Sacyl indemniza a una mujer que perdió el ojo por negligencia en Valladolid: «Me han quitado media vida»

La suya parecía una de esas cirugías sin complicaciones que se hacen como churros: 20 minutos en el quirófano y ese mismo día se iría a casa. Por eso no dudó en aceptar la propuesta de Sacyl de operarse de cataratas en el Sagrado Corazón, el centro privado adonde los pacientes del Clínico de Valladolid son derivados para desatascar la larga lista de espera en oftalmología. Ahora maldice el momento en el que accedió: aquel 14 de diciembre de 2021 salió del quirófano con un ojo destrozado con el que ya no puede ver. Ni si quiera llorar. Y con una brecha en la cabeza por una caída de la camilla «por falta de vigilancia» en el postoperatorio. Sacyl acaba de indemnizarla con 42.300 euros al reconocer que la asistencia fue negligente, que nunca debió ser intervenida por la tensión ocular que presentaba, «con alto riesgo de complicaciones, que debería haberse demorado o tratado en un centro hospitalario de primer nivel». Y que ni siquiera fue derivada al hospital Clínico cuando estalló la hemorragia que acabó con su ojo derecho.

Así lo recoge la Consejería de Sanidad en una resolución en la que estima la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por A.A.V., que ahora tiene 81 años y contaba 78 aquella fatídica jornada.

Y así lo recoge también el propio testimonio de esta paciente vallisoletana, que repasa abatida los nítidos episodios conservados en su memoria. Clavadas tiene las conversaciones que escuchó fuera y dentro del quirófano. «Lo oía todo, porque era anestesia local», expone. «Venga, venga, que está saliendo mucha sangre», rememora, parafraseando al oftalmólogo que la intervino cuando intentaba sin éxito contener la hemorragia que acabó dañando su ojo de forma irreparable.

«No sabes lo que he pasado; es insoportable», cuenta esta mujer de 81 años con gran pesadumbre. «Yo estaba superbien; de un día para otro te quedas así. Me han quitado media vida», confiesa.

Rememorar los episodios vividos le revuelve el cuerpo, pero quiere alertar a otros pacientes para evitar que puedan pasar por lo mismo. Ahora lo sabe, es preferible esperar a ser operado en un hospital público que hacerlo antes en uno concertado, cuenta. «Lo que querría es que nadie se ponga en manos de esta persona y le haga lo mismo; esto es muy triste», añade al confesar que, cada vez que pasa por el Sagrado Corazón se le pone «un nudo en el estómago».

La pérdida de la visión ha cercenado su calidad de vida y su actividad diaria. «No veo bien la tele», cuenta. «De día me defiendo, pero de noche...», añade con voz entrecortada al verse vulnerable y expuesta a los tropiezos. Por eso no saluda la llegada del otoño, por la disminución de las horas de luz. «Antes podía acompañarme una amiga de vuelta a casa, ahora ya no», relata mientras sopesa dejar de salir de casa por las tardes.

La tensión ocular que padecía no había sido registrada (al menos, su historial clínico no lo recoge) en las consultas anteriores con sus oculistas del hospital Clínico, que son los que habían indicado la cirugía. Sí se detectó aquella mañana, justo cuando llegó su turno en el quirófano. Ante el riesgo de complicaciones por ese cuadro de hipertensión, el oftalmólogo decidió posponer la operación para retomarla a última hora de la mañana. «Me metieron al quirófano a primera hora, porque era la segunda para operar ese día, pero me sacaron en la camilla a una sala de espera», relata la mujer sin que nadie le informara de la situación durante horas, ni a ella ni a sus familiares. «Ese día operó a seis o siete personas; a última hora volvió y me dijo: ‘ahora sí que la opero’», continúa.

Sanidad estima que el personal médico del Sagrado Corazón «actuó con prudencia» en un primer momento, retrasando la cirugía «dada la situación basal de la paciente». Sin embargo, cuestiona que horas después sí asumiera ese riesgo. Coincide así con el informe de la inspectora médica en que la mejor opción hubiera sido cancelar aquel día la operación: «Ante esta situación, optó por intervenir al resto de pacientes que tenía citados esa mañana y, sin que conste que hubiera aplicado tratamientos, operó a la paciente al final. Parece que no valoró la posibilidad de no intervenirla, considerando que los medios materiales y humanos que dispone el Sagrado Corazón son limitados en comparación con los del hospital Clínico Universitario, de Valladolid».

