Obras
La Seguridad Social retoma en Valladolid la sede de Rondilla tras un parón de tres meses
El tribunal autoriza al Ministerio a continuar con los trámites para contratar estas obras valoradas en 5,7 millones, después de que un recurso interpuesto por la adjudicataria elegida en 2019 obligara a suspender el procedimiento
La futura sede de la Seguridad Social de la Rondilla acaba de reponerse del último tropiezo y, después de varios meses de parón administrativo, se retoman de nuevo los trámites para contratar las obras de finalización del edificio. Tres meses, en concreto, ha estado el vigente procedimiento congelado, porque la empresa Trauxia, la misma que dejó empantanados los trabajos iniciados hace casi un lustro, presentó una reclamación que obligó al Gobierno a suspender este verano las gestiones.
Fue el 8 de agosto cuando la citada mercantil –con domicilio social en Madrid– interpuso un «recurso especial en materia de contratación» que obligó al Ministerio de dirige Elma Saiz a echar el freno y a dejar el asunto en punto muerto a la espera de que se pronunciara el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, que precisamente ha levantado la suspensión hace unos días. Esta resolución implica que el expediente puede continuar su camino.
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Se retoma, por tanto, el procedimiento para elegir a la empresa que se encargue de rematar unas obras que quedaron inconclusas porque el contrato inicial, aquel que se formalizó entre el Ministerio de Seguridad Social y Trauxia en octubre de 2019, no llegó a buen puerto. De hecho, el acuerdo estuvo marcado por un cruce de denuncias. Mientras el Gobierno les recriminaba retrasos y llegó incluso a imponerles tres sanciones, la empresa, a su vez, les denunció por el impago de varias facturas.
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El ‘divorcio’ entre ambas partes, sin embargo, no se produjo hasta junio de 2023, fecha en la que se rescindió el polémico contrato, con la sede proyectada en la parcela que antiguamente ocupaba el colegio San Juan de la Cruz únicamente erigida en su esqueleto. No está ejecutado siquiera un tercio de lo previsto, pues se calcula que apenas se llegó a desarrollar un 28%.
Así, una vez ‘rota oficialmente la relación’ con Trauxia, el Ministerio anunció este verano que retomaba las obras, con unos plazos de ejecución que apuntaban al fin de los trabajos en el primer semestre de 2026, pero el nuevo encontronazo con la misma empresa ha dilatado, por el momento, otros tres meses su resolución. Eso sí, no hay que volver a la casilla de salida.
El expediente no se reinicia, sino que se reanuda, y puesto que la suspensión del procedimiento está firmada a fecha 21 de agosto y el periodo de recepción de ofertas se había cerrado un día antes, se desprende que ya ha concluido el plazo para que las empresas interesadas en rematar la construcción del bloque enviaran sus proposiciones, según interpretaron desde la Delegación del Gobierno en Castilla y León.
Lo que toca ahora, si no hay más tropiezos o imprevistos en este 'culebrón', es que la mesa de contratación comience a analizar la documentación enviada por las mercantiles para ver cuál de ellas se alza con el contrato, en base a los criterios técnicos y económicos establecidos en la licitación.
Una vez seleccionada la empresa se conocerá el presupuesto por el que se ejecutarán finalmente los trabajos, teniendo en cuenta que la referencia estimada son 5,7 millones de euros (IVA incluido). Se trata de una cifra muy superior a la prevista en el año 2019, cuando se inició el proceso para la construcción de la sede en la calle Cardenal Torquemada, pues entonces el presupuesto reservado por el Gobierno central fue de 4,3 millones –aunque luego se le adjudicó a Trauxia por 3,45–.
En todo caso, comparando la cuantía de la actual licitación y de la lanzada hace un lustro se observa un incremento económico del 32%, a pesar de que una parte de la edificación ya está ejecutada, debido al encarecimiento que han experimentado los materiales en los últimos años y a que «el estado de inactividad de la obra durante un largo periodo de tiempo» obliga a realizar «labores adicionales» en el solar, como la limpieza de la obra (sobre todo retirada de maleza y eliminación de humedades) o la revisión de lo ejecutado (especialmente el saneamiento enterrado).
Esos ‘extras’ van a influir en el desembolso y, además, en el tiempo de ejecución de la futura oficina de la Seguridad Social en Rondilla, pues el plazo también se ha incrementado pese a que ya hay una parte desarrollada, también porque se va a aprovechar para realizar pequeñas modificaciones en el garaje, en los pilares de la fachada o en la altura de algunos muros. Así, mientras en 2019 se previeron 15 meses de obras, ahora se contemplan 16.
En la práctica supone que las oficinas tenían que haber estado operativas a principios de 2021 si se hubieran cumplido los plazos del expediente primigenio. O que las obras para retomar su conclusión tenían que haber arrancado ya en estas fechas –o estarían a punto de arrancar– si Trauxia no hubiera interpuesto un recurso en el procedimiento vigente. Pero ninguno de estos dos escenarios se ha cumplido.
La realidad es que la Secretaría General de la Tesorería General de la Seguridad Social tiene que reanudar los trámites y convocar las reuniones de la mesa de contratación para elegir a la empresa adjudicataria, después de tres meses en 'standby'. Así que el comienzo de las obras aún se va a alargar varias semanas.
Según la memoria del proyecto, el CAISS (Centro de Atención e Información de la Seguridad Social) se situará en la planta baja del nuevo edificio, con nueve puntos de atención al público y una zona de espera con 35 asientos, mientras que en la primera planta estará la Unidad de Recaudación Ejecutiva y una zona de autogestión para que los usuarios «puedan realizar sus gestiones de manera autónoma o semiautónoma». En el sótano habrá espacio para 27 coches y tres plazas para motos.