Condena histórica a una empresa de Valladolid: multa de 114 millones de euros por importar 712 kilos de coca

La multa por tráfico de cocaína era tan elevada, que casi no parece relevante la rebaja. Pero sí lo es: 6 millones de euros de ahorro para la empresa del Parque Tecnológico de Boecillo, P.G.C. La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional (AN) ha estimado los recursos de los condenados en marzo por tráfico de cocaína, entre ellos un empresario y su sociedad en el Parque de Boecillo, y ha rebajado las condenas ligeramente, por atenuantes de dilaciones indebidas (demora en celebración de juicio) y de confesión. Lo más relevante es que la sala hace una quita de 6 millones a la empresa en su multa de 120 millones y la deja en 114.

Una operación para los anales de la Policía y, paradójicamente, una estructura criminal que casi pasa desapercibida. Una humilde oficina de 20 metros cuadrados del edificio de Usos Comunes del Parque Tecnológico de Boecillo resultó ser el centro neurálgico de una red de tráfico de cocaína, 712 kilos, valorados en 38 millones, camuflada en sacos de harina de palmiste con salida de Colombia y con destino final previsto a numerosas grandes ciudades de España y de Europa, una vez extraída la base de cocaína en la que iba impregnada la mercancía.

Una resolución que concluyó que la empresa de Boecillo, desde una humilde oficina de 20 metros cuadrados, fue la que concertó los envíos de la cocaína "distraída" entre otros pedidos de mercancía lícita. La harina de palmiste es el residuo resultante tras la extracción del aceite de la semilla de la palma que se cultiva en zonas tropicales.

Y fue esta ‘tierra’ la que utilizó la red de seis miembros –tres albaneses y tres españoles en los puestos clave– para colar cocaína impregnada en cinco sacos de mil kilos.

Era, aparentemente, una operación de bajo riesgo, porque venían precedidos de otros cargamentos similares ‘legales’, pero no coló.

El problema con el que no contaban los miembros de la red es que el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) sabía de las intenciones de los ahora condenados y solo tuvo que balizar vehículos, pinchar teléfonos y dejar que el cargamento llegara al puerto de Marín (Pontevedra) en noviembre de 2018 para dar jaque mate a la organización.

La llegada de la ‘farlopa’ empezó a gestarse en el verano de 2018. El momento caliente de la desestiba de los contenedores se desarrolló entre noviembre y diciembre del mismo año y, cuando los contenedores ‘preñados’ de harina con coca ya estaban depositados en la dársena de Marin, la Brigada Central de Estupefacientes del CNP, explotó la operación en enero de 2019 con el decomiso de la droga y la detención de los miembros de la red en diferentes lugares de España: Valladolid, Mijas (Málaga), Paracuellos del Jarama (Madrid), y Casarrubios (Toledo), entre otros.

Los investigadores establecieron un fuerte dispositivo, compuesto por más de cien funcionarios, y procedieron de forma simultánea a efectuar la detención de 11 personas en Valencia (4), Madrid (3), Valladolid, Vigo, Valencia y Toledo, entre ellos los principales responsables de la red y los encargados de la logística e infraestructuras.

De los once detenidos, ocho se sentaron en el banquillo de la AN. Dos, un varón y una mujer, fueron absueltos. Por contra, la Audiencia Nacional en la sentencia 4/2024, –que fue recurrida y cuyo fallo ha sido dado a conocer en días pasados, con muy pequeñas rebajas de pena y de multas– condenó a seis miembros de la red, así como a la empresa de P.G.C. SL con domicilio social en Madrid y con oficina en el Parque Tecnológico de Boecillo, concretamente en el edificio de Usos Comunes de la calle Alfonso de la Torre "donde trabajaba diariamente" el condenado a 7 años de prisión y 20 millones de multa, que ahora ha visto una rebaja al fijar la pena en 6 años y 11 meses, e idéntica multa.

Este trabajador, que confesó los hechos y por tanto logró una rebaja de la condena, es hermano del administrador de la empresa P.G.C. SL (y que no fue encausado), y realizaba en la empresa de importación y exportación actividades de gestión y comerciales, pero para el fiscal fue pieza clave "para posibilitar la llegada a España de los contenedores que transportaban harina de palmiste que se pudieran utilizar para ocultar la pasta de cocaína como así ocurrió de forma efectiva en uno de ellos".

EN MOJADOS Y BOECILLO

El fiscal atribuyó al trabajador un plan para asegurar la llegada. Así, había importado previamente otros cuatro contenedores "con la finalidad de crear un canal habitual comercial de harina de palmiste. Quería crear una sólida ruta de importación de mercancía lícita, consiguiendo la sociedad de esta manera un importante incremento del volumen de facturación", sostuvo.

"Tomó la decisión de que la sociedad realizara las operaciones de importación de contenedores con harina de palmiste, y ejecutó las actividades necesarias para que esa persona jurídica lo llevara a cabo. Frente esta realidad, no consta que la empresa realizara actividades de supervisión, vigilancia y control de la actividad del trabajador", agregó la AN en su sentencia.

El resto de condenados lo fueron por diferentes cometidos. Como cerebros, dos hermanos albaneses, en contacto con proveedores colombianos y supervisores de toda la logística en España. Otra tarea era la recepción de la mercancía y estaba a cargo de un transportista de Pontevedra, Manuel G.C. En alto nivel estaba también el citado empresario de Boecillo que contrataba los envíos de ‘harina’. También figuraba un hombre encargado de los alquileres de pisos en Madrid y en Valencia, (lugar del laboratorio para convertir la harina en base de cocaína) y un sobrino de uno de los albaneses, como hombre de apoyo para diferentes "gestiones".