educación
Abierto el plazo de ayudas para la reparación de colegios este verano
Los municipios interesados deberán presentar un informe técnico donde se especifique las reparaciones que resulten necesarias
Se acerca el verano, o al menos eso nos hace creer el calendario, y con él el periodo vacacional de los escolares. Casi tres meses de cierre de las aulas que se aprovecharán para realizar labores de mantenimiento, gracias a las ayudas que Diputación y Junta vuelven a poner en marcha este año para reparaciones menores en los colegios.
En total, 300.000 euros sufragados a partes iguales por ambas instituciones públicas, con el objetivo de eliminar barreras arquitectónicas, sustituir equipamientos deteriorados o mejorar la seguridad y confortabilidad en los centros escolares de los municipios de la provincia, a excepción de la capital.
Hasta el próximo martes los ayuntamientos tienen plazo para poder solicitar esta subvención destinada a «incentivar la reparación, conservación y mejora de los colegios de educación infantil y primaria del medio rural», por la que el año pasado se beneficiaron 63 escuelas de las 76 que concurrieron a la convocatoria.
Instalación de toldos, acondicionamiento de vallas, sustitución de persianas, ventanas o carpintería, reparación de aseos, pavimento o pintura; instalación de sistemas de calefacción o calderas; arreglo de cubiertas y goteras; o consolidación de muros son algunos de los trabajos más demandados.
Labores que, en todo caso, tendrán que estar finalizadas antes del 15 de septiembre de este año, reza el pliego de condiciones, para evitar que las obras interfieran en el desarrollo del nuevo curso escolar.
Los municipios interesados deberán presentar un informe técnico donde se especifique las reparaciones que resulten necesarias, así como un presupuesto aproximado de la obra, que Diputación y Junta sufragarán con un máximo del 80% de la cuantía, si bien el pasado año la media de ayuda se cifró en el 22% sobre el importe de su estudio.
Una vez recibidas las solicitudes, será la comisión de seguimiento, compuesta por dos representantes de cada administración –provincial y autonómica–, la que se encargue de seleccionar los proyectos prioritarios y de valorar el dinero a percibir para acometer las mejoras.