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Auditoría

Ábalos señala a Puente y Marlaska en un escrito al Congreso sobre la compra de mascarillas en el 'Caso Koldo'

El diputado del Grupo Mixto critica las conclusiones "deficientes, sesgadas e incompletas" del informe de auditoría encargado por el actual ministro de Transportes / Marlaska "desconoce" las preguntas de Ábalos enviadas al Gobierno

Jose Luis Abalos-DAVID CASTRO

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Valladolid

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José Luis Ábalos, el que fuera ministro de Transportes hasta 2021 y actual diputado del Grupo Parlamentario Mixto, registra un total de 23 preguntas escritas al Gobierno relacionadas con el caso Koldo y la "auditoría interna" realizada por el actual Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA), a cargo del vallisoletano Óscar Puente, de la cual cuestiona que las conclusiones son "deficientes, sesgadas e incompletas" sobre la compra de mascarillas adquiridas por la empresa Soluciones de Gestión, que centra el Caso Koldo.

En una extensa batería de interpelaciones, Ábalos entra en detalle de lo que considera una "investigación administrativa paralela" bajo orden de Óscar Puente, de quien no cuestiona que "quiera saber la diligencia de la ejecución de los contratos y adónde se han destinado las diferentes partidas de las mascarillas", sino que discute cómo la auditoría entra a valorar "la legitimidad de las decisiones políticas que se adoptaron en aquel momento o aquellas para elegir un proveedor concreto u otro en un momento crucial de emergencia sin conocer los criterios de decisión y las condiciones".

En su escrito, el ex ministro de Transportes considera la investigación vulnera "los derechos fundamentales de defensa y de la tutela judicial efectiva" tras interrogar a imputados sin respetar las garantías procesales habiendo un procedimiento judicial en marcha. En esta línea, cuestiona que se haya indagado "la legitimidad y legalidad de expedientes administrativos que son objeto de una instrucción penal".

Además, critica que dicha "auditoría" no atiende ni recoge las orientaciones de la Comisión Europa sobre el uso del marco normativo de contratación pública en situación de emergencia relacionada con la Covid-19.

A continuación, apuntando a la autora del informe de auditoría y a quien ha permitido su "consentimiento" para elaborarlo, Ábalos señala que existe una "extralimitación valorativa" por no "ceñirse estrictamente a lo que debieran haber sido las funciones administrativas reales de detectar los posibles errores administrativos para mejorar a futuro", lo que vulnera los principios de "imparcialidad", "cuidado profesional", "confidencialidad" e "independencia".

Al respecto de informe, el diputado del Grupo Mixto expone que el informe de auditoría "centra las deficiencias" en el control de accesos y registro de personas ajenas a MITMA, en el caso de Víctor Aldama, de quien  dice que "hacía visitas" pero "no recoge ni menciona las 'visitas no registradas' de empresarios que introducía en el Ministerio de Transportes de manera reiterada en los años 2020 y 2021 el subteniente de la Guardia Civil detenido en la ‘Operación Delorme’".

Asimismo, Ábalos pone en cuestión las entrevistas realizadas para la auditoría como los interrogatorios "sin garantías", entre los que menciona la llevada a cabo con el director general de Organización e Inspección de 2020 y 2021 "que no es funcionario del MITMA en 2024". Por ello, critica que no hayan sido entrevistados los altos cargos aludidos por los inspectores que han realizado este examen y que todavía dependen de dicho Ministerio, mientras expone que se vuelve a vulnerar el principio de "independencia" tras no constar en el informe que haya sido entrevistada la actual directora general de Organización e Inspección "por no exigir y supervisar desde 2020 a los responsables de los órganos administrativos que recepcionaron las correspondientes entregas de mascarillas sin el debido registro y control".

También menciona la existencia en un almacén de Adif en Madrid de 500.000 mascarillas FFP2, procedentes de un pedido de 1,2 millones de unidades adjudicado en el año 2022 durante el mandato la ministra Raquel Sánchez, por lo que en una de sus 23 preguntas se dirige a Puente para saber si también ordenará "una 'auditoría' para conocer tanto la idónea necesidad de la compra de esas mascarillas como su gestión dos años después de los expedientes relacionados a la ejecución de las órdenes TMA/263/2020 y TMA/292/2020?".

