El TSJ cierra el caso de la rotonda

El ‘caso de la rotonda’ de Medina del Campo se cerró ayer con la aceptación de las penas por parte de los acusados, que comparecieron ante los tres magistrados de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla yLeón (TSJ). Termina así un largo proceso que se instruyó en primera instancia en los Juzgados de la villa. Después de tres años de pesquisas, se elevó en 2014 al TSJ por la condición de aforado del principal imputado, Crescencio Martín Pascual. El exalcalde de Medina, del Partido Popular, ocupaba entonces un escaño como procurador en las Cortes regionales.

Martín Pascual se libra así de la celebración del juicio oral, gracias al acuerdo suscrito entre la defensa y la Fiscalía. En una vista que duró apenas cinco minutos, los tres encausados comparecieron en la sede del TSJ en Burgos ante el Tribunal, presidido por José Luis Concepción. En ese momento se dictó sentencia in voce, es decir, en el mismo acto y de forma oral. Así, las partes se dieron por notificadas tanto de la sentencia como de su carácter firme.

Como principal imputado, Martín Pascual aceptó una condena de un año de prisión por la adjudicación irregular de una rotonda a la salida de la carretera de Olmedo, que facilita el acceso al polígono Escaparate. Supone el reconocimiento de los delitos de prevaricación administrativa y fraude a la Administración pública, por los que acepta también ocho años de inhabilitación para desempeño de cargo y empleo público. El fiscal pedía inicialmente dos años de prisión.

Los otros dos acusados también aceptaron sus penas. En primer lugar, el que fuera concejal de Urbanismo, Javier Rodríguez Herranz, aceptó ocho años de inhabilitación por delito de prevaricación y otros seis meses de suspensión, por falsificación de certificados.

Por otra parte al representante legal de Construcciones Hermanos Sastre, Siricio Sastre, en calidad de cooperador necesario, se le adjudican cuatro años y medio de inhabilitación. El fiscal retiró todos los cargos contra una cuarta persona que fue imputada en una fase inicial, el arquitecto autor del proyecto y director de obra, Julián Alonso Chillón.

Por otra parte, los tres encausados, en concepto de responsabilidad civil, habrán de abonar, conjunta y solidariamente, una indemnización al Ayuntamiento de Medina del Campo por importe de 20.793 euros. Responde en primer lugar de esta cantidad, como responsable civil subsidiaria, la empresa Construcciones Hermanos Sastre.

El propio Martín Pascual se mostró ayer satisfecho en respuesta a este periódico. El ex primer edil siempre ha defendido que durante su gestión «se cometieron errores» en la licitación de la rotonda, pero que ni él ni su equipo tuvieron intencionalidad y que ni él ni nadie de su equipo se enriqueció personalmente con esas irregularidades.

En la práctica, el caso ha supuesto el fin de la actividad política de Martín Pascual, que el pasado miércoles dimitió del último cargo orgánico que le quedaba en el PP como presidente de la Junta Local de Medina del Campo.

Por su parte,Javier Rodríguez también se mostró satisfecho del fin del proceso de la rotonda, con el que podrá «cerrar definitivamente la puerta a la actividad política», de la que no quiere «saber nada», dijo en respuesta a este periódico.

Los hechos se remontan a agosto de 2009, cuando una empresa interesada en la licitación detectó que se estaban realizando obras muy avanzadas en la rotonda del kilómetro 2,5 de la C-112 (la salida a Olmedo), sin haber sido adjudicadas. El presupuesto de licitación era de 324.531 euros. El Ayuntamiento recepcionó las obras en noviembre del mismo año 2009, con una serie de mejoras propuestas por la empresa ejecutora (Construcciones Hermanos Sastre). El presupuesto había ascendido a 423.531 euros.