"Desidia" de Educación: tarda seis meses en reparar el dispositivo de un alumno con sordera en Valladolid

Del 19 de abril al 8 de octubre. Casi seis meses ha tenido que esperar Fer, un alumno de 14 años con sordera bilateral, hasta poder recuperar su emisora FM, el dispositivo que le permite seguir con nitidez las clases al recibir directamente en sus implantes auditivos la voz del profesor. Gracias a ese aparato, con un micrófono que el docente se cuelga al cuello, el niño escucha con menos ruido ambiental ni verberación las lecciones en el Apostolado de Valladolid, el colegio concertado donde estudia tercero de la ESO. En abril se averió el cacharro y hasta octubre no se lo han devuelto arreglado. Entre medias, cien jornadas lectivas, un largo verano, funcionarios faltos de empatía y una burocracia que se ha demostrado ineficiente para dar respuesta a las necesidades del chaval.

Todo ello, con el agravante de reincidencia, porque no es la primera vez que le sucede lo mismo al mismo niño. En el curso 2018-2019 transcurrieron cuatro meses hasta que el colegio público donde cursó Primaria, el Vicente Aleixandre, reparó el dispositivo por otra avería. Entonces, la Consejería de Educación achacó esa «tardanza excepcional» a que el caso fue «sobrevenido», con el curso ya iniciado. Aceptó, en todo caso, la propuesta de adquirir dispositivos de repuesto para cubrir posibles incidentes y así «atender a la mayor brevedad posible estas demandas sobrevenidas». A la vista está que aquel planteamiento cayó en saco roto.

Entonces y ahora, la familia recurrió al Procurador del Común para trasladar su queja. La última ha dado lugar a una nueva resolución publicada esta semana donde el equipo de Tomás Quintana censura con contundencia la «falta de eficiencia» de la Consejería de Educación «a la hora de facilitar el recurso que precisa un alumno». «Tenemos que volver a recordar –dice– que los principios de eficiencia, de simplicidad, de mejora continua, de anticipación o proactividad, de prevención y celeridad [...] implican unas obligaciones para dicha Administración que no se concilian con el mantenimiento de una situación como la expuesta». «No es admisible», apostilla el Procurador, que un estudiante «tenga que estar más de cinco meses sin poder hacer uso de la emisora FM en su centro educativo».

En esta segunda resolución, Quintana vuelve a pedir a Educación que adopte las «medidas necesarias para facilitar de manera inmediata dichos equipos al alumnado que los tenga asignados». Es decir, lo mismo que ya le solicitó en 2019 y que la Consejería se comprometió a hacer: que se anticipe y compre dispositivos de sustitución. El objetivo, «que puedan estar disponibles en cualquier momento».

Fernando Linares, padre del alumno, relata con «hartazgo» este nuevo periplo en defensa de los derechos se su hijo. Lleva libradas unas cuantas batallas ante la administración por cuestiones educativas y sanitarias, con tres sentencias judiciales ganadas para que le sufraguen el mantenimiento de los plantes auditivos.

A Fer hijo le diagnosticaron hipoacusia profunda siendo un bebé. Tenía un año y ocho meses cuando le operaron en Salamanca para dotarle de los implantes cocleares que le permiten escuchar (cruciales también para aprender a hablar). En estos años la familia ha encontrado médicos y profesionales «estupendos», pero cada vez que topa con el muro de una administración «es un calvario».

Su experiencia es que hay «desidia por todas partes». «Una funcionaria que ni contesta, falta de información y de empatía, y tu hijo esperando, aguantando», relata el padre. «Mi hijo tiene mucha paciencia, pero yo estoy harto y me afecta», añade a modo de «desahogo».

El alumno «ha estado escuchando mal y no lo han arreglado hasta que el Procurador les ha tirado de la oreja», cuenta.

El 21 de octubre de 2024, con la incidencia ya reparada, la Consejería de Educación respondió al Procurador. En su informe, el departamento de Rocío Lucas se remonta a la avería del 19 de abril e incluye, entre sus argumentos, párrafos como el siguiente, más propios de un enredo lingüístico de los hermanos Marx:

«Desde esa fecha, la Dirección Provincial de Educación de Valladolid ha contactado en diversas ocasiones y con distintos responsables del centro educativo al objeto de consensuar la necesaria vía de actuación derivada del documento de responsabilidades precitado, sin obtener una respuesta funcionalmente compatible con dicho documento durante varias semanas».