A Ábalos también le parece "llamativo" que Puente "no haya depurado responsabilidades en quienes son responsables directos de que no cumplieron los protocolos", con un informe de auditoría que no concreta "quiénes son los responsables de los respectivos órganos administrativos" y "solo orienta a trasladar una única responsabilidad sobre la compra y distribución de las mascarillas en la máxima autoridad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en 2020".

Por todo ello, el ex ministro de Transportes solicita al Gobierno de Pedro Sánchez dar respuesta a las siguientes cuestiones:

  1. ¿Dentro de las actuaciones practicadas para la elaboración de la «auditoría», cuáles han sido los criterios por los que se hace una selección parcial de entrevistados y no se ha contado con los testimonios de todas las personas implicadas en la conformación de los expedientes ni tampoco hecho entrevistas a la totalidad de los implicados en el objeto del informe como son los máximos responsables de la gestión del Ministerio durante la crisis de la pandemia de COVID-19?
  2. ¿Cómo saben los funcionarios que han participado en la elaboración de la «auditoría» la demanda del conjunto que fue necesaria y las razones de la decisión política para la compra de más mascarillas en concepto de «reserva estratégica»?
  3. ¿En base a qué criterios y conocimiento de la situación de la emergencia, la autora del informe de auditoría hace valoraciones y emite juicios de valor sobre la cantidad apropiada y necesaria de contratación de mascarillas para atender una situación de emergencia sanitaria y por qué principio y criterio en la elaboración de la auditoría, cuestiona en un expediente administrativo decisiones exclusivas del ámbito político?
  4. ¿Cuándo se tuvo conocimiento de la ausencia de las mascarillas en el Ministerio de Transportes?
  5. ¿Cuándo se tuvo conocimiento de que no existían actas y albaranes de depósito y despacho de las mascarillas del Ministerio de Transportes?
  6. ¿Se tuvo conocimiento con anterioridad a la fiscalización del Tribunal de Cuentas de la ausencia de los albaranes? ¿Si fue así, por qué no se informó entonces de esa ausencia?
  7. ¿Si el conocimiento ha sido a raíz de «la auditoría», qué Órganos/Unidades del Ministerio de Transportes eran responsables de haber detectado la ausencia de actas y albaranes y por qué no lo hicieron? ¿En tal caso, qué órganos y qué mecanismos han fallado durante estos cuatro años atrás
  8. ¿Qué tipo de responsabilidades administrativas va a exigir el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible a los responsables de los órganos administrativos (Oficialía Mayor, Dirección General de Organización e Inspección, etc.) encargados de la recepción y expedición de las mascarillas de las órdenes TMA/263/2020 y TMA/292/2020 que debieran haber ejercido un correcto control de la ejecución de los contratos como ahora vienen a denunciar ellos mismos en «la auditoría» del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, después de cuatro años?
  9. ¿Teniendo conocimiento de la existencia en un almacén de Adif en Madrid de 500.000 mascarillas FFP2, procedentes de un pedido de 1,2 millones de unidades adjudicado en el año 2022, durante el mandato la ministra Raquel Sánchez, piensa el actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ordenar también una «auditoría» para conocer tanto la idónea necesidad de la compra de esas mascarillas como su gestión dos años después de los expedientes relacionados a la ejecución de las órdenes TMA/263/2020 de 20 de marzo y TMA/292/2020?
  10. ¿Cómo explican que durante estos cuatro años no hayan detectado las «irregularidades» que señalan ahora en su «auditoría», ni hayan supervisado el debido cumplimiento de la ejecución de los contratos, ni garantizado la cadena de custodia de las mascarillas, ni las funciones del personal responsable de la elaboración de las actas y las entregas de esas mascarillas, como por ejemplo la Oficialía Mayor y/o la Dirección General de Organización e Inspección?
  11. ¿Cómo explican que durante estos cuatro años no hayan detectado las «irregularidades» que señalan ahora en su «auditoría», ni hayan supervisado el debido cumplimiento de la ejecución de los contratos, ni garantizado la cadena de custodia de las mascarillas, ni las funciones del personal responsable de la elaboración de las actas y las entregas de esas mascarillas, como por ejemplo la Oficialía Mayor y/o la Dirección General de Organización e Inspección?
