplificar’ el buzón de sugerencias de la página web y de abrirlo a la participación para asegurar una «comunicación fluida», la diputada de la formación naranja, Pilar Vicente, solicitó la elaboración de informes mensuales en función de las quejas recibidas y abogó por abrir una línea telefónica de atención al ciudadano puesto que en el medio rural residen muchas personas mayores que no tienen acceso a internet, o no saben conectarse a la red.

Los grupos coincidieron al señalar que sería necesaria más publicidad para que los vecinos conozcan de la existencia de esta herramienta y se acordó derivar a las administraciones competentes las reclamaciones que no dependan directamente de la Diputación.

Según explicó el portavoz del Grupo Popular y diputado de Nuevas Tecnologías, Guzmán Gómez, en lo que va de año se han recibido 109 quejas o consultas en las diferentes áreas frente a las 152 de todo 2014, con un tiempo de respuesta de entre uno y tres días.

La gran ‘ausencia’ en el pleno de ayer fue el presupuesto para 2016, que se debatirá en una sesión extraordinaria o en el pleno ordinario de diciembre, en aras de alcanzar el mayor consenso posible.