Nuevo freno a la Seguridad Social en Rondilla ante otro recurso de la antigua constructora

El proyecto para culminar la sede de la Seguridad Social en la Rondilla –en la parcela que ocupaba el colegio San Juan de la Cruz– parecía que había salido del atolladero en el que llevaba atascado más de tres años, al anunciar el Gobierno central a principios de verano su intención de retomar las obras gracias a una partida de 5,7 millones con el objetivo de que las oficinas estuvieran listas en el primer semestre de 2026, pero el culebrón en el que lleva sumido prácticamente desde su arranque suma un nuevo capítulo que le ha obligado a echar el freno.

El giro de guión cuando el desenlace parecía cercano se concreta en la suspensión de los trámites administrativos que se habían puesto en marcha porque Trauxia, la empresa que se contrató en 2019 para ejecutar inicialmente los trabajos –y con la que la Administración mantuvo un cruce de demandas– ha interpuesto un recurso y el Ministerio que capitanea Elma Saiz ha tenido que paralizar el actual proceso de contratación por el que aspiraban a finalizar la construcción de este edificio ubicado en la calle Cardenal Torquemada.

Según consta en la documentación consultada por este medio, Trauxia presentó una ‘denuncia’ a principios de agosto y, mientras llegue una resolución, el expediente queda congelado, lo que implica que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no puede seguir adelante con el procedimiento y, por tanto, no puede contratar a una empresa para que se encargue de terminar una obra que permanece en el esqueleto a la espera de una solución.

Si no fuera por este nuevo contratiempo, el Ejecutivo tendría que estar analizando en este momento las ofertas presentadas en la licitación, pues el objetivo era que las obras estuvieran adjudicadas en octubre, según explicó en julio el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, después de haber mantenido una reunión con la asociación vecinal del barrio. Pero están en 'stand by' y sin una fecha en el horizonte.

Lo único cierto es que la paralización del expediente de contratación se traduce, obviamente, en otro retraso que se añade a los que ya acumula. Porque no hay que olvidar que las previsiones originales apuntaban a marzo de 2021 como fecha de inauguración de esta oficina, tras quince meses de obra.

Sin embargo, prácticamente desde el arranque de las obras el proceso de edificación ha estado salpicado de problemas, con varias sanciones a la empresa por parte de la Seguridad Social por incumplimiento de plazos, y también de denuncias a la inversa por el impago de facturas.

Esta primera batalla legal entre ambas partes finalizó en marzo de 2023 con la resolución de aquel contrato que se había rubricado cinco años atrás, y fue entonces cuando el Gobierno pudo actualizar el proyecto y volvió a reactivar los planes de ejecución. Dieron por zanjado el contrato originario «al no aceptar la empresa los precios contradictorios del proyecto modificado», según recordó la Delegación del Gobierno en Castilla y León en el comunicado emitido en julio para anunciar que retomaba las obras.

Así, después de más de tres años con los trabajos paralizados, el expediente se retomó este verano con los cálculos apuntando al primer semestre de 2026 para finalizar la construcción del bloque, pero las previsiones parece que tampoco se cumplirán, a tenor del recurso que hay sobre la mesa.

A la espera de una resolución, lo que evidencian las cifras vinculadas al presupuesto es que el paso del tiempo se está traduciendo en un notable encarecimiento de las obras. Tanto, que la «actualización técnica y económica» que hicieron este año implica el paso de los 3,5 millones de euros de la licitación inicial que se llevó a cabo en el año 2019, a los 5,7 millones de euros del pliego lanzado en julio de la presente anualidad.

Un 63% más de desembolso estimado a pesar de que ya está en pie buena parte de la estructura. En concreto, según calcula la Tesorería General de la Seguridad Social en un informe, en la primera y fallida fase se ejecutó un 28% y el valor del material utilizado supera los 842.000 euros.

Más allá del encarecimiento que han experimentado los materiales en estos años, la diferencia presupuestaria se justifica también porque, «debido al estado de inactividad de la obra durante un largo periodo de tiempo», se requieren labores adicionales, como la limpieza de la obra (sobre todo retirada de maleza y eliminación de humedades) o la revisión de lo ejecutado, «especialmente el saneamiento enterrado». Además, se han realizado pequeñas modificaciones en el garaje, en los pilares de la fachada o en la altura de algunos muros, y se han actualizado modelos de referencia de algunos materiales.

En cuanto a la distribución, la memoria contempla que el CAISS (Centro de Atención e Información de la Seguridad Social) se situará en la planta baja, con nueve puntos de atención al público y una zona de espera con 35 asientos, mientras en la primera estará la Unidad de Recaudación Ejecutiva y una zona de autogestión para que los usuarios «puedan realizar sus gestiones de manera autónoma o semiautónoma». En el sótano habrá espacio para 27 coches y plazas para tres motos.

A expensas de que se reactive el procedimiento para conocer la cifra definitiva de adjudicación en función de las ofertas de las empresas, el desembolso de esos 5,7 millones de referencia se divide en dos anualidades, con 1,9 previstos en este ejercicio y 3,8 para 2025, si bien el Gobierno tendrá que aclarar si habrá cambios, una vez se resuelva el recurso especial que interpuso Trauxia apenas unos días después de la visita que el Ministerio había programado para que las mercantiles interesadas en la obra pudieran conocer de primera mano el estado del edificio.

Según los cálculos del Ejecutivo, el plazo de ejecución para finalizar la obra son dieciséis meses.