Ni siquiera sopesó trasladarla cuando, en el transcurso de la operación, se produjo «la tan temida hemorragia» que arrastró parte del vítreo e iris». «Tampoco en esta ocasión optó por derivar a la paciente, ante la posibilidad de que en el centro de referencia se pudiese hacer algo para cohibir la hemorragia y salvar el ojo», expuso la Inspección Médica, un argumento admitido en la resolución final.

Uno de los hijos de la mujer ha guiado la batalla de reclamación administrativa. «El ojo de mi madre no tiene precio», sostiene J.A. Sabe que no hay dinero en el mundo para compensar los desvelos y la tristeza acumulada en su familia. A él tampoco se le olvidan las siete horas de angustia aquel día esperando noticias del médico sobre una operación que debía resolverse en minutos. O que le explicara que la operación había salido mal y que, tras dudar, acabara siendo derivada a última hora de la tarde al Clínico cuando surgió un problema cardíaco que el Sagrado Corazón no podía atender por carecer de los equipos de monitorización necesarios, relata su hijo. O que el mismo facultativo le indicara que había que esperar dos o tres meses hasta que la sangre se absorbiera pero que luego en el Clínico les indicaran que el protocolo establece un plazo máximo de quince días para una nueva intervención (como así fue) para intentar revertir la lesión. En su caso, no fue posible porque, según le explicaron en el Clínico: «ese ojo llegó aquí destrozado, no había por donde cogerlo».

La operación de cataratas es la cirugía más frecuente (3.470 al año, según Sacyl). Es también el paradigma de las intervenciones derivadas a la sanidad privada. La Consejería contrata tres mil al año (545 sólo en el Clínico), según los pliegos de los últimos contratos. Y Sanidad paga 730 euros por cada una de ellas.

La deficiente diligencia del oftalmólogo y la falta de medios soliviantan a madre e hijo. «Se entiende que las empresas privadas quieran facturar más, porque es un negocio, pero la Administración debería ser más exigente» en los requisitos técnicos y humanos que deben cumplir los centros adonde envían a sus pacientes.

Mientras no sea así, ambos recomiendan no aceptar derivaciones a la privada porque «no están preparados para contingencias». La instrucción constata que, en este caso, además, el médico había sido contratado diez días antes por el Sagrado Corazón, que vino de Madrid, con un título obtenido en Perú y homologado en 1991 (aunque la inspectora advierte de que no ha podido atestiguar en el Ministerio que reúna los requisitos exigidos a nivel europeo).

La posibilidad de una hemorragia es un riesgo inherente a toda operación de cataratas. Así consta en el consentimiento informado. Lejos de lo comunmente aceptado por los pacientes –que ven en ese documento un paraguas para capear posibles reclamaciones– la resolución de Sanidad advierte de que «el hecho de que la complicación se encuentre descrita en ese consentimiento no sería suficiente para exonerar de responsabilidad al centro concertado».

Sanidad dicta esta resolución estimatoria y asume el derecho de la paciente a la indemnización «sin perjuicio del posterior derecho de la Administración» o su aseguradora de reclamar los daños al centro concertado.

La resolución admite, también, que la herida en la cabeza se produjo por falta de vigilancia de los profesionales. «Una monja me quería convencer de que me había caído yo;fue terrible». Además de la falta de visión, sufre dolor permanentes en el ojo derecho y, a raíz de la hemorragia, mantiene de por vida un tratamiento anticoagulante.

Sin llegar a los tribunales

Con esta resolución, la Consejería de Sanidad reconoce en vía administrativa (sin llegar a los tribunales) el derecho de la paciente a ser indemnizada por la pérdida de la calidad de vida y por las secuelas psicofísicas y estéticas derivadas de una mala praxis.

La reclamación de responsabilidad patrimonial (no confundir con las reclamaciones que un paciente traslada a modo de queja) es un procedimiento cuando se considera que ha existido una negligencia que debe ser resarcida económicamente. En los últimos años, la llegada de numerosos expedientes y la escasa resolución de casos ha generado un gran atasco con cientos de expedientes sin resolver, algunos con hasta siete años de espera para un procedimiento que tiene un plazo de resolución de seis meses por ley.

En este caso, la respuesta llega dos años y medio después de presentar la reclamación. «Nos dijeron que este caso se ha resuelto muy rápido», comenta con sorpresa su hijo.