La Junta avala la macrourbanización de 1.150 viviendas en un pueblo de mil habitantes

La Junta de Castilla y León avala la macrourbanización de 1.150 viviendas en la localidad vallisoletana de La Pedraja de Portillo, un pueblo de 1.181 habitantes, según los datos oficiales del INE de 2023. El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica este miércoles la Orden por la que informa favorablemente la declaración ambiental estratégica del proyecto, que denomina Plan parcial del sector de suelo urbanizable número 2 (SURBLE 02), de las Normas Urbanísticas Municipales de La Pedraja de Portillo. El plan contiene las trazas de una gran urbanización que abarca 115 hectáreas en el municipio, si bien la superficie de uso residencial se desarrolla en unas 29 hectáreas que representan algo más del 23% de la superficie del sector, en un pueblo que disfruta de una situación estratégica a 24 kilómetros al sur de Valladolid, unido a la ciudad por la autovía A-601 Valladolid-Segovia.

Se trata de un desarrollo urbanístico muy polémico, que tanto grupos de la oposición municipal como asociaciones conservacionistas consideran una secuela del boom inmobiliario que terminó con el reventón de la 'burbuja' en 2008 y siguientes, y a la nefasta Crisis Subprime. En el trasfondo de todo el 'culebrón' de La Pedraja está la disposición de la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, que establece la vuelta a la condición de rústicos, el próximo 19 de octubre, de terrenos que fueron declarados urbanizables a toda prisa pero en los que aún no se ha edificado, y los intentos por evitarlo de determinados propietarios de suelo y promotores.

La declaración, firmada por el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, «informa favorablemente el desarrollo del plan parcial, pese a que su propio Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid reseña numerosos valores ambientales en los terrenos que pretenden sur urbanizados, destacándose la afección irreversible a algunos de los hábitats más escasos y con menor representación en el territorio de Castilla y León», ha criticado este miércoles, en un comunicado, Ecologistas en Acción. Según la entidad, la urbanización de estos terrenos perjudicarían «la presencia constante de especies protegidas como la avutarda, el sisón, el aguilucho cenizo y el águila imperial ibérica, entre otras».

Para paliar esta influencia, el plan prevé una zona de espacio libre público en la que se pretende crear «un gran parque urbano que garantice la conservación de toda la masa arbolada existente en el sector y de gran parte de las comunidades vegetales herbáceas de interés que, al mismo tiempo, esté integrado con los futuros usos residenciales», apunta el documento. La superficie total de ese espacio libre es de 609.800,568 metros cuadrados, más de 60 hectáreas, un parque urbano que no cumple, sin embargo, las expectativas de Ecologistas.

Ecologistas incide en que el informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid finaliza considerando que el desarrollo del plan parcial «es susceptible de generar impactos severos o críticos difícilmente compatibles con el mantenimiento en un estado de conservación favorable de los valores naturales y ambientales que existen en el territorio», por lo que Suárez-Quiñones «debió emitir una declaración ambiental desfavorable».

Además, precisa la entidad conservacionista, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) «ha puesto de manifiesto que buena parte de los terrenos afectados por la urbanización son inundables y que el Ayuntamiento de La Pedraja de Portillo carece de las instalaciones necesarias para abastecer de agua y depurar los vertidos de la futura macrourbanización, por lo que ya en octubre de 2022 informó desfavorablemente el plan parcial. Lo que no ha impedido que la Consejería dirigida por Juan Carlos Suárez-Quiñones haya dado su visto bueno al descabellado proyecto».

Por su parte, el proyecto visado por Medio Ambiente prevé la creación de una red de saneamiento de aguas residuales así como la construcción de una nueva estación depuradora (EDAR) cerca del casco urbano de La Pedraja de Portillo, en la parcela 71 del polígono 4, con punto de vertido en el arroyo Salgueral. Las aguas residuales del sector se recogerían en un pozo de bombeo desde el que se impulsarían hasta la EDAR mediante una tubería de unos 4 kilómetros de longitud.

Ecologistas en Acción, que junto a otras cinco organizaciones sociales presentó alegaciones a lo que considera «un despropósito», denuncia que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León «se ha plegado a los intereses de la empresa promotora del Plan Parcial y principal propietaria del ámbito, Estudios y Proyectos Pradamap, S.L.U., cuyo único socio es la sociedad Inversiones Empresariales VAPAT, S.L., el holding inmobiliario y energético del leonés Rafael González-Vallinas».

