Vox confía en que el PP acepte sus enmiendas a la Zona de Bajas Emisiones por su "carácter social"

Irene Carvajal, primera teniente de alcalde de Valladolid y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Valladolid, ha lanzado el guante al Partido Popular, su socio de Gobierno, para que acepte las enmiendas de su formación a la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones de Valladolid (ZBE) debido a su marcado "carácter social". 

La también concejala de Educación y Cultura ha asegurado que las medidas que propone su partido van dirigidas a pacientes con leucemia, embarazadas de riesgo o ancianos que no pueden subirse a un transporte público "por prescripción médica". Por esta razón, ha pedido a todos los grupos que "reflexionen" para poder incluir estas excepciones en la normativa definitiva, que se llevará al pleno del próximo lunes. 

Carvajal ha dejado en el aire si votará a favor del texto, si bien ha recalcado durante la presentación del programa de actividades para conmemorar el Día de las Bibliotecas, que se celebra este jueves, que es "una persona muy tolerante, optimista y dialogante" y, por tanto, confía en que se acepten sus medidas, ya que "están dirigidas a beneficiar la vida de los vallisoletanos y, sobre todo, de los más vulnerables". 

Las enmiendas registradas por Vox hacen referencia al artículo 11. Quieren añadir a esta normativa que las personas con enfermedades oncológicas, inmunodeprimidos, personas mayores con movilidad reducida o con una incapacidad permanente reconocida que les condicione el uso del transporte público, así como las embarazadas, sean autorizadas para acceder a la Zona de Bajas Emisiones con sus vehículos sin importar la etiqueta que tengan.

A esto se suma otra propuesta para que los vallisoletanos puedan entrar 24 veces al año (2 veces al mes) a la ZBE. De esta forma, según Carvajal, se facilitaría que las personas que residen fuera del centro puedan visitar a sus familiares, muchos de ellos mayores, y combatir «la soledad no deseada».

También quieren incorporar al texto definitivo que aquellos comerciantes que se vayan a jubilar en un plazo de los próximos cinco años puedan acceder a esta área sin tener un vehículo habilitado, al tiempo que plantean una moratoria para los ciudadanos que hayan adquirido un vehículo más sostenible, pero aún no se lo hayan entregado.