La familia, con su relato, ayuda a traducir la anterior frase. Explica el padre que el colegio les trasladó que la intención de la Junta era que el centro y la familia pagaran a medias el arreglo de la emisora, que dejó de funcionar al caerse al suelo en un momento en que no estaba siendo utilizada. «Es comprensible que las cosas se estropeen, lo que te indigna es la respuesta de la administración cuando sucede», añade. Otra opción, propone, sería la contratación de un seguro para las emisoras, cuyo tamaño «es más pequeño que un móvil» y un precio que oscila entre los 600 y 800 euros.

Mientras los responsables educativos buscaban a la ‘parte contratante de la primera parte’, transcurrieron casi seis meses. En su respuesta al Común, Educación indica que «hasta los últimos días de septiembre no fue posible proseguir con el centro el procedimiento». El 8 de octubre, por fin, entregó al colegio la emisora «ajustada y configurada para su uso».

Durante esos casi cien días lectivos, el alumno siguió las clases con un sonido de peor calidad, completando la voz con la lectura labial desde su pupitre en la primera fila. Como consecuencia, «su rendimiento se vio resentido, en particular en las asignaturas de números: mate y físicas». Más sangrante todavía se le antoja a su padre otro caso surgido hace unas semanas en Ponferrada:una alumna con discapacidad auditiva que carece de implantes y necesita intérprete de signos para seguir las clases pero Educación este curso le ha recortado ese apoyo pretendiendo que dos días a la semana vaya al instituto en balde.

En el caso de Fer, que con ocho años ganó un concurso infantil internacional al diseñar un revolucionario implante sumergible y sin pilas, la realidad ha vuelto a chocar con lo deseable. El Procurador concluye que con los protocolos en la mano, la sustitución del dispositivo cuando se avería no debería demorarse «más de varias jornadas escolares en el peor de los supuestos».

Otra reciente resolución del ‘defensor del pueblo’, del pasado junio, se emitió tras una actuación de oficio en la que el Procurador constataba que las personas y colectivos afectados «transmiten que, en general, existe una deficiencia de medios materiales y personales para la atención del alumnado con discapacidad auditiva».

Los datos proporcionados por la Consejería de Educación al Procurador cifran en 401 el número de alumnos con discapacidad auditiva en los centros educativos sostenidos con fondos públicos de Castilla y León. De ellos, 73 cuentan con el servicio de Intérpretes de Lengua de Signos Española, 131 tienen asignadas emisoras FM y el resto cuenta con otros recursos entre los que se encuentra el apoyo de maestros de Audición y Lenguaje.

Apoyándose en las leyes educativas, Quintana recuerda que «la Administración debe proporcionar al alumnado con discapacidad auditiva, al igual que al resto de quienes requieren necesidades educativas especiales, los medios personales y materiales que garanticen un modelo educativo inclusivo y de calidad».

Una vez más, la inclusión real topándose con la falta de recursos.

La "inaceptable" falta de recursos lastra la inclusión

La Asociación de Padres y Amigos del Sordo (ASPAS Valladolid) muestra su «preocupación» y considera «inaceptable» que «la falta de previsión y de equipos limite el acceso continuo de los estudiantes a la educación, ocasionando interrupciones prolongadas en su desarrollo académico». «Disponer de emisoras FM de repuesto no solo agilizaría la respuesta en caso de avería, sino que mostraría un compromiso real con los principios de eficiencia, proactividad y prevención que deben guiar la actuación pública».

En este contexto, ASPAS insta a la Consejería de Educación «a adoptar medidas que resuelvan esta situación de manera permanente». Y respalda la recomendación de que «cada centro educativo con alumnado con discapacidad auditiva disponga de equipos de repuesto para cubrir las necesidades de accesibilidad de manera continua y sin interrupciones». «Esta medida, lejos de ser un gasto innecesario, representa una inversión en el derecho a una educación inclusiva y de calidad para todas las personas». La asociación confía en que «la Consejería de Educación acoja y aplique las recomendaciones del Procurador del Común y adopte de manera proactiva soluciones que reflejen un compromiso efectivo con la educación inclusiva y accesible.