Ya el pasado mes de mayo la Junta de Castilla y León decidió a través de la Ley de acompañamiento a los Presupuestos de la Comunidad suprimir la clasificación automática como suelo rústico el próximo 19 de octubre del sector de suelo urbanizable 2 de La Pedraja de Portillo, entre otros, decisión «que ha beneficiado directamente la cuenta de resultados de Estudios y Proyectos Pradamap y de la familia González-Vallinas», apunta Ecologistas.

La asociación considera en su comunicado que esta gran urbanización es «un residuo de la época de la burbuja inmobiliaria, que actualmente carece de justificación. Las infraestructuras y edificaciones proyectadas destruirían 50 hectáreas actualmente ocupadas por pastizales húmedos, salgüeros, juncales y pinar abierto, de gran valor ecológico, conllevando un consumo anual de agua de más de 400.000 metros cúbicos tomados del río Eresma, no contemplados en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero, y generaría una carga de aguas residuales de 4.000 habitantes equivalentes, a depurar en una instalación municipal hoy inexistente».

Además, buena parte de las edificaciones proyectadas se ubican en la zona inundable del arroyo de Santa María, «contraviniendo el Reglamento del Dominio Público Hidráulico cuando en su artículo 14 bis señala que las nuevas edificaciones y usos asociados en aquellos suelos que se encuentren en situación básica de suelo rural […] se realizarán, en la medida de lo posible, fuera de las zonas inundables», detalla Ecologistas.

Finalmente, explica la organización, el estudio de tráfico del Plan Parcial estima el tráfico inducido por la urbanización en cerca de 1.300 vehículos diarios por la carretera N-601, con destino mayoritario a la ciudad de Valladolid, «lo que supondría un aumento importante del tráfico actual de esta vía y, sobre todo, un incremento notable del consumo de combustible y de las emisiones de contaminantes, sin que se haya previsto ningún sistema de transporte público, contra lo establecido en el artículo 36 bis de la Ley de Urbanismo de Castilla y León».

Por otro lado, «el Sector 2 tiene el carácter en el proyecto de 'Área de Urbanización Autónoma' de acuerdo a las Directrices de Ordenación Territorial de Valladolid y Entorno (Dotvaent), no obstante lo cual contra lo dispuesto en las mismas el Plan Parcial prevé conectarse a las redes municipales de abastecimiento de agua y de depuración de aguas residuales, sin respetar la distancia mínima de 1.000 metros con la urbanización 'Aldeamayor Golf' de Aldeamayor de San Martín, asimismo 'Área de Urbanización Autónoma'».

En relación a las Dotvaent, «el plan parcial ignora y desvirtúa el sentido y la extensión del crecimiento urbanístico que dichas directrices prevén para Valladolid y su entorno, que establece con aplicación básica un rango urbano para La Pedraja de Portillo de menos de 2.000 habitantes, que la macrourbanización propuesta desbordaría por sí sola al prever una población de 2.400 habitantes. Además, el plan parcial afecta a pinares para los que se establece la clasificación de forma preferente como suelo rústico con protección natural», concluye Ecologistas en Acción.

Informes

La Consejería respondió al comunicado señalando que ha realizado un procedimiento de evaluación ambiental estratégica de un plan parcial «ubicado en un terreno ya calificado como urbanizable en las Normas urbanísticas del municipio de 2007»; es decir, «en este procedimiento no se califica un suelo rústico como urbanizable, sino que se ordenan los distintos usos posibles en un suelo que ya es urbanizable a través de un plan parcial».

La Consejería precisa que no resuelve sobre los parámetros urbanísticos del plan parcial presentado al Ayuntamiento, como la edificabilidad, el número de viviendas, etcétera, sino «identificando las posibles repercusiones ambientales de la actuación propuesta y estableciendo las medidas correctoras» en base a los informes.

A la vista de estos informes (CHD, Servicio Territorial de Cultura y de Medio Ambiente…) «se ha redactado una declaración ambiental estratégica en la que se analizan los posibles impactos de la actuación y se establecen las restricciones pertinentes, entre otras, limitaciones por inundabilidad, restringir el uso residencial al 23% del sector urbanizable, protección de la masa arbolada existentes».

El área evaluada «no está incluida en figuras legales de protección como espacios naturales protegidos o Red Natura y tampoco se prevén afecciones a espacios Red Natura próximos», asegura la Consejería. Así, «los valores naturales del entorno, tanto faunísticos como ambientales, puestos de manifiesto en el citado informe, han sido considerados en la evaluación ambiental dando lugar a las medidas correctoras establecidas en la misma con objeto de garantizar la compatibilidad de la actuación con la conservación de los mismos».