El segundo macrojuicio por estafa se muda a la Feria de Valladolid por falta de espacio para 63 acusados

El segundo mayor macrojuicio de la historia de Valladolid, en este caso también por delito de estafa, tiene fecha próxima. Arrancará el 17 de octubre y, como ya ocurrió en el anterior celebrado el 23 de octubre de 2018, se desarrollará en la Feria de Valladolid, en una de esas contadísimas ‘salidas’ de la Audiencia Provincial (AP) del Palacio de Justicia para desarrollar una vista oral.

La razón no es otra que la gigantesca puesta en escena que necesita el desarrollo del plenario, con cifras mareantes, como 63 acusados, más de 40 testigos y decenas de abogados. Y no solo pensando en los representantes legales de las defensas, sino en los letrados de la acusación. Las entidades bancarias y financieras, y los particulares perjudicados también son legión: nada menos que 19 afectados, más el Ministerio Fiscal, según consta en el auto de apertura de juicio oral que dictó el Juzgado de Instrucción 1 al término de las diligencias previas/procedimiento abreviado 4422/2015.

A ellos hay que sumar una muy nutrida presencia de medios de comunicación para cubrir las sesiones que, como se ha citado, arrancan el 17 de octubre y está previsto que concluyan el 12 de noviembre, una estimación que hay que tomar con reservas, ya que el caso precedente, el de las multiestafas celebrado el 23 de octubre de 2023, se resolvió en la primera jornada, gracias a los acuerdos de las defensas con la acusación pública.

En este caso fuentes del caso apuntan que las conformidades cerradas son escasas, aunque falta más de un mes para que arranque el juicio.

Fuentes de la Feria de Valladolid han confirmado que una parte del inmueble, concretamente las salas 5 y 6 de la primera planta del denominado bloque Este, se han reservado para esos días por parte de la Gerencia Territorial de Justicia de Castilla y León en Valladolid.

Es la tercera vez, recalcan, que se ha alquilado el espacio para celebrar juicios. Además de la citada vista de las multiestafas de 2018, posteriormente se alquiló para otro juicio pero el plenario no llegó a celebrarse porque coincidió con la pandemia del Covid-19.

«Son peticiones algo extraordinarias, pero se atienden siempre, porque el recinto ferial está a disposición de las necesidades de las instituciones de Valladolid», recalcaron las fuentes. A modo de ejemplo citaron el uso puntual para ejercicios de Bomberos, oposiciones o cursos de formación de conductores de Auvasa.

En el caso del macrojuicio de octubre, la vista está señalada por la sección segunda de lo penal de la AP, y tiene como ponente a la magistrada Lourdes del Sol. La fiscal del caso es Ana Valle.

El proceso está abierto contra un total de sesenta y tres personas por hechos que se remontan a 2015 y circunscrito a la obtención de créditos en distintas entidades bancarias, que luego no se devolvían, para la adquisición de vehículos y mediante la aportación de documentos falsificados.

La envergadura del proceso, según informó Europa Press, obligó ya en 2015 a que el entonces juez de Instrucción 1 de Valladolid, oficiase traslado del mismo auto a la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en Valladolid a fin de que realizase «las gestiones oportunas para preparar una sala de vistas que permita la celebración del juicio atendiendo al número de acusados de testigos con la dotación precisa de sistemas de grabación, megafonía y mobiliario para el desarrollo de las sesiones».

La fiscal del caso solicita para los 63 encausados un conjunto de penas que suman 477 años de cárcel. Las peticiones oscilan entre un año de prisión y los 18 a los que se exponen siete de los presuntos implicados. Para otros 23 procesados la acusación pública pide 11 años de privación de libertad, mientras que otros 26 encausados se enfrenta a penas de 5 años.

En concepto de responsabilidad civil, se solicitan indemnizaciones que en su conjunto superan los 780.000 euros en beneficio de las entidades perjudicadas. Los hechos objeto de la presente causa, en los que se investiga un delito continuado de estafa en concurso medial con un delito continuado de falsedad documental, otro de pertenencia a grupo criminal, un delito de blanqueo de capitales y un cuarto delito de falsedad documental, fueron destapados a raíz de una denuncia inicial en octubre de 2015 y llevaron a centrar las pesquisas en una organización dedicada a obtener dinero de entidades bancarias, que no se devolvía, con la elaboración de documentos que imitaban a otros verdaderos.

Con distribución de tareas, se realizaban estudios previos en diversas entidades crediticias -Santander, Caja Rural de Zamora, ING Bank, Caja Laboral, Bankia y Caixa Bank-, de modo que averiguados los requisitos que exigían, se confeccionaban los documentos falsos, se seleccionaba a las personas que luego convenían en colaborar de modo activo y se solicitaban los préstamos para la compra de automóviles. Otras personas se dedicaban a realizar ingresos que simularan ser procedentes de nóminas de los trabajos inexistentes, para engañar a los empleados bancarios. Este grupo habría llegado a defraudar cerca de 800.000 euros.

En el transcurso de las investigaciones, la policía efectuó un registro en un despacho del Pasaje Gutiérrez, donde, entre la distinta documentación obtenida, aparecieron diversos papeles que poseen información genérica para la constitución de sociedades ‘offshore’ en Reino Unido. Se localizaron justificantes en papel de mensajes de correo electrónico cruzados entre la cuenta de uno de los investigados y la empleada de una sociedad británica.