TRIBUNALES
Caso Perla Negra: luz al final de un túnel judicial de once años
La Audiencia de Valladolid fija para el 22 de octubre la votación y fallo de la sentencia del caso que sienta en el banquillo a la cúpula de la Consejería de Economía en tiempos del fallecido Tomás Villanueva
Los ex viceconsejeros de Economía, Rafael Delgado, primero por la izquierda, y Begoña Hernández, en primer término, en la última sesión del juicio de la Perla Negra
Luz al final de un túnel judicial de once años. La Audiencia de Valladolid fija para el 22 de octubre la votación y fallo de la sentencia del caso que sienta en el banquillo a la cúpula de la Consejería de Economía en tiempos del fallecido Tomás Villanueva, con los dos ex viceconsejeros, Rafael Delgado y Begoña Hernández, como principales encausados.
Esta nueva resolución de la sección número dos de la Audiencia Provincial de Valladolid viene a sacar del túnel judicial de once años al caso Perla Negra, del alquiler y posterior compra del edificio de usos múltiples de la Consejería de Economía en Arroyo y los terrenos del fracasado polígono industrial de Portillo.
Pero no será ese día 22 de octubre cuando se conozca la sentencia, a decir de las fuentes judiciales consultadas por este periódico. Para eso, aseguran estas mismas fuentes, habrá que esperar al menos otros diez días, ya que debe redactarse y pueden existir votos particulares.
La causa se ha dirigido contra once encausados, entre ellos la que fuera cúpula de la Consejería de Economía integrada por los viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández y el exconsejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán, así como contra otros dos funcionarios y distintos empresarios que, según las acusaciones, fueron beneficiados por los anteriores tanto en el alquiler y compra del Edificio de Soluciones Empresariales ('La Perla Negra') en Arroyo de la Encomienda como en la adquisición de parcelas en el término municipal de Portillo (Valladolid) destinados a la implantación de un polígono industrial en esa zona que nunca llegó a ejecutarse.
Fiscalía solicita las penas más duras, once años de prisión, para Rafael Delgado y Begoña Hernández y Juan Carlos Sacristán, al primero de ellos por un delito continuado de prevaricación, otro de revelación de secretos en concurso con otro de tráfico de influencia y un delito continuado de malversación de caudales, mientras que a los otros dos les considera autores de un delito continuado de revelación de secretos y de otro continuado de malversación.
Por ello, a mayores de las referidas penas privativas de libertad, interesa para el primero su inhabilitación por espacio de 29 años y de 20 para los otros dos.