El Río Hortega de Valladolid no quiere mendigos a sus puertas

La empresa adjudicataria de la gestión del recinto exterior del Río Hortega «deberá poner especial énfasis en evitar que se produzcan» diversas situaciones dentro del perímetro vallado. Entre ellas, «actos de mendicidad», según precisan los pliegos publicados esta semana por la gerencia del hospital para contratar el mantenimiento del espacio exterior.

El objeto principal de la adjudicación es la explotación de las plazas de aparcamiento en este hospital de Valladolid cambio de la reparación de las instalaciones, pero incluye también las labores de vigilancia y seguridad en todo el cercado (excluyendo el interior de los edificios). Y en ese apartado es donde llama la atención el encargo explícito de mantener la zona ‘limpia’ de personas pidiendo limosna.

En concreto, mete en una misma frase la tarea de evitar «actos de mendicidad y vandalismo», conectando dos situaciones de distinta índole. Porque nada tienen que ver la una con la otra. Bastaba con mencionar los actos vandálicos, que causan destrozos y pueden ser constitutivos de un delito. Pedir limosna no está tipificado como infracción. Ya no.

Lo estuvo. Hace mucho. Y volvió a estarlo hace no tanto. En Valladolid, en 1881 una ley del entonces alcalde Miguel Íscar prohibía la circulación de pobres pidiendo caridad. Y en toda España, con la ley de vagos y maleantes de 1933 podían ser detenidos por su «peligrosidad» los «mendigos profesionales y los que vivan de la mendicidad ajena o exploten a menores de edad, a enfermos mentales o a lisiados». Esos antecedentes de criminalizacion de la pobreza volvieron a estar de actualidad en la ciudad a partir de 2012, cuando León de la Riva aprobó la ordenanza ‘antivandálica’, también llamada ‘antisocial’ por sus detractores. Entre otras cuestiones polémicas, rescataba la prohibición de «cualquier forma de mendicidad en las vías y espacios públicos» y contemplaba multas de entre 750 y 3.000 euros.

En 2013, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló ese artículo al concluir que la prohibición genérica de la mendicidad vulnera el derecho a la libertad de las personas, un argumento que han replicado otros tribunales españoles ante ordenanzas similares en otros ayuntamientos del país. El TSJCyL mantuvo la legitimidad para sancionar la caridad sólo cuando conllevaba «coacción, conflicto moral, violencia psíquica o mera incomodidad» al ciudadano», aunque en 2018, tras el cambio de color en el equipo de Gobierno, se aprobó una nueva ordenanza que suprimió la prohibición de cualquier forma de mendicidad.

Durante los años en que estuvo vigente, el Ayuntamiento impuso 106 sanciones por pedir limosna en la calle.

La lista de cosas que la adjudicataria deberá vigilar incluye también «actividades nocivas para la salud» como fumar. Y encarga a la empresa adjudicataria «recordar cada 2 horas a través de megafonía su prohibición». Menciona también las ‘manifestaciones ilegales’, los robos, la venta ambulante y las acampadas y "el acceso de animales del recinto, permitiendo únicamente los casos recogidos en la legislación vigente".

6,9 millones de euros

Mantener la seguridad del recinto del Río Hortega es una de las funciones incluidas en un expediente destinado a la explotación del aparcamiento para los próximos diez años. El contrato externaliza el cobro por el estacionamiento de los vehículos a cambio de un canon (a partir de 3.000 euros anuales). La memoria estima una cifra de negocio de 6,9 millones de euros en una década, al prever entre 600.000 y 792.000 ingresos cada ejercicio por el cobro del aparcamiento. En su oferta, las empresas deben proponer el cuadro de tarifas sin superar los importes máximos establecidos desde el hospital. El plazo para presentarse concluye el 29 de noviembre.

A cambio, la adjudicataria asume diversas actuaciones para arreglar y mantener las instalaciones (y puede proponer mejoras puntuables). Entre otras cosas, la empresa asume la redistribución del aparcamiento para ganar al menos 50 plazas para los trabajadores sin restárselas a los pacientes y visitantes. El expediente propone hacerlo urbanizando la zona norte, en una parcela situada entre la ronda interior y el helipuerto.

Además de encargarse del mantenimiento de las máquinas de cobro y de carga para vehículos eléctricos, la lista de tareas incluye la instalación de contadores de plazas disponibles (se informará al usuario del número de huecos) y de cámaras captadoras de matrículas, así como arreglar las filtraciones, rediseñar el jardín, reponer plantas, cambiar las farolas por iluminación LED, ampliar el circuito de vigilancia con cámaras de seguridad, restaurar las soleras de la entrada principal, impermeabilizar el pavimento del acceso, reparar adoquines, aceras, arquetas, grietas y ejecutar accesos libres para motos y bicicletas.