El Procurador del Común pide más inspecciones 'in situ' tras explosiones de gas como la de Goya en Valladolid

Un año después de las explosiones de gas en la calle Goya (que en agosto de 2023 se llevó por delante la vida de una mujer) y en Parquesol (con otro vecino fallecido a causa de las quemaduras), el Procurador del Común ha querido investigar «las condiciones de seguridad» en este tipo de instalaciones en Castilla y León. En una resolución de oficio iniciada ante «la gravedad de lo ocurrido» en agosto del año pasado en Valladolid, el equipo de Tomás Quintana reclama a la Consejería de Industria más inspecciones sobre el terreno por parte de sus propios funcionarios para supervisar el cumplimiento de la normativa y se cuestiona si los servicios territoriales disponen de personal suficiente y bien formado para realizar estas tareas de revisión y prevenir accidentes con consecuencias fatales (menciona también la explosión de Gaspar Arroyo en 2007 en Palencia, donde murieron nueve personas y otras 30 resultaron heridas) o el de la calle Toledo en Madrid (cuatro muertos en 2021), que desencadenan una razonable «alarma social» en la ciudadanía ante el temor de «posibles fugas».

Tras repasar la normativa nacional y autonómica, lo primero que constata el conocido como ‘defensor del pueblo’ en Castilla y León es la implicación de actores diversos que exigen una coordinación: empresas distribuidoras, instaladoras, organismos de control y la propia Administración (en quien recae la supervisión) deben «armonizar sus actuaciones».

Recuerda el Procurador del Común que la Junta es la competente para comprobar los requisitos de seguridad, cosa que puede hacer en cualquier momento, de oficio, a instancia de parte o en casos de riesgo.

«Se trata de inspeccionar al que inspecciona y no solo a nivel documental sino también ‘sobre el terreno’"Tomás Quintana, Procurador del Común en Castilla y León

Incluso cuando se encarga a los organismos de control autorizados (OCAS) esas comprobaciones, es la Junta la que debe realizar «la revisión documental de los informes de inspección, el control del cumplimiento de la normativa y la verificación in situ de las instalaciones inspeccionadas». «Se trata, en definitiva, de inspeccionar al que inspecciona y no solo a nivel documental sino también ‘sobre el terreno’, realizando ulteriores visitas de comprobación de la actuación de dichas entidades para verificar la idoneidad de su actuación», continúa la resolución.

El personal técnico de Industria «puede y debe realizar inspecciones técnicas a las instalaciones de gas en todo momento y no solo en los casos de accidentes, situaciones de riesgo o en supuestos de infracciones administrativas o penales», incide.

Plantea, así, la conveniencia de establecer «un calendario de revisiones a las actuaciones de inspección» efectuadas por los organismos de control y empresas instaladoras, «con el fin de comprobar la idoneidad de sus intervenciones, verificando su independencia, imparcialidad y competencia técnica».

También pone sobre la mesa «valorar la elaboración de un cronograma de carácter anual, o con la periodicidad que se considere más adecuada, de inspecciones sobre el terreno, realizadas por personal propio de esa Consejería, con el fin de incentivar y controlar el cumplimiento de la normativa técnica y de seguridad en los aparatos e instalaciones de gas y planes de inspección».

Y recomienda «estudiar la eventualidad de establecer un plan de inspecciones conjuntas entre la Junta y las entidades implicadas «con el fin de homologar las actuaciones inspectoras que se realicen en Castilla y León»,

Formación continua

Emplaza también a la Consejería a «reflexionar» sobre «si la dotación de personal destinada en cada Servicio Territorial resulta suficiente para la realización de las labores de control necesarias para asegurar que las instalaciones de gas natural cumplan con todas las demandas de seguridad».

Considera que esa formación «es relevante» para poder «minimizar la siniestralidad en el sector, ya sea el personal de la Administración o de otras entidades o empresas implicadas.

Los profesionales «deben contar con conocimientos técnicos y habilidades específicas para identificar y gestionar posibles riesgos asociados con el uso y la instalación de equipos de gas». En concreto, recuerda que «los inspectores deben estar bien informados sobre las le regulación jurídica y los estándares técnicos que rigen la instalación, mantenimiento y operación de sistemas de gas. «Es fundamental que estén capacitados en las técnicas correctas de inspección, que incluyan cómo evaluar la integridad de las instalaciones, revisar la correcta instalación de los equipos y verificar el cumplimiento de las normas de seguridad. Deben saber identificar posibles riesgos y peligros en las instalaciones de gas, como fugas, corrosión, o mal estado de los equipos, y cómo manejar estos riesgos para prevenir accidentes o incidentes», enumera Quintana en su investigación.

«Es esencial que estén capacitados en el uso de herramientas y equipos de medición específicos para la detección de fugas de gas, como detectores de gas portátiles, manómetros y otros instrumentos de medición. La formación debe incluir conocimientos sobre los diferentes tipos de gases (natural, propano, butano, etc.), los sistemas de distribución de gas, la instalación de tuberías, válvulas, reguladores y dispositivos de seguridad. También sobre los procedimientos de seguridad personal y operativa durante las inspecciones, incluyendo el uso adecuado de equipos de protección personal y la actuación en caso de emergencias», agrega.

Además, teniendo en cuenta que la normativa y la tecnología en el sector del gas «evolucionan con rapidez», el Común ve necesario que el personal inspector «participe en programas de formación continua para mantenerse al día».

Por todo lo expuesto, emplaza a Industria «a examinar la posibilidad de incrementar la formación en materia de gas del personal de esa Consejería, dedicado a las autorizaciones y revisiones en materia de gas.

Campaña sensibilización

No omite la responsabilidad del usuario en el mantenimiento de unas condiciones de seguridad correctas. Por eso, propone también reforzar las campañas de sensibilización y concienciación sobre el uso seguro de este combustible. En concreto, mediante la «elaboración de manuales, guías y programas, para que los intervinientes en el sector cuenten con la información necesaria para adoptar medidas preventivas y de gestión de riesgos, así como a través de campañas de sensibilización para que los usuarios «sean conscientes de la importancia de realizar revisiones periódicas de sus instalaciones y conozcan los riesgos asociados a un mal uso o falta de mantenimiento».

La resolución plantea también «analizar la posibilidad de llevar a cabo planes de renovación o modernización de las infraestructuras de gas, minimizando así los riesgos de accidentes», así como realizar, en el caso de que no se estén haciendo ya, auditorías de riesgos en las instalaciones de gas natural, tanto en viviendas como en instalaciones industriales, con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo, llevando a cabo un seguimiento específico de las instalaciones consideradas más críticas o de mayor riesgo.