El Ministerio reactiva la Ciudad de la Justicia de Valladolid con el diseño del proyecto

El Ministerio de Justicia acaba de reactivar el reloj para hacer realidad la Ciudad de la Justicia, una infraestructura largamente demorada llamada a unificar en un mismo campus las siete sedes y 38 juzgados dispersos por la ciudad. La Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de Justicia publicó este lunes los pliegos para encargar los diseños del proyecto y la dirección de las obras de la futura sede judicial, por casi 2,32 millones de euros (con impuestos) y un plazo de ejecución de 33 meses.

Las empresas tienen hasta el 7 de enero para presentar ofertas en este procedimiento abierto, que abarca la redacción de proyecto, dirección facultativa, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud.

Esta licitación era el paso esperado tras la cesión gratuita por parte del Ayuntamiento de las dos parcelas sobre las que se construirá el futuro campus judicial. El pasado 25 de junio, sendas fincas de suelo urbano no consolidado (ubicadas en la plaza San Pablo y Cardenal Torquemada y con más de 5.200 metros cuadrados cada una) pasaron a manos del Gobierno central para edificar sobre ellas ese equipamiento público institucional, de acuerdo con su clasificación en el PGOU.

Treinta y tres meses es el plazo para materializar este contrato (que no incluye la ejecución de las obras propiamente dichas, cuyo coste total se estima en 80 millones de euros). El cronograma establece que el adjudicatario presentará un primer anteproyecto un mes después de la adjudicación del contrato, cosa que en todo caso se prevé en 2025. Ese documento, se someterá a la aprobación de los Servicios Técnicos de la Subdirección General de Obras y Patrimonio. Y establece otro mes, si fuera necesario, para elaborar algún documento previo de cumplimiento o instrumento urbanístico para su presentación en el Ayuntamiento.

A partir de la aprobación de ese anteproyecto, se establece un plazo de dos meses para la redacción y presentación del proyecto básico, basado en el levantamiento topográfico, planimétrico, estudio arqueológico, en su caso, y Estudio Geotécnico. Otros tres meses es el plazo para la redacción y presentación del proyecto de ejecución, junto con el estudio de seguridad y salud,.

El contrato abarca también la dirección facultativa de las futuras obras (que serán licitadas en otro procedimiento posterior). En todo caso, se estima un plazo de 24 meses para la ejecución de los trabajos sobre el terreno, una ejecución material que el Ministerio cifra en 26,88 millones de euros.

La distribución presupuestaria de esta inversión establece una primera anualidad para el año 2025, con más de 1,245 millones de euros reservados para el arranque de la actuación. Luego, contempla 313.000 euros para 2026, otros 537.000 para 2027 y 224.000 para 2028.

Los pliegos precisan que la nueva Ciudad de la Justicia podrá estar integrada «por uno o varios edificios, cuya distribución tendrá en cuanta las distintas jurisdicciones». El proyecto deberá permitir la ejecución en dos fases o lotes. La primera cerrará con el volumen propuesto la Plaza de San Pablo e incluirá la «demolición total o parcial» de El Salvador, decisión que en todo caso los arquitectos deberán justificar. Esa primera fase incluirá necesariamente los juzgados de primera instancia, así como otros órganos.

En una segunda fase, la construcción podrá extenderse hacia la parcela vecina de la calle Cardenal Torquemada.

Ambas fincas se encuentran parcialmente dentro del Conjunto Histórico declarado BIC e íntegramente dentro de la delimitación del Centro Histórico, pero el edificio del antiguo colegio no se encuentra protegido, por lo que es posible su demolición total o parcial, según el criterio de proyecto que se adopte, en coordinación con los servicios técnicos de la Subdirección General de Obras y Patrimonio del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Según el programa de necesidades definido por el Ministerio, la nueva Ciudad de la Justicia alojará “todos los órganos judiciales unipersonales (juzgados) de las jurisdicciones Civil, Contencioso‐Administrativa, Mercantil, Social y de Menores, así como la Fiscalía, Instituto de Medicina Legal, Registro Civil y Decanato, actualmente dispersos en diversos inmuebles, algunos de ellos en arrendamiento, destinándose el edificio de Juzgados de la calle Angustias, 40 a la jurisdicción Penal”.

Así, el futuro campus albergará los quince Juzgados de Primera Instancia, cinco de lo Social, dos de lo Mercantil, cuatro de lo Contencioso‐Administrativo y el juzgado de Menores.

El diseño contempla, además, un espacio de reserva para nueve juzgados de futura creación (entre ellos, uno de menores), así como dependencias para destacamento de Fiscalía, Registro Civil, Decanato, secretaria de Coordinación Provincial y servicio de Clínica y Patología Forense del Instituto de Medicina Legal.

«Los diferentes Juzgados se proyectarán siguiendo el esquema de la Oficina Judicial, con unidades procesales de apoyo directo (UPAD) y servicios comunes, permitiendo flexibilizar los distintos espacios de los que constan según las necesidades funcionales», precisan los pliegos.

La superficie total construida estimada es de 22.312,94 metros cuadrados, con un perímetro vallado y contará con plazas de aparcamiento en superficie y puntos de recarga eléctrica. «Por razones de seguridad no se contempla la ubicación de aparcamientos bajo los edificios judiciales».

Justifica el Ministerio que «la dispersión de los órganos judiciales» en Valladolid «crea problemas de funcionamiento tanto para los propios juzgados en su funcionamiento interno como para los profesionales y ciudadanos afectados» e impide la instalación de «nuevos órganos judiciales que puedan crearse en un futuro».

La construcción de la nueva sede permitirá la unificación de los juzgados de jurisdicción civil, permitiendo reorganizar a los 38 órganos judiciales existentes en tres sedes, el Tribunal de Justicia y Audiencia Provincial en la sede de calle Angustias 21, los órganos de jurisdicción penal en la sede de calle Angustias 40 y los órganos de jurisdicción civil en la nueva sede. «Este planteamiento permite crear e incluir un margen de crecimiento para nuevas creaciones que son necesarias para el buen funcionamiento del servicio público judicial», apuntan los documentos disponibles en el portal de contratación.

El actual edificio de Juzgados de Valladolid, inaugurado en 1993, «supuso un paso decisivo en la mejora de los servicios judiciales de la ciudad pues ayudó a la descongestión del Palacio de Justicia y a la concentración de los órganos judiciales dispersos en diferentes emplazamientos». «Con el paso del tiempo, el espacio disponible para la albergar las necesidades que se iban planteado es insuficiente», justifica el Ministerio en sus pliegos, como consecuencia del «constante incremento de órganos judiciales».