  12. ¿Por qué en el caso del Sr. Aldama, el informe de auditoría no indaga el incumplimiento de la Oficialía Mayor y del área de Seguridad de sus responsabilidades de un debido control y registro de accesos al Ministerio, no habiendo informado hasta cuatro años después a los órganos superiores de estas irregularidades tal como ahora si se recoge en dicho informe de auditoría?
  13. ¿Por qué en el caso del subteniente de la Guardia Civil detenido por el ‘caso Delorme’ la «auditoría» no indaga en las “visitas no registradas” de los empresarios que introducía en el Ministerio y cuyos hechos fueron denunciados por el equipo de Seguridad de MITMA?
  14. ¿Existe documentación del área de Seguridad sobre los registros de accesos del Sr. Aldama y de las «visitas no registradas» del subteniente de la Guardia Civil que permita conocer con exactitud el número de veces que accedieron durante los años 2020 y 2021, como marcan los protocolos correspondientes del Ministerio?
  15. ¿Por qué desde la Oficialía Mayor habilitaron el acceso al subteniente de la Guardia Civil (personal ajeno a MITMA y que era quien gestionaba las mascarillas del Ministerio del Interior, según propia confesión) a una dependencia donde se guardaban las mascarillas del Ministerio de Transportes, Movilidad Sostenible y Agenda Urbana?
  16. ¿Consta que durante estos cuatro años atrás, desde la Oficialía Mayor se haya emitido algún tipo de informe formal o comunicación sobre la existencia del depósito y despacho/destino de esas mascarillas en las dependencias del Ministerio de Transportes, habilitadas por el propio Oficial Mayor y que para su custodia ha permitido y dejado, en clara delegación de responsabilidades administrativas de sus competencias, un acceso libre a dicho material a personas ajenas a MITMA, como es el subteniente de la Guardia Civil y al que facilitó unas llaves, suponiendo un quebranto de la cadena de custodia de las mascarillas
  17. ¿Qué superior jerárquico autorizó al Oficial Mayor a entregar al subteniente de la Guardia Civil la llave de la dependencia donde se custodiaban las mascarillas del Ministerio de Transportes?
  18. ¿En caso de existir autorización, en qué documentación se justifica tal delegación de competencias administrativas al subteniente de la Guardia Civil?
  19. ¿Cuántas mascarillas de ese depósito han salido con destino a otros organismos de otros ministerios y en concreto cuántas se llevaron al Ministerio del Interior y a qué organismos de dicho Ministerio?
  20. ¿Hubo registro del despacho esas mascarillas al Ministerio del Interior?
  21. ¿Qué documentación obra que documente las mascarillas que el subteniente de la Guardia Civil se llevó al Ministerio del Interior?
  22. ¿A qué destino del Ministerio del Interior fueron llevadas esas mascarillas
  23. ¿El Ministerio del Interior ha pagado el importe correspondiente a esas mascarillas?
  24. ¿Cuál ha sido el coste económico de esta «auditoría» que no ha concluido con la exigencia de ningún tipo de responsabilidad a los responsables de las irregularidades detectadas?

Marlaska "desconoce" las preguntas de Ábalos

Al respecto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado este lunes que "desconoce" la batería de preguntas presentadas en el Congreso por el exministro socialista José Luis Ábalos y ha reiterado que los contratos de mascarillas y la actuación de todos los funcionarios de su departamento ministerial durante la pandemia se realizaron dentro de la "plena legalidad".

"Sólo puedo confirmar o ratificar la plena legalidad de la actuación de cualquier funcionario del Ministerio del Interior en cualquiera de las gestiones que se plantearan dentro de lo que era el Covid", ha indicado a preguntas de la prensa durante la celebración del Día de la Merced en León, según recoge Europa Press.

"Todas las preguntas serán contestadas oportunamente", ha señalado Grande-Marlaska al ser cuestionado por la participación de un guardia civil que controlaba los accesos del Ministerio de Transportes en la etapa de José Luis Ábalos al frente de este departamento.